La Corte Suprema de Estados Unidos dio señales este jueves de que mantendrá bloqueada la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretende restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. Durante una audiencia de más de dos horas, los magistrados expresaron su preocupación por las consecuencias prácticas y legales de permitir que la medida entre en vigor, aunque sea de manera temporal.
La orden de Trump, firmada al inicio de su segundo mandato, busca negar la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense de padres en situación migratoria irregular, desafiando un precedente establecido en 1898 que reconoce este derecho bajo la 14ª Enmienda de la Constitución.
Desde su anuncio, la iniciativa ha enfrentado una oleada de demandas por parte de estados, inmigrantes y organizaciones de derechos humanos, lo que ha llevado a tribunales inferiores a suspender su aplicación a nivel nacional. El gobierno ha presentado apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema, argumentando que las órdenes judiciales universales limitan la capacidad del Ejecutivo para implementar sus políticas.
Durante la sesión, jueces conservadores y liberales cuestionaron tanto el alcance de las órdenes judiciales como el impacto humano de la medida. La jueza Sonia Sotomayor advirtió sobre el riesgo de crear niños “apátridas”, mientras que su colega Elena Kagan destacó la inconsistencia de aplicar la ciudadanía por nacimiento como argumento para reducir las decisiones de tribunales inferiores.
El juez Brett Kavanaugh interrogó al procurador general D. John Sauer sobre los procedimientos prácticos que seguirían hospitales y estados si se niega la ciudadanía a recién nacidos. Sauer reconoció que no habría cambios inmediatos, pero sugirió que el gobierno podría rechazar documentos con “designaciones incorrectas de ciudadanía”.
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Una posible vía para resolver la controversia, debatida durante la audiencia, sería sustituir las órdenes judiciales nacionales por demandas colectivas que representen a los afectados. Sin embargo, Sauer admitió que la administración podría intentar bloquear o dilatar esos procesos.
La Corte Suprema no abordará el fondo del caso en esta instancia, limitándose a decidir si mantiene el bloqueo mientras continúan los litigios. Se espera un fallo para finales de junio, pero la incertidumbre persiste sobre la aplicación de reglas dispares en diferentes estados si la medida de Trump avanza parcialmente.
Este caso es uno de varios frentes legales abiertos por la administración Trump en temas migratorios, incluyendo la eliminación de protecciones para cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y la aplicación de antiguas leyes de guerra para deportaciones aceleradas.
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