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Maestra es asesinada tras denunciar a su agresor; acusan omisión de la Fiscalía

Maestra es asesinada tras denunciar a su agresor; acusan omisión de la Fiscalía


La maestra Lucero Zapién Urbina fue asesinada en su hogar pese a haber denunciado a su agresor una semana antes. El principal sospechoso es su expareja, el docente Gustavo Alonso Chávez Chávez, quien había sido vinculado a proceso penal por intentar quemarla viva, pero fue liberado con medidas cautelares que nunca se cumplieron.

El crimen ocurrió el martes 20 de mayo en Parral, Chihuahua. El cuerpo de Lucero, de 46 años, fue hallado en la regadera de su baño, con signos de estrangulamiento, heridas contusas en la cabeza y una lesión por arma blanca en el cuello.

Familiares confirmaron que Lucero denunció violencia física, psicológica y un intento previo de feminicidio. La denuncia formal se realizó durante una audiencia de vinculación a proceso apenas una semana antes de su asesinato.

Gustavo Alonso Chávez, director de una escuela primaria en Jiménez, desapareció tras el crimen. Desde el martes ha dejado de presentarse a su trabajo y es buscado como principal sospechoso del feminicidio.

A pesar de los antecedentes, la justicia no protegió a Lucero. El agresor fue liberado con libertad condicional y una orden de restricción que las autoridades no hicieron cumplir, dejando a la docente expuesta a su feminicida.

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El colectivo feminista Atenea denunció la omisión de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género (FEM). Acusaron a la FEM de no haber actuado a tiempo, a pesar de las advertencias y pruebas de riesgo.

“Exigimos que se investigue con perspectiva de género y se detenga inmediatamente al responsable de este atroz acto. Lucero y su familia merecen justicia”, expresó el colectivo en un pronunciamiento público.

También señalaron: “El silencio de las autoridades también es un crimen”, exigiendo una investigación interna contra la FEM por su responsabilidad institucional en este feminicidio.

Este caso evidencia una vez más la impunidad estructural que enfrentan las mujeres víctimas de violencia en México, y cómo el sistema judicial sigue fallando en protegerlas, incluso cuando los agresores ya han sido identificados y denunciados.

Fotografía: Redes

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