Una jueza federal bloqueó este viernes el intento del gobierno del presidente Donald Trump de prohibir la inscripción de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, en lo que la prestigiosa institución calificó como una represalia inconstitucional por su postura crítica frente a la administración republicana.
La jueza Allison Burroughs emitió una orden de restricción temporal apenas horas después de que Harvard interpusiera una demanda en una corte federal en Boston. En el documento, la universidad acusa al gobierno de violar la Primera Enmienda y de poner en riesgo inmediato a más de 7.000 estudiantes internacionales con visa. “Sin sus estudiantes extranjeros, Harvard no es Harvard”, subrayó la demanda.
El Departamento de Seguridad Nacional había anunciado el jueves su intención de retirar a Harvard del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, lo que impediría a la institución recibir alumnos internacionales. Argumentaron que Harvard toleraba un ambiente “antiestadounidense” y vínculos con el Partido Comunista Chino, acusaciones que la universidad calificó de infundadas y motivadas políticamente.
Harvard denunció que la decisión se tomó sin base legal y que podría provocar un caos académico y administrativo a pocos días de las ceremonias de graduación. La afectación, indicó, sería especialmente grave en sus programas de posgrado, donde los estudiantes internacionales representan hasta la mitad del alumnado.
Además, advirtió que la imposición pondría en desventaja a la universidad en la competencia global por talento académico, e incluso podría disuadir a futuros solicitantes extranjeros por temor a represalias similares.
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El presidente de Harvard, Alan Garber, sostuvo que la universidad no cederá a presiones políticas y reiteró su compromiso con los principios constitucionales. “No permitiremos que las amenazas comprometan nuestra misión ni nuestros valores fundamentales”, declaró.
La decisión judicial permite a Harvard mantener su certificación para inscribir estudiantes internacionales, al menos mientras se resuelve el fondo de la demanda. Sin embargo, el gobierno condicionó la recuperación plena de ese estatus a la entrega, en 72 horas, de todos los registros relacionados con estudiantes extranjeros involucrados en protestas o actividades “peligrosas”.
Este litigio se suma a otra disputa judicial entre Harvard y la administración republicana por recortes federales por más de 2.000 millones de dólares, lo que subraya la creciente tensión entre las universidades y el gobierno federal en temas de inmigración, libertad académica y autonomía institucional.
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