Por Carlos Gutiérrez P.
El liberalismo político que logró instalarse en la sociedad occidental a través de su victoriosa revolución burguesa inspirada en la reflexión ilustrada europea, consagró una estructura del Estado que armonizaba poderes de distinta configuración, pero que para su funcionamiento armonioso debían estar separados, y debían cumplir los rigurosos objetivos de contrapoderes y de controles cruzados, bajo el fundamento esencial de representar la voluntad del pueblo soberano. Para eso se configuraron los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, siendo en la inmensa mayoría de los países solo elegidos por la ciudadanía los dos primeros, lo que aspiraba a consagrar la soberanía popular.
El discurrir de esta fórmula, que hoy se considera como el paradigma universal sintetizado en una democracia liberal representativa, ha tenido una vida tortuosa a tal punto que hoy difícilmente podríamos señalar países que cumplan cabalmente este ideal político originario. Particularmente porque la soberanía popular y sus respectivos poderes del Estado cada vez más son cooptados por otros poderes que operan al interior del sistema liberal, como el dinero que da origen a plutocracias, la monopolización de los medios de comunicación masivos por actores con capacidad de financiarlos y que impide una veraz libertad de información, la elitización de la representación que convierte a la política en una micro sociedad endogámica, la ausencia de mecanismos de participación directa del soberano en el ejercicio del poder, la criminalización de la manifestación social transgresora, las lógicas de vigilancia social por los aparatos del Estado y una banalización-desprestigio de la cosa pública que termina por alejar a la gente del interés de participación y de la responsabilidad ciudadana.
Estamos en una época en que “la transferencia de riqueza” del ciudadano hacia aparatos privados-plutocráticos ya no solo se manifiesta en la plusvalía en el campo económico, sino que se ha ampliado al campo político, simbólico y cultural y está en un nivel jamás visto.
De los tres poderes del Estado, nunca he leído un texto que argumente convincentemente la ausencia del poder ciudadano en la elección de la estructura del poder judicial y por lo tanto en la aplicación del derecho. Qué es lo que hace tan especial y único este poder en relación a los otros, si todos comparecen copulativamente para estructurar un Estado soberano, sigue teniendo una deuda explicativa.
El argumento más común para esta restricción apunta a dotar al derecho de una cualidad objetiva en sí misma, que no puede ser obstruida, en su letra ni en sus componentes, por el vaivén y la competencia de la lógica política.
Para Karl Marx, el derecho no es un principio universal o inmutable, sino una construcción social y política que refleja las relaciones de poder y la lucha de clases en una sociedad. En lugar de ver el derecho como un sistema de justicia objetiva, Marx lo considera una herramienta de la clase dominante para perpetuar su dominio y legitimar la explotación de las clases subalternas.
Esta visión marxista también fue evolucionando y reinterpretándose de acuerdo al devenir de la historia humana y termina aceptando que, si bien el derecho se ve determinado de una forma parcial por las condiciones de vida, esto no significa que el derecho sea un apéndice mecánico de la economía y que no tenga su autonomía y reglas propias.
La cuestión clave de la reflexión marxista apunta a su punto focal, la objetividad absoluta. Para Marx, el derecho debería ser más que igual, desigual. Y en esta simple frase se resume toda la potencia del pensamiento de Marx sobre el Derecho, un sistema normativo que proteja a los débiles, que diferencie las capacidades, que cuide a los desprotegidos, un derecho para las minorías. Esta idea del siglo XIX, apenas se comenzó a ver realizada a finales del siglo XX, pero nunca se le reconoce su autoría.
Por lo anterior, la concepción de Marx es más que una lucha por el poder, es una propuesta para creer que el derecho puede ser benéfico para las personas entre más desigualitario se haga, en el sentido de beneficiar a los débiles.
Este debate sobre la justicia y su objetividad despojada de la política ha vuelto a la discusión central a propósito de la reciente elección universal de la judicatura en México, producto de una modificación constitucional iniciada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con la jornada electoral del 1 de junio, México se convirtió en el primer país en la historia en elegir a través del voto popular a toda la estructura judicial del país y, efectivamente, como lo afirmó su presidenta Claudia Sheinbaum, en ser el país más democrático del mundo.
A partir del 1 de septiembre de 2025 México tendrá una Corte Suprema de Justicia electa por voto popular, con una mayoría de mujeres y encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, primer presidente indígena del tribunal en más de un siglo, heredando esta investidura del héroe nacional Benito Juárez (después fue presidente de la República).
Este juez es un abogado especialista en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que obtuvo más de seis millones de votos.
Las juezas electas son Lenia Batres, Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Ríos y Sara Herrerías. Los cuatro jueces son Hugo Aguilar, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Rodrigo Guerrero.
En segundo lugar, quedó la jueza Lenia Batres con 5,7 millones de votos. Esta es una figura reconocida ya que militó en el partido de gobierno, Morena, y viene de una familia de izquierda. Le corresponderá presidir la Suprema Corte en el año 2027. Ella repite el cargo, porque al igual que Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz actualmente son juezas supremas, ya que fueron nominadas en el gobierno de López Obrador.
María Ríos fue consejera jurídica de López Obrador e Irving Espinosa fue asesor del partido Morena en la Cámara de Diputados.
Sara Herrerías es especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República. Giovanni Figueroa es doctor en Derecho Constitucional y trabajaba como académico en la Universidad Iberoamericana. Rodrigo Guerrero, es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y ejercía como Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México.
Después de la elección y a propósito del Informe Preliminar de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, se ha abierto una polémica interesante de abordar desde sus aristas políticas y filosóficas, por lo tanto, hay tarea planteada para el pensamiento de izquierda.
Este informe en sí mismo es posible analizarlo como un “artefacto político” contingente ya que toma posición política e ideológica respecto al evento ciudadano, siendo descuidado en algunas conclusiones y en sus contextos argumentales.
El primer punto que resalta la misión de observación tiene que ver con la participación electoral. Efectivamente se puede considerar baja; fue del 13 %. El Informe lo compara en relación a otros eventos de participación electoral, sin mediar la cabal diferencia sustantiva e histórica de lo que se elegía. No hay espacio comparativo posible entre una elección cualquiera del espectro ejecutivo o legislativo habituales, con una elección de la judicatura completa de un país por primera vez, y donde además no existe precedencia en el mundo, como lo reconoce el mismo Informe.
“La elección del domingo pasado es el resultado de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, mediante la cual se establece el voto popular como mecanismo de selección para quienes fungirán como jueces/as, magistrados/as y ministros/as en todo el territorio nacional.
No existe precedente en el mundo en el que la totalidad de los jueces de un país sea elegida mediante sufragio universal. El pasado domingo los mexicanos y mexicanas tuvieron la oportunidad de ir a las urnas para escoger: nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, cinco personas integrantes del recientemente creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 464 magistraturas de circuito2 y 386 jueces y juezas de distrito. Además, se celebraron elecciones locales del Poder Judicial en 19 entidades federativas del país. En los estados de Durango y Veracruz, se realizaron elecciones ordinarias para renovar los ayuntamientos municipales” (Informe de la OEA).
Hay otras observaciones menores al proceso, como los plazos, mayores posibilidades de impugnación, mejor difusión, entre otros. Pero, también son muy rescatables características del proceso como la paridad de género en la oferta, topes al gasto electoral, la revisión de las competencias para los cargos, etc.
Termina el Informe de la OEA con el párrafo de “Consideraciones finales”, que es el siguiente:
“Tal como ha quedado plasmado en el informe, este ha sido un proceso electoral sumamente complejo y polarizante. El análisis de esta primera experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora. La Misión insta a las autoridades electorales y los órganos políticos a considerar las recomendaciones formuladas para fortalecer todas las etapas del proceso, corregir las deficiencias actuales y garantizar la sostenibilidad de las soluciones adoptadas. La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial. Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”.
Este párrafo final de consideraciones es lo más polémico del Informe de la OEA, y que fue claramente rechazado por la presidenta de México. Tiene una contradicción interna evidente, tanto heurística como política.
El conjunto analítico del Informe revela lo inédito del evento, las medidas tomadas para su eficiente realización (del cual no hay mayores ni sustantivas objeciones); el debate democrático abierto y plural; un proceso electoral previo que aprobó esta reforma constitucional que también resultó impecable; destacó la paridad de género que incluso terminó con una elección mayoritaria de mujeres, así como el control del gasto electoral. Estas y otras afirmaciones positivas en el cuerpo del texto, no se condicen con la categórica conclusión sobre este proceso democrático.
Termina el Informe con su conclusión política, la “no recomendación de este modelo de selección de jueces”. Extraña aseveración ya que la misión de los observadores no era pronunciarse sobre el fondo de la cuestión política, es decir poner la elección de toda la judicatura del país en manos de la soberanía ciudadana, sino que como misión de “Observación electoral” ceñirse a la cuestión de la impecabilidad del proceso electoral, sobre el cual no tienen apreciaciones de anomalía alguna. Sería equivalente a que una misión de observación electoral se pronunciase en cada país por el sistema electoral que tiene (de los cuales hay varias alternativas) y recomendara alguno en particular en base al gusto político del jefe de la misión.
Es claro que esta misión de Observación, en su informe, lejos de comportarse objetiva y neutralmente opera como un tercero incluido en el debate político-ideológico mexicano. Tarea para el cual no estaban convocados.
Ya que emiten opiniones sobre el fondo de la cuestión, hubiera sido honesto intelectualmente entonces referirse al estado actual del sistema de justicia, tanto en México como en nuestra región, donde hay signos evidentes y crecientes de cooptación por parte del crimen organizado, de élites de corporaciones privadas, de corrupción, de lentitud e ineficiencia, falta de acceso especialmente para sectores pobres o marginados, debilidad institucional, etc. Es bueno recordar que, en las encuestas nacionales, el poder judicial es uno de los que menos confianza tiene entre la población.
Es evidente que este evento inaugura históricamente un proceso de enorme complejidad que puede encontrarse con insuficiencias y deficiencias, pero que no son sustantivas para deslegitimar un paso de profundización de la democracia representativa y participativa, y particularmente en un ámbito del ejercicio del poder que es muy relevante debido al enorme impacto que tiene en la vida diaria de su ciudadanía. Como lo dice el propio Informe de la OEA, “el análisis de esta primera experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora”.
La historia de nuestros pueblos está plagada de acontecimientos y codificaciones en que el derecho existente y su aplicación ha estado al centro de la injusticia, aunque no de la legalidad construida desde una hegemonía conservadora. Lamentablemente hoy día, en un mundo tensionado por el resquebrajamiento del viejo orden basado en reglas que ha impuesto unilateralmente el poder hegemónico de Estados Unidos, la aplicación de la ley está siendo manipulada groseramente para seguir asegurando este dominio, poniendo en cuestión las propias bases de la democracia liberal.
La experiencia mexicana nos debe llevar a seguirla y estudiarla, esperando que se consolide positivamente, porque se traduciría en una profundización de la democracia en un ámbito esencial para la protección de la persona y la comunidad por alcanzar la justicia. Puede constituirse en un aporte desde América Latina a la democracia y la justicia en el mundo.
Por Carlos Gutiérrez P.
Carta Geopolítica 48, 10/06/2025
El Centro de Estudios Estratégicos de Chile -CEECH- espera sus opiniones y sugerencias en
[email protected]
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
Sigue leyendo: