Los docentes del Archipiélago de Chiloé enfrentan una tragedia previsional, quienes pese a haber dedicado su vida al servicio público ven sus derechos vulnerados y presentan una alarmante deuda en cotizaciones previsionales impagas, que ronda los $25.000 millones.
La situación afecta a educadores de al menos a cuatro comunas: Quinchao, Queilen, Quellón y Ancud, siendo esta última la que presenta el cuadro más crítico, ya que la administración del exacalde Carlos Gómez Miranda acumula una deuda total de $19.600 millones.
Durante estos casi 10 años, los trabajadores de la educación de Ancud han agotado todas las instancias que los faculta la ley para exigir el pago de sus derechos previsionales; han interpuestos reclamaciones judiciales que no han prosperado e incluso, pese a haber ganado demandas civiles, el municipio de Ancud no ha cancelado las deudas.
Asimismo, presentaron denuncias ante la Inspección del Trabajo, las cuales han sido archivadas e incluso presentaron una denuncia por apropiación indebida ante la Fiscalía, al considerar que no han sido víctimas de una deuda previsional, sino de un acto de despojo y abuso flagrante.
Protocolo para estandarizar pago de las deudas previsionales
Los docentes de Ancud y las otras comunas del archipiélago han elevado la problemática que los afecta ante el Ejecutivo, el Ministerio de Educación y el Congreso en búsqueda de respuestas. En días recientes finalmente lograron obtener ciertas certezas sobre el pago de la deuda previsional.
«La Comisión de Educación del Congreso nos ha hecho entrega, previa solicitud del protocolo de aplicación del artículo 34-T de la Ley 21.040, instrumento que regula el pago de las deudas previsionales para aquellas comunas que fueron traspasadas al SLEP con morosidad, dicho protocolo se enmarca en la Resolución Exenta 4.795 del 30 de abril 2025», indicaron desde los directorios de las comunas
Explicaron que si bien este protocolo, si bien no establece aún fechas específicas para el pago de la deuda, «define los mecanismos y etapas del proceso, y representa un avance concreto fruto de la presión organizada que hemos sostenido como territorio».
«No es un regalo ni una concesión casual: responde al trabajo serio, persistente y articulado de nuestras dirigencias locales», enfatizaron.
Asimismo, señalaron a las bases que se encuentran a la espera de sostener una reunión con la Dirección de Educación Pública (DEP), con la finalidad de comenzar a abordar el cronograma de pagos, «ya que el protocolo entrega la estructura, pero necesitamos fechas y compromisos».
Los trabajadores de la educación de Chiloé fueron traspasados al Servicio de Educación Pública, tal como lo estipula la Ley N° 21.040 que crea el nuevo sistema de educación pública. El artículo 34° T de esta normativa establece con claridad que para efectos del traspaso debía elaborarse un informe financiero que identificara las deudas y obligaciones del sostenedor saliente, que por ejemplo en el caso de Ancud, hasta el momento no ha sido desarrollado por la Municipalidad, mientras que los docentes se encuentran a la espera de un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
Por tal motivo, los dirigentes de las comunas plantearon su preocupación por el hecho de que el protocolo establece un orden de priorización, comenzando con las comunas que entregaron primero el informe financiero.
«En este escenario, Ancud no ha entregado dicho informe, situación que hemos intentado destrabar solicitando a Contraloría dicho documento. No obstante, el protocolo señala explícitamente que es la Subsecretaría de Educación quien debe oficiar a Contraloría en caso de que no exista el informe, para así activar el proceso de pago igualmente», explicaron.
También aclararon que si bien existe un protocolo de pago, la aplicación efectiva del artículo 34º-T de la Ley N° 21.040 está condicionada a la disponibilidad presupuestaria nacional.
«Esto implica que, dada la magnitud de la deuda previsional a nivel país, los plazos pueden extenderse por varios años», advirtieron.
Profesores: «El protocolo establece plazos, pero no fechas»
Tras conocerse la entrega del protocolo a los educadores del archipiélago, El Ciudadano se contactó con Pamela Carrasco, presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Ancud, quien en primer lugar quiso aclara que «no es que esto haya salido del Congreso. Lo que sucede es que es el mismo Mineduc quien hace y construye este protocolo y lo envía a la Comisión de Educación y nosotros, cuando nos enteramos de eso, lo solicitamos a la Cámara y nos llegó el protocolo para poder estudiarlo».
«Nosotros vimos que en una sesión, se estaba hablando de este protocolo, y ahí cuando nos enteramos de aquello, nosotros solicitamos al correo de la Comisión, solicitamos que nos entregaran la resolución para poder estudiarla, analizarla y leerla», señaló.
Carrasco destacó que en el fondo, el protocolo permite poner en marcha el artículo 34-T. Sin embargo, no establece ninguna fecha definida para que se lleven a cabo los pagos, solo los mecanismos y el proceso.
«Ojo con algo, establece plazos, pero no fechas. Lo que sucede es que no dice el primero de julio se empieza, no, establece que el primer paso ya es la entrega de los informes financieros y después de eso se dice, en 20 días se va a empezar a hacer tal cosa, en tanto tiempo se va a empezar a hacer cosa. Entonces, claro, en estricto rigor y para ser precisos, sí establece plazos, pero ahora no tenemos ninguna fecha concreta», acotó.
Al ser consultada sobre cómo les afectará a los educadores de la comuna el informe financiero que debe desarrollar la Municipalidad de Ancud, la dirigente gremial señaló que al definirse el orden de priorización de los pagos, por aquellas que lo entregaron primero, este proceso será más lento para ellos.
Educadores acusan silencio de Contraloría rente a deuda previsional
En conversación con El Ciudadano, la presidenta comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Ancud cuestionó la actuación de la Contraloría General de la República y su falta de pronunciamiento sobre la deuda previsional que afecta a los educadores del archipiélago de Chiloé y en específico sobre la falta del informe financiero.
«Recientemente se pidió un oficio de la Contraloría, para que se le descontaran a los profesores por la movilización de 48 horas. En tiempo récord, el organismo se pronuncia y nosotros acá estamos esperando desde hace cinco meses un pronunciamiento de Contraloría para ver qué pasa con el informe financiero. Entonces, ahí el análisis que hay que hacer es que hay instituciones que reprimen la movilización social, pero no defienden los intereses y más que los intereses, los derechos de los trabajadores. Entonces, aquí, porque nada de esto es casualidad, entonces hay que ser claro y enfático con eso», criticó.
«Aquí el llamado a la Contraloría es claro, las instituciones no tienen que funcionar para mantener un estatus quo y mucho menos para reprimir la movilización social y el derecho a la huelga que está garantizado en todos los pactos internacionales que Chile ha suscrito, por cierto. Nosotros pedimos y exigimos categóricamente que la Contraloría se pronuncie frente a la solicitud que nosotros realizamos ya hace cinco meses», enfatizó Carrasco.
Mientras el ente contralor emite un pronunciamiento, la líder gremial continúa adelante con sus gestiones, y el pasado viernes se dirigió hasta la Municipalidad a entregar un oficio para que el alcalde Andrés Ortega reciba a los educadores afectados.
«Le entregué formalmente por oficina el protocolo que se nos hizo llegar y le solicitamos una audiencia a él y al Consejo Municipal para ver cómo vamos a abordar esta materia», comentó.