Fallo judicial anula las restricciones impuestas al comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El pasado 3 de julio, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo a favor de Mauricio Hernández Norambuena, militante y comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), revocando la decisión de Gendarmería que limitaba el número de personas habilitadas para visitarlo en el Complejo Penitenciario de Rancagua. La sentencia critica la falta de justificación de la autoridad penitenciaria para implementar el nuevo sistema de enrolamiento.
La Corte argumentó que la decisión de Gendarmería carecía de motivación explícita y racional, sin detallar cómo las nuevas restricciones contribuían a la seguridad del establecimiento o de los internos. Según el fallo, esta falta de fundamentación alteró la situación de Hernández, quien antes no tenía límites en la cantidad de visitantes.
Incluso, la sentencia destacó que la medida afectaba la dignidad del ex comandante, haciendo más duras y complejas sus condiciones de vida. Se consideró que la limitación no estaba justificada, especialmente dado que el recluso es una persona de 67 años con un extenso y cercano grupo familiar, además de la lejanía del recinto penitenciario y los cortos tiempos de visita.
En consecuencia, la Corte Suprema decidió dejar sin efecto la decisión de Gendarmería, ordenando el restablecimiento inmediato de las condiciones de visita en cuanto al número de personas habilitadas para visitarlo y enviarle encomiendas, tal como se mantenían antes de las modificaciones. Este fallo es relevante considerando que Hernández se encuentra actualmente en una celda individual en el Hospital Penal, con visitas regulares de su médico personal, familia, abogados y representantes de organismos de derechos humanos.
El pasado 6 de julio, y a través de un comunicado, la familia y cercanos del interno Mauricio Hernández manifestaron su preocupación por las décadas que ha pasado en prisión, asegurando que ha sido víctima de maltratos físicos y psicológicos, y que su actual situación de salud requiere de acciones solidarias urgentes, de justicia y humanidad. La decisión judicial pone de manifiesto la necesidad de transparencia y fundamentación en las decisiones administrativas que afectan la vida de las personas privadas de libertad.