Más de 500 personas, organizaciones de derechos humanos, socioambientales, indígenas y feministas, entregaron el 31 de julio una carta pública dirigida al Presidente Gabriel Boric, exigiendo una respuesta concreta y urgente del Estado de Chile frente a la desaparición forzosa de la defensora territorial mapuche Julia Chuñil Catricura.
La misiva, entregada en el Palacio de La Moneda, también fue remitida al Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y al Ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
El documento solicita al Mandatario que reciba personalmente a Pablo San Martín Chuñil, hijo mayor de la dirigenta desaparecida, y que informe cómo el Gobierno implementará las medidas exigidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recientemente otorgó la medida cautelar MC-19-25 a favor de Julia Chuñil.
Entre las demandas clave está la asignación de nuevos recursos humanos y materiales para una búsqueda efectiva, el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva al caso, y la necesidad de esclarecer las amenazas previas vinculadas a conflictos territoriales.
La carta fue entregada por representantes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Ecoceanos, la Coordinadora Feminista 8M, ell Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Chile Mejor sin TLC, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), ONG Escazú Ahora, la Red de Mujeres Mapuches, y la revista La Estaca, así como por otras individualidades y organizaciones.
En la cita, Lucio Cuenca, director del OLCA, detalló que «solicitamos al Presidente que reciba al hijo de Julia Chuñil, sobre la cual no tenemos ninguna información de su rastro. Recordemos que hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió a Chile redoblar esfuerzos y dar con el paradero de la mujer mapuche y defensora de su territorio».
Por su parte, Lucía Sepúlveda, vocera del MAT y de Chile Mejor sin TLC, afirmó que «todos los/las firmantes, somos más de 500, hemos hecho llegar esta misiva por verdad y justicia», destacando también las diferentes movilizaciones que se han realizado en los últimos meses para emplazar al Estado y sus instituciones, convocadas por el Espacio Día a Día por Julia Chuñil.
Fiscalía de Los Ríos «desvió la investigación»
Los firmantes de la carta advirtieron un punto crítico, a su juicio: Que la investigación ha sido desviada por la Fiscalía de Los Ríos, que intentó responsabilizar sin pruebas a la familia, enfatizando que el Estado ha incumplido su deber de proteger a una defensora ambiental, como establece el Acuerdo de Escazú.
«El paso del tiempo puede dificultar el objetivo de encontrar a la dirigente territorial desaparecida», señalaron en la carta, subrayando la gravedad del caso y la urgencia de que el Estado actúe conforme al derecho internacional de los derechos humanos.
La carta fue compartida íntegramente por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, en su cuenta de la red social Instagram.
El Ciudadano