El presidente de Azul Azul, Michael Clark, presentó el lunes una denuncia formal ante la justicia argentina debido a los graves incidentes de violencia que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile durante el partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente de Avellaneda. Esta denuncia se realizó en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N°4), donde Clark estuvo acompañado por el director José Ramón Correa y el abogado de la entidad, Jorge Arredondo, en una reunión con el fiscal Mariano Zitto para presentar los cargos correspondientes por los delitos que afectaron a los aficionados del club estudiantil.
La denuncia, a la que tuvo acceso ADN Deportes, señala directamente a los barristas de Independiente, así como a funcionarios públicos, policías bonaerenses y personal de seguridad privada por los hechos ocurridos. El documento establece: “Venimos a formular una denuncia penal contra todas aquellas personas que, con el devenir de esta investigación, resulten responsables en calidad de autores, coautores, partícipes, cómplices o encubridores de los hechos de extrema violencia sucedidos el 20 y 21 de agosto de 2025 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini durante y después del encuentro disputado por octavos de final de la Copa Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y el club Universidad de Chile”.
El escrito también menciona que “la presente denuncia penal está dirigida a todos aquellos funcionarios y agentes municipales, provinciales y nacionales que hayan sido responsables de organizar y coordinar el evento; al personal policial de la Provincia de Buenos Aires y/o de las distintas fuerzas de seguridad que hayan tenido intervención en los hechos”. Además, se incluye a “todo aquel personal de seguridad privada que oportunamente hubiere sido contratado a tales efectos, por la innumerable cantidad de hechos reportados que han implicado detenciones y apremios ilegales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido cometidos en el desarrollo de sus funciones de prevención, contención y protección de los ciudadanos”.
El documento presentado por la dirigencia de Universidad de Chile incluye una serie de imágenes que fueron divulgadas en redes sociales, así como relatos de la prensa argentina. Se afirma que “dichos registros reflejan escenas de una gravedad inusitada, que evidencian el nivel de ensañamiento y la absoluta indefensión en la que se encontraron las víctimas”.
El club también fue claro al criticar la actuación policial, indicando que “la nula intervención policial y de las distintas fuerzas encargadas de la seguridad significó dejar abierto el accionar violento de los agresores y permitió que la situación derivara en una verdadera masacre”.
Además, se menciona que, tras el retiro de los hinchas de Universidad de Chile de la tribuna visitante, el personal policial priorizó un procedimiento de detención masiva en las salidas del estadio, lo que resultó en “actos claros de abuso de poder que implicaron apremios y torturas, y que dejaron a un sinnúmero de hinchas heridos -muchos de ellos de gravedad-”.
Se destaca que esa noche no se detuvo a ningún agresor argentino y que la represión se dirigió exclusivamente contra los hinchas azules, quienes sufrieron “constantes maltratos, golpes, robo de pertenencias y la privación del debido acceso a una atención médica producto de sus graves lesiones sufridas”.
Finalmente, Azul Azul afirmó que lo ocurrido en Avellaneda no fue un hecho aislado, sino que se trató de “una acción organizada (…) lo que propició una verdadera masacre”. La denuncia establece que los involucrados pueden ser juzgados por homicidio en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, lesiones graves y gravísimas, asociación ilícita, robo y hurto, así como incumplimiento a los deberes de funcionario público, entre otros cargos, según se detalla en el documento.