Por Jazmín Aguilar, psicóloga, candidata al Senado por la región de Valparaíso.-
Las instituciones no pueden seguir mirando para el lado cada vez que asesinan a una mujer mapuche: a Julia Chuñil Catricura la quemaron por defender su territorio. No podemos seguir naturalizando en Chile, ni en ninguna parte del mundo, el asesinato, desaparición y persecución de defensores ambientales.
El reporte «Escazú Ahora», que analiza la situación en Chile, destacó que durante 2024 se triplicaron las agresiones físicas contra personas defensoras del medioambiente y que el 98% de los ataques quedan impunes. Esto demuestra que, más allá de los asesinatos, existe un ambiente de alta vulnerabilidad y violencia sistemática.
La principal dificultad para establecer un número preciso de víctimas es que muchos casos no son investigados como asesinatos vinculados a la defensa ambiental. Habitualmente las muertes de activistas son catalogadas oficialmente como:
Suicidios: Casos como los de Macarena Valdés (2016) y Alejandro Castro (2018), que fueron caratulados como suicidio, pero sus familias y comunidades denuncian que se trató de asesinatos por su rol de liderazgo en conflictos socioambientales.
Crímenes comunes: El asesinato de Javiera Rojas (2021) se investigó inicialmente como femicidio, sin considerar su visible activismo por el agua en el Valle del Huasco como el posible móvil del crimen.
Accidentes: La muerte de la lideresa pehuenche Nicolasa Quintremán (2013), opositora a la represa Ralco, fue considerada un accidente al ser encontrada en el lago artificial que creó la central, una versión que siempre ha generado dudas.
Esta falta de reconocimiento oficial invisibiliza la magnitud real del problema. La violencia letal es solo la punta del iceberg de un patrón de persecución que incluye amenazas, hostigamiento, ataques físicos y criminalización.
La situación de Alejandro Castro y Julia Chuñil manifiesta la deuda que el Estado de Chile tiene con sus defensores ambientales y resalta la importancia del Acuerdo de Escazú.
El caso de Alejandro Castro: La voz de Quintero silenciada
Alejandro «Mecha» Castro fue un reconocido dirigente sindical de pescadores artesanales de Quintero; una ‘zona de sacrificio ambiental’ dada la concentración de industrias contaminantes.
Alejandro ejerció como vocero en las masivas protestas por los episodios de intoxicación masiva, y su liderazgo lo convirtió en una figura visible y crítica contra la responsabilidad del Estado y las empresas.
En octubre de 2018, en medio de un álgido conflicto socioambiental, Alejandro Castro fue encontrado muerto. La investigación oficial concluyó que se trató de un suicidio. Sin embargo, su familia, amigos y diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado persistentemente esta versión.
Cercanos al dirigente denunciaron que había recibido amenazas directas por su rol en las movilizaciones, y señalan que fue advertido por agentes del Estado con frases como «te tenemos fichado». Su muerte se produjo en un clima de alta tensión y criminalización de la protesta social en la zona. Las organizaciones alegan que no se investigaron a fondo las amenazas ni las circunstancias que rodearon su deceso, dejando un manto de impunidad.
El caso de Alejandro Castro es un símbolo de la lucha por la justicia ambiental en «zonas de sacrificio» y de los peligros que enfrentan los líderes que alzan la voz.
Julia Chuñil: Desaparición y violencia contra la Mujer Mapuche
La desaparición de esta defensora territorial mapuche en 2024, y la reciente revelación de que habría sido quemada, expone la violencia extrema que enfrentan las mujeres indígenas que luchan por sus tierras y el bosque nativo. Su caso visibiliza racismo, violencia de género, conflictos territoriales y discriminación institucional. La lentitud en la investigación y el hermetismo inicial también reflejan falencias estatales en la protección y la búsqueda de justicia.
La abogada de la familia, Karina Riquelme, afirmó que existe una interceptación telefónica autorizada en la que el empresario Juan Carlos Morstadt revela que Julia Chuñil fue «quemada». A pesar de la gravedad de la información filtrada, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ha señalado que la investigación sigue abierta y que no se puede confirmar ni descartar oficialmente el contenido de la escucha, ya que es un antecedente parcial.
La familia y las organizaciones de derechos humanos exigen que la fiscalía actúe con celeridad, esclarezca los hechos y determine no solo a los autores materiales, sino también a quienes dieron la orden.
El caso de Julia Chuñil se ha convertido en un emblema de la extrema violencia que enfrentan las y los defensores ambientales en Chile, especialmente las mujeres mapuche que protegen la tierra y la naturaleza. Su desaparición y la reciente revelación han generado conmoción nacional e internacional.
En el contexto de los casos de Alejandro Castro y Julia Chuñil, el Acuerdo de Escazú podría haber ofrecido un marco legal y de protección más robusto. Si bien la ratificación es un paso importante, el desafío actual para Chile es implementar y hacer cumplir sus disposiciones de manera efectiva.
Esto incluye garantizar investigaciones transparentes, sancionar a los responsables de ataques contra defensores y crear un entorno seguro para su labor, elementos que aún parecen estar pendientes en muchos casos, como lo demuestran los persistentes ataques y la impunidad señalada por diversas organizaciones.
La implementación plena del Acuerdo de Escazú es vista como una herramienta clave para saldar la deuda histórica con los defensores ambientales y prevenir futuras tragedias como las de Alejandro Castro y Julia Chuñil.
Por Jazmín Aguilar, psicóloga, candidata al Senado por la región de Valparaíso.-