Una nueva denuncia se suma al complejo panorama judicial que rodea a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, actualmente en prisión preventiva por su presunta participación en la denominada “Trama Bielorrusa”.
Rubén Henríquez, quien se desempeñó como gerente legal de la salmonera Australis entre 2013 y 2022, presentó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una acusación formal que vincula a la exmagistrada con un posible esquema corrupto para obtener un fallo favorable para la empresa en el máximo tribunal.
La denuncia, a la que tuvo acceso el medio digital Reportea, centra sus sospechas en la asesoría “en las sombras” que habría prestado el abogado Alberto Eguiguren, quien percibió más de $200 millones por servicios que, según el exejecutivo, incluían un acceso privilegiado e irregular a la Tercera Sala de la Corte Suprema cuando la exjueza— actualmente imputada cohecho y lavado de activos— la integraba.
Millonarios pagos de Australis a Alberto Eguiguren
El centro de la acusación se remonta a inicios de 2022. La Tercera Sala de la Corte Suprema, compuesta entonces por los ministros Ángela Vivanco, Mario Carroza, Adelita Ravanales, Juan Manuel Muñoz y Sergio Muñoz, se encontraba debatiendo el futuro de un proyecto clave para Australis: una planta procesadora de salmones en Puerto Natales, Región de Magallanes, con una inversión de US$100 millones.
Aunque dicho proyecto contaba con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, organizaciones ambientales y comunidades locales habían presentado recursos de casación ante la Suprema buscando anularlo.
Según el relato de Henríquez, fue en este contexto que en diciembre de 2021 la empresa decidió contratar los servicios del abogado Alberto Eguiguren, recomendado por su presunta efectividad para obtener resultados favorables en esa misma sala del máximo tribunal del país.
La contratación se formalizó mediante una propuesta de honorarios enviada por Eguiguren el 10 de diciembre de 2021. En ella, el abogado estipulaba un costo fijo de 1.500 UF y un pago adicional de 5.500 UF en caso de que Australis ganara el caso en la Corte Suprema, sumando un total de $216 millones.
Sin embargo, Henríquez dejó en claro que “ningún abogado de dicho estudio, incluyendo a Alberto Eguiguren, como consta en la Oficina Judicial Virtual, tuvo poder en la causa ni participó en la definición de la estrategia, elaboración de documentos tales como informes o escritos, o representó a Australis ante la Corte Suprema”.
La representación legal formal recaía en el estudio Vergara, Galindo y Correa. El rol de Eguiguren, según el denunciante, era otro.
La acción legal incluye una serie de correos electrónicos donde Eguiguren solicita al estudio patrocinante minutas e informes. El objetivo, según explicó al abogado patrocinante José Luis Fuenzalida, era “tener información resumida para presentar el caso directamente a uno o más ministros de la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema”.
De acuerdo con Henríquez, Eguiguren descartó contactar al ministro Sergio Muñoz, “de quien dijo no tener buena opinión”, y a la ministra Adelita Ravanales, “de quien señaló que no era posible contactarle fuera de audiencia”.
Votación en la Suprema favorable a la salmonera
La acusación planteó que el 10 de febrero de 2022 la Tercera Sala votó internamente los recursos de casación. El resultado, que quedaría en acuerdo y bajo reserva absoluta por seis meses, fue de 4 votos a favor de rechazar los recursos (Vivanco, Carroza, Ravanales, Juan Manuel Muñoz) y 1 en contra, el de Sergio Muñoz.
Según Henríquez, Eguiguren informó del resultado de la votación a los ejecutivos de Australis ese mismo día.
“Ese mismo día, y para nuestra gran sorpresa, Alberto Eguiguren nos informó a Ricardo Misraji, a José Luis Fuenzalida y a mí, a través de un llamado telefónico vía WhatsApp, que Australis había ganado el caso con el único voto en contra del ministro Sergio Muñoz”, detalló la denuncia, a la que tuvo acceso Reportea.
Como prueba, Henríquez adjunta una captura de un mensaje de WhatsApp enviado a su esposa ese 10 de febrero: “4-1… SM [Sergio Muñoz]”, escribió.
Seis meses después, el 22 de agosto de 2022, el fallo se hizo público y Australis procedió a pagar el premio de 5.500 UF a la sociedad Russi & Eguiguren Spa, estudio del cual Eguiguren es socio.
La orden de compra, fechada el 26 de agosto, especificaba como glosa “Asesoría estratégica Corte Suprema juicio Dumestre”.
Asimismo, la denuncia incluye un correo del entonces gerente general de Australis, Andrés Lyon, fechado el 24 de agosto de 2022, donde comenta sobre el pago: “Ahora entiendo porque querían celebrar, y por qué AE no podía…”, en una alusión que, para el entorno de Henríquez, sugeriría que Eguiguren no podía festejar antes porque conocía de manera anticipada e irregular el fallo.
La investigación de Reportea revela que las sospechas sobre el rol de Eguiguren no son nuevas, ya que en marzo de 2025, el medio El Mostrador ya había informado, basándose en tres fuentes vinculadas a Australis, que el abogado había comunicado el resultado el mismo día de la votación en la Suprema.
Además, reportajes posteriores detallaron cómo Eguiguren había logrado un éxito previo en la Tercera Sala en septiembre de 2021, revirtiendo la negativa a un proyecto inmobiliario en Valparaíso, donde también fue clave el voto de Ángela Vivanco. Ese antecedente habría sido la razón clave para que Australis lo contratara.
Eguigure y Australis niegan irregularidades
Alberto Eguiguren negó todas las acusaciones en una respuesta por escrito a Reportea. Calificó la denuncia de Henríquez como “una infamia inventada” y parte de una maniobra en el marco de la batalla legal entre los antiguos y nuevos dueños de Australis.
“Esta insinuación es una infamia inventada por el abogado Rubén Henríquez (ex fiscal de Australis), y el círculo cercano de Isidoro Quiroga, incluyendo sus abogados”, dijo.
Indicó que la «maniobra» busca enlodar a Australis y sus asesores, «para intentar remontar la compleja situación judicial que el señor Henríquez y la familia Quiroga enfrentan actualmente».
“Quiroga perdió un arbitraje en el que fue condenado a pagar más de US$300 millones, está formalizado por estafa y administración desleal, está siendo investigado por lavado de activos y, recientemente en enero de este año, Australis lo demandó a él, sus hijos y a su círculo cercano -incluido el abogado Henríquez- por más de US$440 millones”, aseguró.
Respecto a su relación con Vivanco, aseguró: «Me hizo clases hace más de 40 años en la universidad, pero fuera de eso no tengo ninguna relación o cercanía con ella. Tampoco he conocido ni tenido nunca contacto con algún ministro pasado o actual de la Tercera Sala de la Corte Suprema»
«Cualquier otra insinuación es una completa mentira», enfatizó.
Por su parte, Australis también emitió un descargo, explicando que contrató a Russi & Eguiguren en diciembre de 2021 “como asesor y coordinador” de una serie de procedimientos judiciales, un rol similar al que desempeñaría actualmente en la defensa de la empresa contra su exdueño, Isidoro Quiroga. Negaron cualquier irregularidad.
La denuncia de Henríquez, presentada el 3 de febrero de 2026, busca que estos antecedentes sean incorporados a la investigación de la “trama bielorrusa” que tramita la Fiscalía Regional de Los Lagos. De prosperar, podría abrir una nueva arista en el ya extenso caso, conectando las sospechas de corrupción en el máximo tribunal con uno de los sectores económicos más poderosos del país, como la salmonicultura.
El Ministerio Público deberá evaluar si los correos, mensajes y transferencias bancarias aportadas por el exgerente legal constituyen el indicio de un nuevo patrón de tráfico de influencias al interior de la Corte Suprema, o si, como sostienen los acusados, se trata de una estrategia como parte del conflicto entre Isidoro Quiroga y la china Joyvio, actual propietaria de Australis.