Por Verónica Aravena Vega
Hay figuras políticas que todavía no gobiernan, pero ya hablan. Y cuando hablan, ordenan el campo. No porque tengan aún poder ejecutivo, sino porque en política las palabras no esperan al decreto: anticipan, encuadran, delimitan. Judith Marín, futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, no ha firmado una sola política pública. Sin embargo, su figura ya opera como relato. Y es ahí —en el plano de la narrativa, de las declaraciones, de las apariciones mediáticas— donde hoy se juega una parte relevante de la discusión feminista.
Esta columna no es una acusación preventiva ni un pronóstico cerrado. Es un ejercicio más modesto y, a la vez, más urgente: leer políticamente lo que ya ha sido dicho, observar cómo se construye sentido antes de que se construya gestión, y preguntarse qué lugar se les asigna a los feminismos cuando el Ministerio de la Mujer es narrado, desde su futura conducción, como un problema a corregir más que como una conquista a profundizar.
Desde sus primeras intervenciones públicas, Judith Marín ha sido presentada —y se ha presentado— como una figura que viene a “ordenar”, a “desideologizar”, a devolverle “sentido” a una cartera que, según ese marco, habría sido capturada por una agenda identitaria. No se trata solo de una opinión personal: es un marco interpretativo. En él, los feminismos aparecen menos como un movimiento histórico de ampliación de derechos y más como un exceso, una desviación, un ruido que el Estado debería aprender a administrar.
Las palabras importan porque hacen cosas. Cuando una futura ministra habla de “evaluar” el ministerio que encabezará, cuando relativiza su existencia o su enfoque, no está simplemente opinando: está instalando una jerarquía de prioridades. No dice “este ministerio es fundamental, aunque yo tenga diferencias”; dice, más bien, “este ministerio debe justificarse”. Y esa inversión no es menor. Los derechos que deben justificarse son siempre más frágiles que aquellos que se dan por sentados.
En sus apariciones mediáticas, el énfasis ha estado puesto una y otra vez en la familia, en la maternidad, en la protección de la infancia, como si esos ejes fuesen necesariamente antagónicos con los feminismos contemporáneos. La operación narrativa es conocida: desplazar el foco desde la desigualdad estructural hacia valores morales compartidos, presentados como neutros, universales, incuestionables. El problema no es hablar de familia o de cuidados; el problema es usar esos conceptos para diluir el conflicto político que los atraviesa.
Porque el feminismo —conviene recordarlo— no surgió para negar la familia ni la maternidad, sino para politizar las condiciones en que estas se viven. Para nombrar la carga desigual de los cuidados, la violencia de género, la dependencia económica, la ausencia histórica del Estado. Cuando ese conflicto desaparece del relato oficial, no desaparece de la realidad: simplemente deja de ser problema público.
El problema no es hablar de familia o de cuidados; el problema es usar esos conceptos para diluir el conflicto político que los atraviesa.
Otra de las constantes discursivas ha sido la apelación a la “neutralidad ideológica”. El Ministerio de la Mujer, se sugiere, debería dejar de ser un espacio militante para convertirse en una institución técnica, objetiva, sin sesgo. Pero esta idea descansa sobre una ficción peligrosa: que la desigualdad de género puede abordarse sin perspectiva de género. La técnica nunca es neutra cuando decide qué medir, qué priorizar y qué dejar fuera. Y la historia de las políticas públicas está llena de ejemplos donde la supuesta neutralidad terminó reproduciendo exactamente aquello que decía combatir.
No es casual que esta narrativa emerja en un momento de fatiga social con los lenguajes de derechos. En tiempos de incertidumbre, el discurso del orden suele resultar tranquilizador. Pero el orden también es una forma de poder. Y cuando se invoca sin nombrar las asimetrías que organiza, corre el riesgo de convertirse en una política de silencios.
Para los feminismos, el principal riesgo hoy no es una acción concreta que aún no existe, sino un clima discursivo que redefine los márgenes de lo decible. Si el feminismo es presentado como ideología, como obstáculo, como exageración, entonces sus demandas dejan de ser urgencias y pasan a ser opiniones. Y cuando los derechos se transforman en opiniones, el Estado empieza a escucharlos con distancia.
Este desplazamiento narrativo tiene efectos reales. No porque determine automáticamente políticas, sino porque condiciona su legitimidad. Un ministerio que se explica a sí mismo como excesivo tendrá más dificultades para exigir presupuesto, para incidir transversalmente, para incomodar a otras carteras. La transversalización del enfoque de género —esa palabra tan repetida como resistida— depende menos de la ley que del convencimiento político. Y el convencimiento se construye, primero, con relato.
Hay algo particularmente delicado en que sea una mujer quien encarne esta narrativa. No porque las mujeres deban pensar igual, sino porque se suele usar su presencia como prueba de pluralismo. “No es antifeminista”, se dice, “es mujer”. Pero el feminismo nunca fue una cuestión biológica. Es una posición política frente a la desigualdad. Y confundir representación descriptiva con compromiso sustantivo es una trampa conocida.
Desde esta perspectiva, la pregunta relevante no es si Judith Marín representa a todas las mujeres —ninguna ministra lo hace—, sino qué mujeres quedan fuera del relato cuando ella habla. ¿Dónde aparecen las mujeres pobres, las migrantes, las cuidadoras, las que abortan, las que denuncian violencia y no reciben respuesta? ¿Desde qué lenguaje se las nombra? ¿Como sujetos de derechos o como destinatarias de protección?
La transversalización del enfoque de género —esa palabra tan repetida como resistida— depende menos de la ley que del convencimiento político. Y el convencimiento se construye, primero, con relato.
La insistencia en la protección, por sobre la autonomía, no es casual. Es un eje clásico del conservadurismo contemporáneo: cuidar sin empoderar, asistir sin transformar. El problema es que, en materia de género, la protección sin autonomía suele terminar reforzando dependencias. Y el Ministerio de la Mujer nació, precisamente, para romper ese ciclo.
Nada de esto implica negar la posibilidad de gestión ni clausurar el futuro. Implica, simplemente, tomar en serio las palabras. Entender que las declaraciones no son ruido, sino señal. Que las apariciones mediáticas no son improvisaciones, sino ensayos de gobierno. Y que los feminismos tienen razones de sobra para leer con atención cuando el relato oficial empieza a mover el eje desde los derechos hacia la corrección moral.
En este escenario, el desafío feminista no es la denuncia automática ni la espera pasiva. Es la disputa narrativa. Recordar, una y otra vez, que el Ministerio de la Mujer no es un capricho identitario, sino la respuesta institucional a una desigualdad persistente. Y que la neutralidad, en contextos desiguales, suele ser una forma elegante de indiferencia.
La historia reciente muestra que los derechos no siempre retroceden por ataque frontal. A veces retroceden porque dejan de ser nombrados con convicción. Porque se los administra con pudor. Porque se los relega alzándose de hombros. Frente a eso, la vigilancia crítica no es exageración: es memoria política.
Judith Marín aún no gobierna, pero ya narra. Y en esa narración se juega una parte del futuro del Ministerio de la Mujer. Escucharla con atención no es prejuzgar: es hacer política. Porque si algo han enseñado los feminismos que cuando el Estado cambia de lenguaje, la vida de las mujeres no tarda en sentirlo.
Por Verónica Aravena Vega
Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram
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