Golpe al “Batallón” de Carter: Contraloría prohíbe delegar seguridad municipal en corporación privada
La Contraloría General de la República fue categórica: no procede que la Municipalidad de La Florida delegue funciones de seguridad pública en una corporación de derecho privado. Así lo estableció el órgano contralor mediante dictamen emitido el 30 de enero de 2026, en el que analizó el programa denominado “Batallón de Protección Ciudadana”, ejecutado a través de la Corporación de Fomento al Desarrollo Comunal y Productivo de La Florida (COFODEP), hecho que fue difundido por el concejal de dicha comuna: Reinaldo Rosales.
El dictamen concluye que las funciones de seguridad pública corresponden legalmente al municipio y no pueden ser traspasadas ni delegadas a corporaciones privadas, aun cuando estas sean creadas o integradas por la propia municipalidad. En ese sentido, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de La Florida regularizar esta situación en un plazo de 30 días hábiles, ajustando sus actuaciones al marco jurídico vigente.
Según detalla el pronunciamiento, si bien la normativa permite a los municipios participar en corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, estas solo pueden tener por objeto la promoción del arte, la cultura, el deporte o el fomento del desarrollo comunal y productivo, conforme a los artículos 118 de la Constitución y 129 y 130 de la Ley N° 18.695. En consecuencia, la seguridad pública no se encuentra dentro de los fines legales habilitantes para dichas entidades.
En su análisis, la Contraloría precisa que la participación municipal en seguridad ciudadana debe realizarse de forma coordinada con los organismos del Estado competentes, mediante instrumentos institucionales como el Plan Comunal de Seguridad Pública, y siempre dentro de las atribuciones que la ley confiere directamente a los municipios, sin desnaturalizar su ejercicio a través de terceros privados.
El concejal de La Florida Reinaldo Rosales valoró el dictamen y recordó que esta irregularidad había sido advertida oportunamente. “La Contraloría fue clara: no procede que La Florida delegue funciones de seguridad pública en una corporación y ordena regularizar en 30 días. Como concejal, en su oportunidad advertí esta irregularidad. Hoy el órgano contralor confirma que la administración actuó fuera del marco legal”, afirmó.
El llamado Batallón de Protección Ciudadana fue una iniciativa impulsada a fines de 2023 por el entonces alcalde Rodolfo Carter, hoy senador electo por La Araucanía, presentada como una estrategia de “mano dura” contra la delincuencia, con patrullajes de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y policías, y el apoyo de la exgenerala Berta Robles. Sin embargo, bajo su ejecución mediante una corporación privada, la Contraloría determinó que su figura jurídica no procede, obligando al municipio a corregir su implementación.