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Sindicalismo docente en el nuevo ciclo

Sindicalismo docente en el nuevo ciclo


En los últimos diez años, el sistema ha sido objeto de un conjunto de reformas que parten con la LGE, continúan con las mencionadas leyes de inclusión y educación pública; la carrera docente y el estatuto de asistentes de la educación. Todo ello, hoy en día puesto entre enormes signos de interrogación por la futura administración, sin que haya una sola declaración de alerta por parte del magisterio organizado.

Hernán González. Profesor. Valparaíso. 11/2/2026. Con la elección de José Antonio Kast se abre un nuevo ciclo político de perspectivas impredecibles. En el Ministerio de Educación nombró a María Paz Arzola, una investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, conocida por su oposición a las layes de Inclusión y Nueva Educación Pública. Eso dejando a un lado que en su programa declara explícitamente que sus prioridades son reponer la selección en el sistema escolar; favorecer la educación particular subvencionada; y detener los traspasos de las escuelas administradas por los municipios a los SLEP que crea la Nueva Educación Pública.

Eso sin considerar su oposición a las políticas de género y que promueven la igualdad y reconocimiento de las personas trans y con orientaciones sexuales diversas; también como declaró en Bruselas por estos días, al carácter plurinacional y multiétnico de nuestra sociedad y a las políticas de cuidado y protección del medioambiente, lo que hace prever un retorno de los conceptos más retrógrados en el currículo escolar.

Aún así, resulta impresionante el silencio de las organizaciones sindicales del magisterio. En efecto, en los últimos diez años, el sistema ha sido objeto de un conjunto de reformas que parten con la LGE, continúan con las mencionadas leyes de inclusión y educación pública; la carrera docente y el estatuto de asistentes de la educación. Todo ello, hoy en día puesto entre enormes signos de interrogación por la futura administración, sin que haya una sola declaración de alerta por parte del magisterio organizado.

Las condiciones para concluir este ciclo de reformas son, por cierto, más complicadas que si hubiese ganado las elecciones la candidata de los sectores democráticos.  Lo que implica, entre otras cosas, el cambio al sistema de financiamiento de la educación escolar, verdadero lecho de procusto que se traduce en hacinamiento de estudiantes en cada vez menos salas de clases; reducción de proyectos educativos a lo más elemental -docencia directa en aula-; reducción de personal a los servicios más esenciales y despidos. Ya el futuro Ministro de Hacienda se ha referido a las restricciones presupuestarias que heredaría supuestamente, lo que hace prever futuros recortes en asistencialidad escolar, subvenciones y salarios.

También la conquista de mayores grados de autonomía de los niveles más básicos del sistema, los que están sometidos al más estricto control a través de una espesa y anárquica red institucional que incluye corporaciones y departamentos de educación municipal; direcciones provinciales de educación; superintendencia y agencia de calidad de la educación, que tienen a los directores de escuelas apabullados por toneladas de papeleo que convierten su profesionalismo en una planilla Excell y no en liderazgo pedagógico. Ello sin considerar la presión a la que están severamente sometidos por el resultado de las pruebas estandarizadas, para lo cual recurren a agencias externas que los “asesoran” en materia técnica sumando un stress adicional a escuelas cada vez más intervenidas y menos autónomas.

En este contexto, y considerando las políticas del futuro gobierno contenidas en su programa y las declaraciones públicas del presidente electo y sus ministros, resulta predecible una contracción del sistema escolar. Sin embargo, ésta se emplaza sobre un movimiento de reformas que el futuro gobierno está empeñado en detener. Concluirlas por lo tanto puede resultar más difícil pero no imposible. Es más, concluirlas es precisamente la mejor manera de resistir y detener las intenciones reaccionarias de Kast en materia cultural y educativa. El impulso inercial de las reformas que justamente se propone retrotraer, es el que les permitiría profundizar la democratización de la educación. Principalmente, la instalación de los SLEP y la elaboración e implementación de proyectos educativos locales, que releven las necesidades de la comunidad, ayuden a generar tejido social y resistir sus políticas reaccionarias. A través de proyectos locales que releven la educación artística; cuidado del medioambiente en zonas de sacrificio o en peligro; la ciudadanía y los Derechos Humanos, el reconocimiento y recuperación de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y originarias, etc.

Ponerse al margen de la tendencia reformista, es el mejor servicio que se le puede hacer a Kast y su sector para destruir la educación pública y hacer del sistema escolar un nicho de homogeneización cultural y moral y una barrera de resistencia a los Derechos Humanos. Es algo que el sindicalismo docente debe considerar.

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