Nació en 1961, su padre fue conductor de micro y su madre profesora. Estudió en un liceo en Puente Alto, para después estudiar derecho en la Universidad Gabriela Mistral, donde denunció haber sufrido discriminación.
Duque se especializó en derecho penal, sin embargo, su salto a la fama no fue en tribunales, sino en la televisión, donde participó como panelista y opinólogo en varios programas de la pantalla chica. Aldo destacó aún más al ser abogado de rostros de la farándula chilena como Anita Alvarado o Nicole Moreno, más conocida como “Luli”.
La carrera del abogado es una constante contradicción: por un lado fue abogado de figuras polémicas de la televisión y por otro, un defensor de narcotraficantes que buscó llegar a la alcaldía de Santiago y actualmente busca llegar al Congreso.
En 2024, Aldo juntó las firmas necesarias para su candidatura con los vecinos de Santiago para postular a la alcaldía de la comuna y reiteró que no bajaría su candidatura; sin embargo, sí lo hizo y entregó su apoyo a Desbordes.
Actualmente , Duque es considerado por Renovación Nacional (RN) para competir por un cupo en el Distrito 9, que abarca las comunas de Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal y Cerro Navia.
Defensor de narcotraficantes: trayectoria polémica
Sin embargo, es fundamental destacar que el candidato por el distrito 9 ha sido defensor de casos de tráfico de cocaína, marihuana e incluso pasta base en al menos 15 ocasiones, casos donde el tráfico supera los 100 kilos de drogas.
De hecho, el medio de la Fundación Nueva Mente TV, señaló: “Aldo Duque ha sido y es abogado de narcotraficantes, contrabandistas y criminales organizados y de esto los partidos fueron advertidos”.
Cuando en su momento le preguntaron a Duque sobre su trabajo como abogado en la defensa de narcotraficantes, mintió señalando que “son causas totalmente terminadas y concluidas”. Sin embargo, según consignó el medio FNM TV, en julio del 2024 –posterior a sus declaraciones– Duque asistió como abogado defensor en un juicio abreviado en una causa en la que su representado fue condenado por tráfico de drogas.
Ese caso en particular fue parte de una investigación denominada “Binomio II” en el que se descubrió a una banda criminal que contrabandeaba droga desde Perú hasta nuestro país. En dicha investigación se incautó más de 200 kilos de marihuana.
El medio también denunció que Duque fue abogado defensor en otra causa del año 2022, donde los acusados esperaban un camión de droga desde el puerto de San Antonio para transportarlo a la comuna de Colina. Cabe destacar que las sustancias fueron enviadas desde los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en México, destapándose un red de tráfico internacional, enmarcadas en la denominada “Operación Azteca”, que constituye una de las mayores operaciones antidrogas de la historia de nuestro país, con más de 4.5 toneladas decomisadas.
Cabe destacar que, según consigna el medio de la fundación, un día después de la publicación del video con los antecedentes del abogado de narcotraficantes, Aldo Duque renunció al patrocinio de dos de los narcotraficantes que representaba en esta causa y solicitó la eliminación de sus datos en el sistema de la causa.
Además, el medio denunció que el video fue censurado a petición de una persona de la cual desconocen su identidad. Respecto al caso, Teresa Marinovic declaró “este señor no es que no pueda llegar al Congreso, no puede llegar a la papeleta”.
Sin embargo, en un caso aún más reciente, en el norte del país, el 18 de julio de 2025, se resolvió la causa 836-25 en el Juzgado de Garantía de Calama por contrabando y receptación de cigarrillos. Los acusados, defendidos por Aldo Duque Santos, fueron condenados mediante un procedimiento abreviado tras ser sorprendidos con 12 millones de cigarrillos —equivalentes a 600.000 cajetillas—, cuyo valor se estimó en $1.458 millones.
A la fecha del 4 de agosto de 2025, Aldo Duque Santos continuó ejerciendo como abogado defensor de Richard Jorge Choque Calle, Fabián Rodrigo Choque Larama y Dainer Gutiérrez Torres, los sentenciados en la causa anteriormente mencionada.
Aunque la ley chilena no prohíbe que un abogado defensor de narcotraficantes se postule al Congreso, su trayectoria profesional plantea cuestionamientos éticos y políticos sobre la idoneidad para representar a la ciudadanía. La discusión no se centra en la legalidad de su candidatura, sino en la percepción pública y en la confianza que los votantes depositan en quienes buscan ejercer funciones legislativas.
En este contexto, la presencia de candidatos con antecedentes de defensa de criminales organizados genera un debate sobre los límites entre la labor profesional y la responsabilidad política. Es un dilema que obliga a los partidos y electores a sopesar cuidadosamente los criterios de selección de sus representantes.
