Por Katherine Rozas
En Chile, hablar de educación pública es hablar de la entrega de miles de profesoras y profesores que, con vocación y compromiso, sostienen la formación de las nuevas generaciones. Sin embargo, junto a esa entrega convive una dura realidad: la inestabilidad laboral que golpea a gran parte del profesorado.
El proyecto de Ley de Titularidad Docente que hoy se tramita en el Congreso es un proyecto refundido que reúne tres iniciativas previas. Lo más relevante es que propone establecer una titularidad docente de carácter permanente, superando la lógica de las renovaciones anuales y la incertidumbre constante que tanto daño ha causado.
¿Por qué es tan urgente? Porque la falta de estabilidad no solo afecta la vida de las y los profesores, sino que debilita todo el sistema educativo. La inestabilidad rompe procesos pedagógicos, desgasta emocionalmente a quienes enseñan y erosiona la confianza en la educación pública como espacio de desarrollo profesional digno.
Esta falta de estabilidad podría estar detrás del creciente número de pedagogías clausuradas por distintas universidades del país y de la deserción docente. Según un reciente reportaje de La Tercera, basado en datos publicados por el Mineduc, entre 2016 y 2025 cerraron 460 programas regulares de pedagogía en universidades del país. A esto se suma que, como revela un diagnóstico de agosto presentado por el Mineduc en un encuentro con decanos y decanas de facultades de Educación de universidades públicas y privadas, Chile enfrenta un déficit proyectado de 33 mil docentes al 2030, una caída de 43% en la matrícula de pedagogías entre 2018 y 2022, y una disminución de 33,8% en la titulación entre 2017 y 2023. Ya en 2021 un estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile advertía que, entre 2005 y 2016, alrededor del 20% de los docentes recién ingresados al sistema escolar se retiraba antes de cumplir cinco años trabajando y que el 30% lo hacía al cumplir 10 años.
Este panorama configura un círculo vicioso: la falta de titularidad permanente genera inestabilidad; dicha inestabilidad provoca la deserción temprana de nuevos profesores; la deserción disminuye el atractivo de la carrera; menos estudiantes postulan a pedagogía; y las universidades, al no llenar cupos, cierran programas. Todo esto agudiza la crisis docente en un país que, paradójicamente, necesita con urgencia más profesores.
Una Ley de Titularidad Docente, de carácter permanente, puede romper este círculo. Al asegurar estabilidad, el Estado envía una señal clara: la docencia es una profesión con futuro, con dignidad y con proyección. Esa certeza no solo podría permitirnos retener a quienes hoy están en las aulas, sino que haría más atractiva la carrera docente para las y los jóvenes, fortaleciendo las pedagogías universitarias, garantizando una formación sostenida de nuevos profesionales y reduciendo el déficit crítico que enfrentamos.
La educación pública necesita estabilidad y continuidad, no precariedad. La aprobación de una ley de titularidad permanente no es un beneficio corporativo: es una estrategia estructural para detener la fuga de futuros docentes y para asegurar que la educación siga siendo un pilar fuerte de nuestra democracia.
Los desafíos que hoy enfrenta la educación pública no se circunscriben solo a las salas de clases, sino que tocan al sistema educacional en su conjunto; un sistema que, al día de hoy, incentiva la precarización laboral, la deserción temprana de nuevos docentes y el cierre de programas de pedagogía en todo el país. Necesitamos una ley que otorgue estabilidad de manera definitiva y que pueda transformar esta realidad, incentivando la vocación de miles de jóvenes y fortaleciendo las pedagogías.
Por Katherine Rozas
Presidenta del Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.
Fuente fotografía
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