Un nuevo escándalo por el uso de cuentas falsas golpea a la política chilena. Esta vez, los cuestionamientos recaen sobre Eduardo Villalobos, militante del Partido Socialista y concejal de la comuna de San Joaquín, quien es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado por delitos contra la vida y privacidad de conversaciones (artículo 161 A y B del Código Penal), delitos de fraude informático y otros delitos.
El 7 de agosto, funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron hasta la Municipalidad de San Joaquín con la instrucción de allanar y requisar los equipos electrónicos del concejal Villalobos y de su oficina. La diligencia se enmarca en una investigación que lo vincula a la creación y difusión de perfiles falsos en redes sociales con fines políticos.
La denuncia “contra quienes resultasen responsables” fue presentada por el alcalde de la comuna de San Joaquín, Cristóbal Labra, quien acudió a la Fiscalía en marzo del presente año tras recibir amenazas y difusión de información falsa sobre él. Según los antecedentes expuestos en la denuncia, Villalobos habría operado una red de cuentas ficticias destinadas a manipular la opinión pública de la comuna, ensalzando su figura y atacando a adversarios políticos. Caso muy similar a lo configurado en el caso del ex director de canal 13 vinculado al Partido Republicano, quien usaba una serie de trolls para atacar a adversarios políticos en la red X.
Los abogados del Alcalde Labra anunciaron que la denuncia y posible querella se ampliará en base a la información aportada por los informes de la PDI, en los cuales no solo aparece estar el concejal involucrado, sino que se trataría de una red de a lo menos seis personas más, quienes se habrían coludido para cometer delitos de desprestigio y denostación de la imagen del alcalde Cristóbal Labra mediante el uso de cuentas y perfiles falsos en redes sociales. Este grupo buscaría desprestigiar y atacar no solamente a las figuras políticas de la comuna, sino que también a sus familiares cercanos, mediante mentiras propagadas por redes sociales y correos electrónicos.
Eduardo Arrieta, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado ordenó como diligencias investigativas que se tomaran declaraciones a víctimas y testigos, y también solicitó “Requerir de las compañías proveedoras de servicios de redes sociales toda la información atingente al caso. Además de solicitar de las compañías telefónicas y/o proveedoras de servicios de internet toda la información atingente al caso”, tal como consta en los documentos a los que tuvo acceso El Ciudadano.
Así es como mediante pericias e investigación criminalística, la PDI logró dar con la IP utilizada en la difusión de material político y cuentas falsas, la cual estaría vinculada a a la identidad del concejal Villalobos. Los involucrados en este tipo de delitos arriesgan penas desde presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, de 541 días a 5 años, en caso de ser condenados.
Este episodio reabre el debate sobre la ética en la política local y deja en entredicho las prácticas digitales de figuras públicas que, en lugar de transparentar su gestión, recurren a mecanismos oscuros para ganar influencia, caso muy similar a lo ocurrido hace unas semanas atrás con el ex director de canal 13 y su vinculo con el Partido Republicano, sin embargo, esta vez el concejal es militante del Partido Socialista de Chile.
