Una mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) se mostró este martes abierta a respaldar una demanda contra una ley estatal de Colorado que prohíbe las llamadas «terapias de conversión» para menores, un fallo que, de concretarse, despejaría el camino legal para que prácticas ampliamente desacreditadas por la ciencia médica se aplique a niños y adolescentes que lidian con su orientación sexual o identidad de género.
Durante una audiencia de 90 minutos que podría redefinir los límites entre la libertad de expresión y la regulación estatal de conductas profesionales, los seis magistrados del ala conservadora del máximo tribunal dieron muestras de considerar que la ley de Colorado viola los derechos de la Primera Enmienda de los terapeutas que quieren ofrecer estos servicios con los que se busca “convertir” a personas homosexuales en heterosexuales o a personas transgénero en cisgénero.
Con estas cuestionadas prácticas, los terapeutas, principalmente de comunicades evangélicas, se proponen convencer a los adolescentes de que no son homosexuales o que la “disforia de género” que sienten pasará con el tiempo.
Aunque la aplicación de las «terapias de conversión» pudieron permear en esas comunidades durante los las décadas de 1980 y 1990, al final de ese período, varias de las principales organizaciones médicas estadounidense empezaron a marcar una postura en contra, alegado que resultan falsas, ineficaces y potencialmente dañinas.
El caso, uno de los más significativos del año judicial, tiene implicaciones nacionales, ya que si la corte, de mayoría conservadora, falla en contra de Colorado eso afectaría a más de 20 otros estados del país que tienen prohibiciones similares contra estas presuntas «terapias», y además pudiera abrir más debates sobre otras regulaciones sanitarias a nivel estatal vinculadas con las comunidades LGBTQ+ (gente lesbiana, gay, bisexual, trans o queer).
La demanda contra la ley de Colorado fue presentada por Kaley Chiles, una terapeuta cristiana evangélica que alega que la norma que le prohíbe hablar con menores sobre «cambiar» su orientación sexual o identidad de género, supuestamente contraviene sus derechos de libertad de expresión garantizados por la Primera Enmienda.
Chiles, representada por la organización cristiana Alliance Defending Freedom, argumenta que su “consejería informada por la fe” se basaría en “solo discurso” y que sus clientes acudirían a sus servicios de manera voluntaria.
Además, rechaza el término “terapia de conversión”, y en documentos de la demanda, describe su trabajo como una supuesta ayuda a los clientes que “tienen el objetivo de sentirse cómodos y en paz” con su cuerpo.. Según su abogado, Jim Campbell, la ley de Colorado prohíbe a su cliente “ayudar a los menores” solo por motivos políticos y censura “opiniones ampliamente aceptadas sobre cuestiones morales y religiosas y sobre las que el debate científico está abierto”, consignó El País.
¿Libertad de expresión o terapias dañinas?
Chiles llevó su caso hasta la Corte Suprema, cuyos nueve magistrados escucharon este martes los argumentos en la primera vista oral.
Por tal motivo, el debate dentro del máximo tribunal de EE.UU. enfrenta un dilema fundamental: al definir si la «conversación» entre un terapeuta y un paciente menor de edad en este contexto está protegida como discurso o si, por el contrario, es una conducta médica que el estado tiene el derecho y el deber de regular para proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
Tras la sesión los seis jueces conservadores del alto tribunal dieron la impresión de estar de acuerdo en tumbar la ley de Colorado que prohíbe las «terapias de conversión»
El presidente de la Suprema, el conservador John Roberts, se alineó con la `postura de que la norma impugnada afecta el derecho de libertad de expresión garantizados por la Primera Enmienda., citando jurisprudencia previa. «Solo porque [la demandante] esté trabajando no significa que sus palabras no estén protegidas [por la Primera Enmienda]», indicó el magistrado durante la sesión, sentando un posible marco para la decisión final que se conocerá al final del año judicial, en junio de 2026.
Postura médica: “No es un tratamiento terapéutico legítimo”
Dos de la principales agrupaciones médicas y de salud mental de Estados Unidos, como la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Psiquiatría, se han posicionado del lado de Colorado en este caso.
Estas entidades presentaron un informe ante la Corte en el que son contundentes: “los esfuerzos por alterar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de un paciente no cumplen los criterios de un tratamiento terapéutico legítimo”. Estas organizaciones llevan años alertando de que estas prácticas son falsas, ineficaces y «potencialmente dañinas», vinculándolas a un mayor riesgo de depresión, ansiedad y conductas suicidas en los jóvenes.
Choque ideológicp en la Corte Suprema de EE.UU.
La audiencia dejó clara la fractura ideológica dentro del alto tribunal. Del lado conservador, el juez Samuel Alito se mostró rápidamente favorable a los argumentos de la demandante, llegando a afirmar que Colorado estaba “discriminando flagrantemente ciertos puntos de vista”.
Frente a ellos, las tres juezas liberales mostraron escepticismo. La magistrada Ketanji Brown Jackson se refirió a un fallo reciente de la misma Corte, en el que, con una mayoría de 6 contra 3, avaló el derecho de los estados a prohibir los tratamientos de afirmación de género para menores trans. “Sería extraño que esta vez fuera diferente”, argumentó , al tiempo que sugirió que si entonces el tribunal se puso del lado de la capacidad regulatoria de los estados, debería hacerlo también en este caso.
Consecuencias de alcance nacional
Aunque la sentencia definitiva no se conocerá hasta el final del curso judicial. Sin embargo, las implicaciones de lo que decidan los nueve magistrados tienen un impacto en el resto de EE.UU.. Colorado es uno de los 23 estados (junto con Washington D.C.) que han prohibido las terapias de conversión para menores. Si la Suprema falla a favor de Chiles, no solo anularía la ley de Colorado, sino que podría declarar inconstitucionales todas las prohibiciones similares en el país, dejando desprotegidos a miles de jóvenes.
El caso Chiles contra Salazar (nombrado por una funcionaria estatal) no es el único que afecta a los derechos LGBTQ+ en la agenda del Supremo. Los jueces también tienen previsto ocuparse de la legalidad de las leyes que prohíben a las personas transgénero participar en deportes escolares y universitarios acordes a su identidad de género.
Mientras la Corte delibera, organizaciones de derechos humanos y médicas alertan de que, lejos de ser una terapia, lo que se permite es un daño sistémico avalado por el más alto tribunal de la nación norteamericana. La puerta para intervenciones que la ciencia considera un fraude peligroso podría estar a punto de abrirse.
