Polémica por Recorte de Sitios Prioritarios de Conservación Desata Críticas al Gobierno y Cuestiona Futuro de la Ley SBAP
Una serie de publicaciones en redes sociales de organizaciones y campañas ciudadanas por la conservación, han encendido las alarmas sobre la implementación de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Las acusaciones apuntan a un drástico recorte en los Sitios Prioritarios para la conservación en el marco de la Ley SBAP, especialmente en la Patagonia, tras presiones del sector industrial.
Presiones al Ejecutivo desde la mega industria
La crisis estalló tras una publicación de Defendamos Patagonia del 29 de octubre, que bajo el titular «MINISTRA ROJAS CEDE ANTE LOBBY INDUSTRIAL», reveló que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se reunió con la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Según la denuncia, el objetivo fue «aclarar» que los Sitios Prioritarios de la ley SBAP «no impactarán la minería». Fuentes internas citadas en la publicación indicaron que estas «aclaraciones» implicaron en la práctica la exclusión de zonas de interés extractivo y una minimización de la carga regulatoria, cediendo a meses de lobby empresarial que alegaba «inseguridad jurídica».
El proceso de definición de estos sitios ya arrastraba cuestionamientos. Defendamos Patagonia señaló que la consulta pública original duró solo 10 días y careció de estudios de base y participación indígena robusta. La Alianza por la Naturaleza habría acusado que el listado preliminar era «raquítico», dejando fuera aproximadamente el 70% de los ecosistemas clave. Esta situación se vio agravada por un reporte de Emol, citado en otra publicación, que detalló cómo los principales gremios del país (mineros, forestales, salmoneros y pesqueros) habían emprendido una ofensiva para «desmantelar» las nuevas regulaciones del SBAP.
La evidencia en mapas: La Patagonia perdería superficie protegida
La polémica tomó una dimensión visual con la difusión de mapas comparativos por parte del Observatorio Socio Ambiental. Las imágenes, compartidas, muestran con capas de color naranja y rojo la significativa reducción en la superficie y el número de Sitios Prioritarios (SP1) que pasarían a tener reconocimiento jurídico bajo la ley SBAP, particularmente en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
El análisis del Observatorio confirma una «regresión en materia de conservación» en la Macrozona Sur, evidenciando un «tremendo retroceso» que, según las organizaciones, vulnera el principio de no regresión ambiental consagrado en la propia ley.
Las reacciones no se hicieron esperar. Jorge Morales Trincado, vocero de la Alianza Territorial por la Naturaleza y Biodiversidad, fue citado textualmente en la primera publicación de DP: «Estamos muy sorprendidos por la incapacidad del gobierno de dejar una sola ley bien implementada en materia ambiental, la rapidez con la que han sucumbido ante gremios tales como la Sonami». Morales Trincado agregó que estos gremios no defienden a la pequeña y mediana minería, sino que tras ellos «se esconden las grandes corporaciones». El mensaje de las plataformas es contundente: «El Gobierno de Boric, que juró protección ambiental, termina arrodillado ante el lobby».
Gremios de la mega industria y la contranarrativa
Frente a estas acusaciones, la postura de los gremios industriales, reflejada en el artículo de Emol, es de «alerta» ante lo que perciben como regulaciones que generan «incertidumbre» y podrían paralizar inversiones. Sin embargo, las publicaciones de Defendamos Patagonia califican este argumento de «chantaje» y «cinismo puro», acusando a estas industrias de haber «destruido ecosistemas por décadas» y de buscar «MEGA GANANCIAS sin respeto a las personas ni a la vida».
Expertos consultados por las plataformas ambientales advierten que esta flexibilización convierte a la SBAP, una ley largamente esperada, en «letra muerta». Denuncian que se priorizan los lucros corporativos sobre la evidencia científica necesaria para la protección de la biodiversidad única de Chile, especialmente en su zona austral. El caso del Parque Nacional Desierto Florido, también mencionado como bajo intento de freno industrial, se suma como otro ejemplo de la pugna.
Llamado a la Acción y un futuro por la naturaleza en disputa
En medio de la controversia, las organizaciones hacen un llamado urgente a la ciudadanía. El Observatorio Socio Ambiental insta a ingresar observaciones al proceso de Consulta Ciudadana para defender los ecosistemas patagónicos.
Defendamos Patagonia concluye con un mensaje: «Chile puede liderar con innovación verde y azul que crea empleos y riqueza real-sostenible. ¡Actúa! Apoya a las organizaciones y comunidades locales. ¡Queremos desarrollo que sea sostenible, que valore y respete a las personas y la vida!».
