El Presidente Gabriel Boric promulgó este miércoles 5/11 la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delito, un paso clave según dijo el Mandatario «para quienes lo han sufrido y también para sus familias».
«La buena política es la que logra alcanzar estos acuerdos. Seguimos trabajando juntos, como Estado, por Chile y su gente», destacó Boric en la ceremonia de promulgación de la ley, que contó con la presencia de la familia de Alejandro Martínez González, joven de 19 años asesinado en 2008 en San Antonio, y cuyos padres lideraron una lucha de años para que todas las víctimas sean acompañadas en su búsqueda de justicia.
Por su parte, la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, recordó que «con el impulso del Gobierno y el apoyo transversal en el Congreso, logramos destrabar una ley que llevaba años esperando y que marca un cambio significativo en la manera en que el Estado acompaña a las víctimas».
«Esta iniciativa se suma a las más de 70 leyes en materia de seguridad impulsadas y aprobadas durante este Gobierno, entre ellas, la nueva Ley Antiterrorista, la Ley Antinarco o la Ley que restringe los funerales de alto riesgo», puntualizó la ministra Vallejo.
Aspectos clave de la Ley
- Unifica la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional, simplificando el proceso para que las personas puedan acceder a prestaciones y mejorando su provisión al consolidar experiencias que antes estaban dispersas en distintas entidades.
- Crea la Defensoría de las Víctimas de Delitos, que entregará atención integral jurídica y psicosocial, a víctimas de delitos, en particular a aquellos más violentos. Esto reforzará la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana y ayudará a saldar una deuda pendiente con la ciudadanía.
- Promueve la resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación familiar obligatoria para evitar que los conflictos lleguen a tribunales y se alcancen soluciones con la participación de las personas involucradas.
- Entrega asistencia jurídica especializada respecto de diversos grupos y ámbitos, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, defensa laboral y derechos humanos, entre otros.
- Establece estándares de calidad y mecanismos de control en la atención de personas usuarias, avanzando hacia un enfoque de derecho y garantía para la ciudadanía en su acceso a la justicia.
- Garantiza la atención profesional y asegurando que todas las personas usuarias reciban una atención de calidad.
- Dispone la existencia de centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia y promueve medios remotos de atención para asegurar cobertura permanente en todo el territorio nacional.
- Establece la gradualidad de la puesta en marcha del nuevo servicio, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley. Iniciará en la zona norte, desde Arica hacia Valparaíso.
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El Ciudadano
