Por Raigan Nawel (WaiwenTV)
Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) acaba de poner por escrito lo que por años ha sido un grito en los campos del país: el Estado chileno ha abandonado su agricultura. El documento, solicitado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, revela la total inacción de los gobiernos frente a las distorsiones del mercado internacional que golpean directamente a los productores locales.
Mientras Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Paraguay subsidian entre un 10 % y un 20 % los ingresos de sus agricultores, Chile se mantiene sin ningún instrumento de compensación ni de estabilización de precios. En otras palabras, los productores chilenos —que en su mayoría se encuentran en Wallmapu, el sur ancestral del país— compiten en desigualdad absoluta frente a mercados protegidos y sobre capitalizados.
El vacío regulatorio que abrió la puerta a la crisis
Desde la eliminación del Sistema de Bandas de Precios en 2003, por exigencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Chile no ha creado ningún mecanismo alternativo que compense las distorsiones externas. Dos décadas después, el resultado es devastador:
- La superficie sembrada de trigo cae cerca de un 10 % anual,
- Más de 120 mil hectáreas agrícolas se han perdido desde 2015,
- Miles de familias rurales han abandonado la producción,
- Y la soberanía alimentaria se erosiona a paso firme.
El modelo de “neutralidad estatal” terminó siendo funcional a los grandes importadores y a la industria agroexportadora, consolidando un esquema de competencia desleal. Mientras los países desarrollados invierten en seguros agrícolas, créditos blandos y fondos de garantía, Chile destina menos del 2 % del valor total de la producción agrícola a programas públicos, principalmente de fiscalización y control.
“Esto no es un fallo del mercado, es una omisión deliberada del Estado”, denuncian desde Agricultores Unidos de Chile A.G., la organización que en los últimos años ha tomado la posta de los gremios tradicionales para representar las verdaderas urgencias del mundo rural.
Wallmapu: el corazón productivo que resiste
El impacto de estas políticas —o de su ausencia— se siente con mayor fuerza en el territorio mapuche, donde miles de agricultores mantienen la producción de granos, hortalizas y forrajes pese al abandono institucional. Allí, la agricultura no solo es sustento económico, sino también una forma de resistencia cultural.
“La mayoría de los alimentos que llegan a las mesas chilenas tienen su origen en Wallmapu. Sin embargo, nuestros agricultores enfrentan precios injustos, explotación laboral y agotamiento del suelo sin ningún respaldo estatal”, explica Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos.
Según la agrupación, las distorsiones del mercado han sido aprovechadas por grandes industrias y cadenas de distribución para extraer rentas, precarizar el trabajo rural y apropiarse del valor agregado de la producción. “Es un modelo extractivo dentro de la propia economía alimentaria”, acusan.
La respuesta desde AU: una propuesta para corregir el rumbo
Frente a este escenario, Agricultores Unidos plantea soluciones concretas que parten “desde la raíz del problema”:
- Aprobación urgente de la Ley del Grano, que busca restablecer la neutralidad de precios a través de un sistema de referencia basado en el precio de paridad de importación.
- Creación de un Fondo de Estabilización Agrícola, que actúe como amortiguador frente a las fluctuaciones internacionales.
- Política crediticia de desarrollo rural, con líneas especiales para pequeños y medianos productores.
- Mesa Nacional de Soberanía Alimentaria, con participación de organizaciones campesinas y territoriales.
“No pedimos privilegios, pedimos justicia económica”, enfatiza Guzmán. “Queremos competir, pero en igualdad de condiciones. Chile necesita reglas claras, información transparente y un mercado donde el precio refleje el valor del trabajo, no las trampas del subsidio extranjero.”
Una advertencia al poder político
El informe de la BCN deja al descubierto que el Congreso y el Ejecutivo llevan más de veinte años sin corregir una falla estructural que amenaza el futuro alimentario del país. La omisión tiene consecuencias: pérdida de empleos, migración rural, dependencia alimentaria y desintegración del tejido productivo local.
El llamado de Agricultores Unidos es directo:
“Chile debe abandonar la retórica del libre mercado y asumir que sin regulación técnica no hay libertad económica, sino dominio de los más fuertes. No queremos seguir siendo espectadores del colapso del campo. Queremos participar en las decisiones que definirán el futuro agrícola del país».
Con todo, Chile se enfrenta a su propio espejo: un Estado que presume apertura comercial, pero que ha desmantelado toda política de equilibrio interno. En medio de la crisis global de precios, el país parece haber olvidado que sin agricultores no hay alimentos, y sin alimentos no hay nación.La discusión ya no es ideológica: es de supervivencia.
El campo se organiza, denuncia y propone. Y desde el sur, el corazón productivo de Chile, Agricultores Unidos vuelve a recordarle al país que la soberanía alimentaria no se delega: se defiende.
Por Por Raigan Nawel (WaiwenTV)
