ZETA
Juan Manuel “El Mono” Muñoz, empresario gasolinero ligado al huachicoleo y al Cártel de Los Zetas, fue detenido en Torreón, Coahuila, luego de intentar intervenir a favor de trabajadores suyos sorprendidos transportando combustible ilegal.
La aprehensión ocurrió en una agencia del Ministerio Público de la Federación, donde Muñoz fue arrestado tras un altercado violento con escoltas involucrados. De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el empresario presentaba síntomas de consumo de sustancias y portaba drogas al momento de su detención.
Un historial criminal que cruza continentes
Muñoz ya era ampliamente conocido por las autoridades mexicanas, estadounidenses y europeas. En 2019, se declaró culpable de lavado de dinero del narcotráfico en una Corte Federal de Texas, donde alcanzó un acuerdo con los fiscales estadounidenses para colaborar como testigo e informante contra otros criminales mexicanos, incluyendo a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI.
“El Mono” fue arrestado inicialmente en 2016 en Madrid, España, y extraditado a Estados Unidos como sospechoso de encabezar una red de tráfico de cocaína desde América Latina hacia Europa y EE. UU., usando para ello una red empresarial que blanqueaba dinero a través de negocios legales como gasolineras.
Conexiones políticas y privilegios del poder
A pesar de sus antecedentes penales, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó concesiones para operar gasolineras y transportar combustibles, incluso cuando era investigado por la entonces PGR por robo de hidrocarburos a Pemex.
En 2017, un año después de su detención en España, recibió autorización oficial para operar una estación de gasolina en Saltillo. En 2016, obtuvo además una concesión por 30 años para transportar diésel y gasolina en regiones de alta incidencia de huachicol en Coahuila y Durango.
Espionaje, violencia y vínculos con funcionarios
Las autoridades españolas revelaron que Muñoz almacenaba documentos y computadoras con información detallada de trasiegos de droga, lavado de millones de dólares y entregas de efectivo en hoteles de la Ciudad de México. Además, grabaciones telefónicas mostraban cómo ordenaba palizas, secuestros e incluso asesinatos desde el extranjero, incluyendo un supuesto plan para asesinar a una fiscal en Coahuila.
Dichas grabaciones también apuntaban a relaciones con funcionarios y exfuncionarios mexicanos como los hermanos Moreira Valdés, Homero Ramos Gloria (exprocurador de Coahuila), y Jesús Torres Charles (exfiscal y exconsejero jurídico del gobierno estatal), todos los cuales negaron cualquier vínculo con el empresario.
Un modelo de impunidad estructural
El caso de Juan Manuel Muñoz Luévano retrata con crudeza cómo el crimen organizado ha operado con protección institucional, convirtiendo el robo de combustibles en un negocio multimillonario bajo la complicidad del poder político. El huachicol, más que un delito aislado, es parte de una red de corrupción sistémica que afecta directamente a los recursos públicos y la seguridad nacional.
Información recabada del Semanario ZETA
Fotografía: Redes
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