* Por Javier Pineda Olcay
Ante el Congreso Nacional, el Presidente Gabriel Boric se dirigió en su última cuenta pública después de casi tres años y medio de gobierno.
La primera parte de su mensaje estuvo dedicada a la Revuelta Popular. Ha intentado ponerse por sobre el conflicto, aunque su partido fue responsable de una posición concreta. De forma certera criticó a los sectores conservadores que pretenden reducir todo a un “estallido delictual”, pero acto seguido trata de empatar dicha afirmación señalando que hubo un sector que “pretendió desconocer una historia tanto colectiva como individual de progreso, que permitió a las familias chilenas acceder a niveles de bienestar y libertad inimaginados poco tiempo atrás”.
¿En qué consistió ese “desconocimiento” expresado en el primer proceso constituyente? ¿Qué tesis defendió el Presidente y su partido en ese momento? ¿La tesis de “aprobar para reformar” impulsada por los resabios de la Concertación? No hubo ninguna crítica a su rol en el primer proceso constitucional ni al rol de su gobierno impulsando un segundo proceso. Su discurso busca presentarlo como un líder por encima de los hechos, aunque ha sido él quien ha demostrado tener una conducción errática.
Su voz pareciera ser la de quienes construyeron los últimos 30 años: critica a aquellos que quisieron cambiar la Constitución de Pinochet desconociendo los avances de la Concertación como también a aquellos que buscaron un proyecto constitucional más reaccionario que el diseñado por la dictadura de Pinochet. Esta es una posición que pone en aprietos a su partido: o desconocen la posición política de su Presidente o bien se asumen como un partido que reivindica el legado de la Concertación.
En su discurso, señaló que el resultado del plebiscito lo obligó a “ajustar el rumbo” y que los cambios no pudieron ser realizados con la profundidad que querían. Como ejemplo, señala que en los años 90 no se pudo terminar con todos los enclaves autoritarios por falta de votos en el Congreso, lo cual no es efectivo. Los enclaves autoritarios fueron negociados con la dictadura y concretados en gran medida en la reforma constitucional de 1989, no siendo parte del proyecto original de la Constitución de 1980. Esto no es una mera referencia histórica imprecisa, sino es parte de su esfuerzo constante para rehabilitarse frente a los sectores históricos de la Concertación, de modo de mantener la unidad entre ese sector y el Frente Amplio, incluyendo en la medida de lo posible también al Partido Comunista.
Para demostrar esta capacidad de acuerdo menciona a la reforma de pensiones, la cual no fue un “ajuste de rumbo”, sino más bien un cambio de rumbo. La propuesta original contemplaba una separación de las industrias de recaudación y administración de los fondos más un destino del 6% de cotización adicional a un fondo de seguridad social. Al final, terminaron aprobando una reforma previsional que era más conservadora que aquella que rechazaron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
La reforma de pensiones profundiza el sistema de capitalización individual y fortalece el negocio de las AFPs, con unos aumentos mínimos a las pensiones como lo es el aumento a la PGU, lo cual ya estaba comprometido aún cuando no existiera reforma. El apoyo del empresariado a esta propuesta se explica por ello. La correlación de fuerzas en el Congreso puede explicar el “cambio de rumbo”, pero eso no transforma a la reforma en una de carácter progresista ni por fuera de los márgenes neoliberales.
Si Aylwin “gobernó en la medida de lo posible”, Boric lo hace señalando que “las urgencias sociales no pueden esperar una mejor correlación de fuerzas”. Este discurso propio de la transición, una vez más, busca congraciarse con los sectores históricos de la Concertación, lo cual le permitirá ejercer un rol de bisagra entre este sector y el Frente Amplio y Partido Comunista para una nueva elección. Similar fue el rol que tuvo Michelle Bachelet en su segundo gobierno, cuando pudo convocar desde la DC hasta el PC.
La mayoría de las medidas analizadas en la cuenta pública responden a la administración propia de un gobierno, demostrando que no ha sido un mal gobierno en términos administrativos si se compara con los otros gobiernos de los últimos años. Esto ocurre en materia de seguridad pública, salarios e índices macroeconómicos. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Hay alguna reforma o modificación legal en el Gobierno de Gabriel Boric que no haya sido posible de implementar en un gobierno de la Concertación?
Sobre los nuevos anuncios, destaca dos ejes: la nueva infraestructura pública y aquellas materias que desordenan a la derecha. Sobre infraestructura pública, el metro al Aeropuerto, a Lo Espejo y al poniente de Maipú se transforman en medidas con mucha aprobación en la población.
En cuanto a los anuncios que desordenan la derecha se identifican tres: proyecto de ley de aborto; cierre de Punta Peuco como cárcel VIP para aquellos criminales de la dictadura militar y el apoyo al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales de Israel en Territorio Ocupado de Palestina.
Estas medidas unifican a los sectores progresistas y dividen a la derecha, siendo capaces de marcar la agenda pública durante un par de semanas, desplazando otras materias que son complejas para el progresismo y los partidos oficialistas, sobre todo, en un contexto de primarias presidenciales.
Estas medidas demuestran que Boric apunta a mantener su apoyo en las mujeres, destacando la Ley “Papito Corazón”, el Sistema Nacional de Cuidados y ahora el proyecto de ley de aborto. Sin embargo, en la misma cuenta pública se separa de los sectores ecologistas, apoyando el proyecto de ley de permisos sectoriales, denominado por los sectores ecologistas como la “motosierra ambiental”. En materia de derechos humanos, intenta mantener el apoyo de las organizaciones históricas de derechos humanos, anunciando el cierre de Punta Peuco como cárcel VIP, pero se separa de las organizaciones de la Revuelta Popular omitiendo cualquier referencia a un proyecto de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante esta revuelta. Y sobre los trabajadores, plantea tímidamente la presentación de un proyecto de ley de negociación por rama, lo cual lo hace por cumplir y sin expectativas de sacarlo adelante.
En resumen, sin una gestión deslumbrante ni de grandes legados, Gabriel Boric aprueba de curso y se prepara para volver en cuatro años más, erigiéndose como el liderazgo capaz de unir al núcleo histórico de la Concertación con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ya no es portador de un proyecto transformador, sino vocero de cómo administrar bien y dar gobernabilidad bajo una estructura neoliberal y democracia de baja intensidad. Su gobierno será recordado como uno que produjo menos cambios que el segundo gobierno de Michelle Bachelet y que no fue capaz de salir de los márgenes impuestos por la transición: un nuevo gobierno de la Concertación.
