Los Ángeles, California. La ciudad más poblada de California se encuentra bajo un fuerte despliegue militar desde la madrugada del lunes, tras una orden directa del presidente Donald Trump, quien autorizó el envío de más de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines para contener las protestas originadas por redadas migratorias del ICE en comunidades latinas.
La intervención federal, que durará al menos 60 días, representa un gasto estimado de 134 millones de dólares, de acuerdo con fuentes del Pentágono citadas por medios estadounidenses.
La decisión ha provocado una fuerte confrontación política con el gobernador Gavin Newsom, quien afirmó no haber solicitado la presencia de fuerzas militares en su estado y calificó la acción como una “violación de la soberanía estatal”. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también se pronunció en contra del despliegue, señalando que “la respuesta debe ser el diálogo, no la ocupación militar”.
Las protestas surgieron en respuesta a una serie de operativos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que resultaron en detenciones masivas en barrios habitados mayoritariamente por migrantes. Organizaciones civiles, académicos y líderes comunitarios denuncian un patrón de excesos, abusos y detenciones sin debido proceso.
El presidente Trump ha defendido su decisión alegando que la ciudad enfrenta un “caos absoluto” y acusando a los manifestantes de ser “agitadores profesionales”. En redes sociales, afirmó falsamente que el gobernador Newsom había solicitado el apoyo federal, lo cual fue desmentido públicamente.
Diversos medios reportan escenas de represión, uso de gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias en los principales puntos de concentración. También se han documentado agresiones a periodistas y restricciones a la prensa, lo que ha encendido nuevas alertas sobre la escalada autoritaria en el manejo del orden público.
Especialistas advierten que esta medida, impulsada en pleno año electoral, forma parte de la estrategia de Trump para posicionarse como el presidente del “orden y la fuerza”. Sin embargo, sectores progresistas y de derechos humanos advierten que el costo de esta narrativa es demasiado alto: no solo en términos económicos, sino en el daño social y político que implica el uso del ejército para contener demandas ciudadanas.
