El gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda contra el estado de Nueva York por una ley estatal que prohíbe a los agentes federales de inmigración realizar arrestos en tribunales sin una orden judicial. La medida, según la administración Trump, protege deliberadamente a personas peligrosas y obstruye la aplicación de las leyes migratorias federales.
La demanda fue interpuesta este jueves ante el Tribunal del Distrito Norte de Nueva York, y representa el más reciente episodio de confrontación legal entre el gobierno federal y jurisdicciones estatales o locales que adoptan políticas consideradas por Washington como “ciudades santuario”.
En un comunicado, la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, criticó duramente la legislación y afirmó:
“Las políticas de ciudades santuario sin ley son la causa principal de la violencia que los estadounidenses han visto en California, y el estado de Nueva York emplea políticas similares para evitar la aprehensión de extranjeros ilegales”.
La legislación en disputa, conocida como la Ley de Protección de Nuestros Tribunales y aprobada en 2020, impide que agentes de inmigración realicen arrestos en o cerca de los tribunales estatales a menos que porten una orden firmada por un juez. Su promotor, el senador estatal demócrata Brad Hoylman, defendió en su momento la ley como una respuesta directa a las prácticas de la primera administración Trump, que —según él— convirtieron los tribunales neoyorquinos en “terrenos de caza” para los agentes federales.
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El Departamento de Justicia argumenta en su demanda que los tribunales ofrecen un entorno más seguro para realizar detenciones, ya que los individuos que ingresan al edificio son previamente registrados y desarmados, reduciendo así el riesgo tanto para los oficiales como para el público.
Hasta el momento, ni la oficina de la gobernadora Kathy Hochul ni el senador Hoylman han emitido comentarios públicos sobre la demanda. Hochul, quien se encuentra en Washington junto a otros gobernadores demócratas, participará en una audiencia ante el Congreso donde se abordarán políticas estatales que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales.
Foto: Redes
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