Un nuevo proyecto de ley presentado por senadores de todos los colores políticos, ha encendido las alertas sobre la libertad de expresión en Chile, el cual ha sido denominado por sus críticos como “Ley Mordaza 2.0”.
La iniciativa, impulsada por los senadores Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) Pedro Araya (PPD) y Alfonso de Urresti (PS) busca tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes de una investigación penal reservada, cuando sean difundidos por periodistas, medios de comunicación o incluso usuarios de redes sociales.
El objetivo de esta normativa es evitar divulgaciones como las que se han registrado en los casos Audios, Monsalve, Sierra Bella, entre otros
El proyecto surgió en la Comisión de Constitución del Senado y desde ella se aboga por un rápido trámite.
Según información de La Tercera, la moción —que tramita bajo el boletín 17.484-07— se presenta como una “protección de antecedentes en procesos penales”. En la práctica, busca castigar con penas de cárcel a quienes difundan datos protegidos por el secreto judicial.
Esto incluiría evidencia como testimonios, peritajes, chats u otras diligencias,
Uno de los puntos más discutidos es la redacción del artículo 226 J del Código Procesal Penal, que plantea sancionar con presidio de entre 541 días y 5 años a quienes divulguen antecedentes de investigaciones sujetas a secreto. En este sentido, la norma no distingue entre funcionarios públicos y terceros, por lo que cualquier persona podría ser sancionada, incluyendo periodistas, ciudadanos y usuarios de redes sociales.
Los senadores que impulsan el proyecto justifican la iniciativa señalando que la actual transparencia del sistema penal ha derivado en filtraciones usadas con fines políticos o personales, afectando la presunción de inocencia y la privacidad de víctimas o testigo.
Los legisladores alertan por el daño que pueden causar las filtraciones a las distintas partes de un proceso judicial, apuntando que “ninguna filtración es desinteresada”.
“No cabe duda de que la filtración selectiva de antecedentes—a menudo antes de que sean ponderados en sede judicial― responde en muchos casos a intereses particulares ajenos a la justicia, afectando la presunción de inocencia, vulnerando la intimidad de víctimas, testigos e imputados, y comprometiendo el éxito de las investigaciones penales”, advierten.
Rechazo a la «Ley Mordaza 2.0»
El proyecto ha generado amplio rechazo en distintos sectores que lo han bautizado como “Ley Mordaza 2.0”, en referencia a la iniciativa de 2016, que buscaba evitar la divulgación de los antecedentes en los casos Penta y SQM yterminó siendo rechazada en aquella oportunidad.
Legisladores de distintas bancadas cuestionaron la iniciativa, como el senador socialista Tomás de Rementería, quien planteó que “la responsabilidad no es de los periodistas que hacen su trabajo. Los periodistas tienen una labor que es informar. Acá el problema está en los intervinientes en el proceso judicial”.
«Yo, por ejemplo, esperaría que no fuera tan fácil que cualquier parlamentario se querelle en una causa y tenga acceso a la carpeta para después filtrarla. Yo también esperaría que no haya fiscales que en cada causa de carácter público que participan termina filtrada la información de la causa», afirmó.
Por su parte el senador Iván Flores (DC) indicó que el proyecto “tiene el foco cambiado y no diferencia entre quienes filtran y quienes informan; de ningún modo se puede afectar la libertad de prensa, pilar fundamental en una democracia”.
“Los derechos de informar y la libertad de expresión, son indispensables. Los hechos de interés público deben ser conocidos por la ciudadanía. Creo que el proyecto que algunos califican como Ley Mordaza, relativo a filtraciones, tiene el foco cambiado y no diferencia entre quienes filtran y quienes informan, de ningún modo se puede afectar la libertad de prensa, pilar fundamental en una democracia”, aseguró el parlamentario, en declaraciones recogidas por CNN Chile.
A la vez, la senadora Fabiola Campillai (Ind) criticó que esta iniciativa apueste a la censura, recordando lo ocurrido con la primera Ley Mordaza.
Advirtió que “este proyecto es tan grave que atenta contra la Declaración Universal de Derechos Humanos y contra la plena libertad de prensa que Chile ha ratificado en tratados internacionales, como el Pacto de San José”.
“Es tan grave que instala la persecución hacia periodistas y reporteros que lo único que buscan es sacar a la luz cómo el poder abusa para beneficio propio. Siempre estaré por la libertad de prensa, la independencia de los medios y, por supuesto, porque nadie termine preso por informar y exponer la verdad”, enfatizó.
Ministro Cordero: «Las normas vigentes son suficientes»
En medio de la polémica, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó la postura del Gobierno frente al cuestionado proyecto de ley,
En un punto de prensa, recordó que “las filtraciones son ilegales” y que “existe prohibición expresa en algunos casos, donde existe secreto de la investigación reforzada”, subrayando que “hay funcionarios que tienen deberes preferentes de resguardo”.
Sin embargo, el secretario de Estado enfatizó que “el Ejecutivo también ha sido claro en que en una sociedad democrática la libertad de prensa es clave”.
Pese a la defensa de la libertad de prensa y a la ley que la protege, la cual implica el resguardo de la fuente, advirtió que esta no se debe confundir con «las obligaciones que están asociadas a los deberes de secreto y reserva que están asociadas a las investigaciones penales».
El ministro señaló que «las normas vigentes hoy día son suficientes para sancionar (las filtraciones). Creo que hay que evitar referencias o indicaciones».
Por su parte, la subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, ratificó que “el gobierno valora profundamente la libertad de expresión y la libertad de prensa”.
En entrevista con El Rancagüino, Cardoch -quien es periodista de profesión-Indicó el trabajo de los comunicadores es “fiscalizar a quienes ostentamos o quienes estamos en la toma de decisiones”.
No obstante, dejó en claro que “el gobierno no ha tenido la oportunidad de revisar el detalle del proyecto de ley, ya que se trata de una iniciativa parlamentaria y no gubernamental”.
¿Qué dijo el Colegio de Periodistas?
Por su parte, el Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas advirtió que la iniciativa representa una “amenaza” al derecho a la información y planteó que “al no diferenciar entre quienes filtran y quienes informan, expone a periodistas y medios a la criminalización, ignorando su función democrática“.
“Gracias al periodismo, la ciudadanía ha conocido casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos”, expresó el gremio a través de una declaración pública.
En el texto se añadió que “esta iniciativa retrocede hacia la opacidad y debilita la democracia“, y que “perseguir a quienes informan sólo atenta contra el rol esencial del periodismo”.
A esto señalamientos se suma el de la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, desde donde a través de un comunicado advirtieron sobre los “riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado”.
En el texto, indicaron que “la historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas“.
Por tal razón, “criminalizar el trabajo de periodistas que cumplen con su deber de informar no solo representa un retroceso democrático, sino que instala un mensaje de amedrentamiento que atenta contra el rol fiscalizador de los medios y la labor informativa que se ejerce”, se lee en el documento.
En ese sentido, remarcaron que las instituciones deben ser las “responsables de contar con herramientas para sancionar filtraciones indebidas dentro del aparato estatal, sin necesidad de trasladar esa responsabilidad al ámbito periodístico».
