Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a fines de 2024 había 42,7 millones de personas refugiadas en el mundo, quienes huyen de sus países debido a persecución, violencia generalizada, conflictos internos, agresión extranjera o violación masiva de los derechos.
Entre 2017 y 2024, la migración hacia Chile ha estado fuertemente influenciada por crisis políticas, económicas y humanitarias en América Latina, lo que se refleja en el aumento sostenido de población extranjera, la que según el último Censo alcanzó 1.608.650 personas.
Sin embargo, entre 2018 y 2024, el acceso a refugio en Chile ha sido muy restringido. De 23.232 solicitudes de asilo, sólo un 2,5 % de ellas fueron acogidas.
“Esta baja tasa de reconocimiento se relaciona con cambios legislativos y prácticas administrativas orientadas a limitar el acceso al procedimiento de refugio”, señala Juan Pablo González, jefe de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).
Nuevo Manual
En 2023 se aprobó un nuevo Manual de Procedimiento Administrativo para el Departamento de Refugio que impone a las personas solicitantes de refugio la obligación de presentar la autodenuncia ante la Policía de Investigaciones por ingreso por paso no habilitado, y la constancia de haber agendado una cita con esa institución, todo ello bajo la amenaza de que su solicitud sea considerada desistida si no cumplen con este requisito dentro de un plazo de 10 días hábiles.
“En la práctica, esto deja a las personas solicitantes sin protección, en situación migratoria irregular durante un periodo prolongado”, asegura Gabriela Hilliger, directora jurídica del SJM.
“La actual política pública en materia de refugio en Chile ha tendido a restringir el acceso a la protección internacional, alejándose de los compromisos suscritos y estándares internacionales, lo que ha contribuido al aumento de la irregularidad migratoria y a una desprotección generalizada de personas que huyen de sus países de origen, en un contexto a nivel regional de necesidades urgentes de protección”, agrega la directora nacional del Servicio, Waleska Ureta.
Así, a partir de la experiencia del Servicio Jesuita a Migrantes y las recomendaciones que surgieron en el proceso Cartagena +40 (proceso de consultas y adopción de una nueva Declaración y Plan de Acción regional en América Latina y el Caribe, en conmemoración del 40 aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados), el SJM realizó una propuesta para abordar los desafíos en protección internacional en Chile.
En primer lugar, plantea la necesidad de fortalecer el apoyo a las comunidades de acogida como un pilar estructural para la cohesión social y la integración. Esto implica garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales como salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, tanto para las personas desplazadas como para las poblaciones locales donde residen los solicitantes y refugiados.
El segundo eje aborda la inclusión económica y la autosuficiencia como fundamentos clave para una integración sostenible. Se proponen medidas que faciliten el acceso al empleo formal, servicios financieros, documentación y procesos de naturalización de quienes han solicitado ser reconocidos como refugiados.
También, promueve la expansión de vías legales de admisión a terceros países como parte de una estrategia de responsabilidad compartida de los desplazamientos forzados en la región. Esto incluye el fortalecimiento de los programas de reasentamiento y patrocinio comunitario, así como la creación o ampliación de vías complementarias como visas humanitarias, laborales, educativas o por reunificación familiar.
A su vez, propone fortalecer los mecanismos regionales de cooperación y seguimiento y aplicar plenamente la definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena e incorporada a la Ley N°20.430.
Asimismo, se recomienda fortalecer la independencia de la institucionalidad encargada del refugio, ya que informes oficiales han evidenciado irregularidades y retrasos injustificados en la tramitación de solicitudes, como lo señala el Informe N. º 828 de la Contraloría General de la República (2018-2019).
Además, plantea que es fundamental capacitar a las y los funcionarios públicos en estándares internacionales de protección. “En un contexto de alta vulnerabilidad -como los asesinatos de líderes sociales en Colombia, la desintegración del Estado haitiano o las masacres en Bolivia-, la formación del personal en frontera y oficinas de migración a nivel nacional es clave para asegurar que la autoridad no actúe arbitrariamente y pueda cumplir con dar la información y orientación adecuada”, indica el informe.
Finalmente, se propone desvincular la comprensión de la protección internacional desde un enfoque exclusivamente de control migratorio.
“Proteger a los refugiados es crucial por razones humanitarias, legales y sociales. Garantizar su seguridad, derechos y bienestar es fundamental para preservar su dignidad y permitirles reconstruir sus vidas”, señala el documento.
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