A casi ocho meses de la desaparición forzada de Julia Chuñil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de mujer mapuche y destacada defensora ambiental, quien fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en el predio forestal Reserva Cora 1-A, en Máfil, Región de Los Ríos, Wallmapu.
El caso de la activista fue presentado en enero ante el organismo por la Fundación Escazú Ahora y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), desde donde advierten que “ha habido una investigación desprolija”.
La decisión de la Comisión que fue anunciada ayer martes, se basó en la «gravedad y urgencia» de la desaparición forzada de la presidenta de la Comunidad Mapuche Putreguel y en el riesgo de daño irreparable a sus derechos fundamentales.
En la resolución 48/2025) emitida el pasado 14 de julio de 2025, la CIDH solicita al Estado de Chile redoblar la búsqueda de la activista y proteger a su familia.
En el documento, el organismo con sede en Washington D.C. (EE.UU.), planteó que desde noviembre de 2024 se desconoce el paradero de la adulta mayor de 73 años, y que sus familiares alegan que su desaparición estaría vinculada a su rol de liderazgo en la defensa del territorio ancestral.
Asimismo señaló que pesar de las denuncias interpuestas y las diligencias de búsqueda y rastreo realizadas por las autoridades estatales, a la fecha sigue sin conocerse su paradero.
La Comisión Interamericana sostuvo que el Estado de Chile informó sobre las gestiones y acciones de búsqueda que estaría llevando a cabo desde sus distintas instituciones, así como las líneas de investigación abiertas sobre los hechos alegados.
A lo que se suma «la conformación de la Mesa de Búsqueda, así como actividades de seguimiento, reuniones, coordinaciones, y los compromisos adquiridos por las entidades involucradas en el caso, a fin de continuar acordando las diligencias necesarias para dar con la ubicación de Julia Chuñil».
Adicionalmente-según el Estado- las autoridades competentes le estarían brindando acompañamiento a los familiares de la activista y se habría reconocido «la aplicación del principio de debida diligencia reforzada dado los múltiples criterios de vulnerabilidad de Julia Chuñil», tomando en consideración que se trata de «una mujer indígena, lideresa de una comunidad rural, y defensora de derechos territoriales y ambientales».
Pese a que destacan las diligencias de las instituciones, desde la CIDH plantearon que “es momento de adoptar medidas adicionales que resulten necesarias para dar con su pronta localización».
En virtud del Artículo 25 de su Reglamento, solicitaron a Chile que» redoble los esfuerzos para determinar la situación y paradero de Julia Chuñil Catricura», e informe sobre las acciones adelantadas «a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición, manteniendo informada a la familia de la persona beneficiaria, según corresponda».
Abogada de Codepu: “Ha habido una investigación desprolija”
La abogada Mariela Santana, secretaria ejecutiva y coordinadora del equipo jurídico de Codepu, valoró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares a favor de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil.
«Según la respuesta del Estado chileno, el Ministerio Público ha actuado con la debida diligencia, a nuestro juicio, el dictamen de la CIDH exigirá que la obligación del Ministerio Público de investigar, con la debida diligencia, se materialice», indicó en conversación con El Ciudadano,
Recordó que desde el 8 de noviembre de 2024, han pasado casi nueve meses de la desaparición forzada de la dirigenta «y hasta ahora, la investigación no ha arrojado resultados. Por el contrario, no ha estado exenta de trabas y sesgos».
«La relevancia también de este dictamen de la CIDH es que habitualmente la Comisión no otorga medidas cautelares de forma tan rápida y tampoco se pronuncia respecto de todas las solicitudes de medidas cautelares en forma positiva. Entonces si se pronunció ahora, si la acogió y la otorgó, quiere decir que existe el mérito suficiente para poder ordenar tomar estas medidas cautelares», destacó la abogada litigante en áreas de del derecho panal, especialmente en temas de DD.HH. y memoria.
«Por lo tanto todo lo que hemos señalado a lo largo de estos casi nueve meses, tanto los familiares como los abogados y abogadas es cierto», enfatizó.
La profesional acusó que en el caso de Julia Chuñil Catricura, se ha evidenciado «un retraso en la investigación» y a la par «ha habido una investigación desprolija, en la cual no ha operado la debida diligencia, en la cual la familia se ha visto estigmatizada y se ha visto puesto en riesgo su integridad física y psíquica».
A juicio de Santana, «la CIDH sopesó todos los antecedentes que se pusieron en su conocimiento para poder otorgar esta medida. Así es que yo creo que eso, eso es lo importante, eso es lo relevante».
Hijo de Julia Chuñil: «El Estado tiene que multiplicar sus esfuerzos»
Cabe recordar que Julia Chuñil, de 73 años, era objeto de amenazas años antes de su desaparición, pero hasta ahora no hay responsables identificados. Su familia y adherentes han advertido sobre un posible montaje y responsabilizan al Estado por la inacción judicial.
Tras la decisión de la CIDH, el hijo mayor de la defensora ambiental mapuche, Pablo San Martín, planteó que es momento de que el Estado de Chile redoble los esfuerzos para esclarecer los hechos y localizar a su madre.
«La CIDH da un mensaje claro: aquí el Estado tiene que multiplicar sus esfuerzos para dar con el paradero de mi madre. Y eso implica que se destinen más recursos y policías a la investigación y que la Fiscalía dialogue más con nosotros», declaró a la organización Escazú Ahora.
«No puede ser que llevemos más de ocho meses sin ningún avance concreto. El Estado tiene que redoblar sus esfuerzos y tiene que incluirnos a nosotros, la familia, en este proceso por la búsqueda de verdad y justicia. Nos tiene que mantener informados y al tanto de cómo avanza esta investigación», acusó.
En la misma línea, el presidente de Escazú Ahora, Sebastián Benfeld, planteó que con su resolución, la CIDH dio «una señal clara sobre la urgencia de proteger a quienes defienden la tierra, el agua y el medioambiente frente a amenazas reales y gravísimas».
«Necesitamos crear institucionalidad y condiciones para que nunca más tengamos que enfrentar desapariciones como esta en nuestro país», enfatizó, citado por Cooperativa.
