Por Octavio Echeverría Alfaro
Geografía de la disputa
El día 11 de septiembre recién pasado -fatídica fecha-, se aprobó finalmente el ambientalmente nefasto proyecto Copiaport-E en las costas de Atacama. Pero este sólo es el capítulo más reciente de una historia ambiental que se extiende a lo menos durante los últimos 15 años, una que trata sobre la voracidad extractiva del capital en un sector prístino, ecológicamente riquísimo, pero que presenta condiciones únicas en las costas nacionales para los intereses económicos. De esta manera se presenta la experiencia reciente de Punta Cachos y Bahía Chascos en la Provincia de Copiapó, no solo como un lugar sino como un espacio de disputa.
El metabolismo social producido en el intercambio entre sociedad y naturaleza bajo las lógicas productivas del capitalismo, se presenta en su contorno más profundo como una separación entre el ser humano y la naturaleza, una fractura que describe la crisis social y ecológica que emana como consecuencia. A escala geográfica la fractura se inserta al centro del proceso de despojo de la tierra y de la naturaleza, acumulación continua que fragmenta socioespacialmente los territorios y aumenta las brechas de desigualdad.
Las consecuencias del desarrollo extractivista expanden las fronteras de la sobreexplotación hacia todo territorio considerado improductivo en términos económicos. Es relevante considerar, también, que el desarrollo extractivista comprende también los mega proyectos de infraestructura en clave de facilitación productiva. Esta lógica productivista y eficiencista conlleva la desvalorización de cualquier valor que no sea económico, mirada bajo la cual los territorios valorizados por el capital entran a la zona del sacrificio.
La valoración de los territorios en la lógica del capital va acompañada de la instalación de un discurso determinado que justifica el sacrificio, adornado de ideas como las oportunidades económicas, las ventajas comparativas y el desarrollo local. El despojo de la naturaleza y de las reales oportunidades de desarrollo social, busca permanente legitimidad bajo el discurso del desarrollo productivo de sectores pobres y vulnerables. Este discurso conecta fuertemente con derroteros históricos y narrativas que proponen el descubrimiento material, casi mágico, que genera grandes excedentes y soluciones rápidas a las expectativas de riqueza, trabajo y progreso que pocas veces se materializan en la población, pues se trata de iniciativas de intensificación del capital (la ganancia) y no del trabajo (salario y desarrollo de fuerzas productivas). Dicha situación es muy latente en lugares de historia minera, como la provincia de Copiapó, donde los discursos de modernidad y desarrollo económico que justifican el extractivismo se alinean con matrices discursivas históricas como los vaivenes de premuras (ciclos de auge y caída de precios de los commodities), sacrificios y promesas de riqueza que la pampa posee.
Termoeléctrica Castilla y los humos que no fueron
El proyecto Termoeléctrica Castilla, fue ingresado el año 2008 al proceso de evaluación ambiental, con una inversión de más de $4 mil millones de dólares para construcción de la termoeléctrica más grande de Sudamérica. El proyecto se ubica en un sector conocido como Hacienda Castilla, ocupando 600 hectáreas de dicha hacienda, principalmente en la zona costera de Punta Cachos, cercano al poblado de Totoral y las caletas de Totoral y Pajonales, a 80 km de Copiapó. Termoeléctrica Casilla, propiedad de la empresa MPX del empresario brasileño Eike Batista (actualmente cumpliendo una pena de 30 años de cárcel en Brasil por sobornos en el marco del caso Lava Jato), contempla la construcción de seis unidades generadoras a carbón, produciendo en total 2.100 MW, además de un depósito de cenizas de 125 hectáreas y un megapuerto (que no fue parte del EIA presentado).
Inmediatamente se levantó un conflicto socioambiental en la zona, el cual enfrentó principalmente a las comunidades de Totoral, Copiapó y Caldera contra el proyecto Castilla, principalmente debido a la producción altamente contaminante de energía, a la envergadura del proyecto y a la afectación de la rica biodiversidad aledaña, como lo son reservorios de pastos marinos y la comunidad más austral de tortugas verdes del mundo en Bahía Chascos.
Sobresalen en la vereda opositora al proyecto, la familia Domínguez (vecinos de Totoral, quienes en un primer momento destacaron por su férrea oposición en tribunales), también la Junta de Vecinos de Totoral y la Comunidad Agrícola de Totoral, así como el Movimiento Pro Defensa de las Costas de Atacama, la Coordinadora por la Defensa del Agua, la Mesa Social de Defensa de Atacama y las ONGs Olca y Oceana. Quienes levantaron un movimiento socio ambiental que fue escalando en masividad, y teniendo eco internacional en la medida que la institucionalidad cerraba filas con la defensa del proyecto Castilla. Igualmente, en la vereda opositora, una buena cantidad de políticos locales, incluyendo parlamentarios/as, concejales/as, consejeros/as regionales y alcaldes/as agrupados en la Asociación Regional de Municipios de Atacama “ARMA”.
En un primer momento, en enero de 2010, la Seremi de Salud de Atacama califica al proyecto Termoeléctrica Castilla como industria contaminante, generando una importante traba para la aprobación del proyecto en la Corema de la época. Debido a las repercusiones de esto, y ad portas del cambio de mando del gobierno de Michelle Bachelet al primer gobierno de Sebastián Piñera, es que la Comisión Nacional del Medio Ambiente “Conama” (ente superior a la Corema), suspende la votación de la Corema para dejar al próximo gobierno y sus autoridades la votación respecto del proyecto Castilla. Pese a la oposición de las organizaciones contrarias a Castilla y las autoridades locales, el aplazamiento de la votación de la Corema se terminó llevando a cabo producto del terremoto 27/F, dado que la Conama suspendió todos los procesos de evaluación ambiental llevados a nivel nacional en las respectivas Corema.
En junio de 2010, el nuevo Seremi de Salud de Atacama del gobierno de Piñera recalificó la actividad del proyecto como industria molesta, quitando la anterior calificación de contaminante, dando así mayor viabilidad a su eventual aprobación. Cuestión que entra a una disputa legal, donde la Corte Suprema fallaría ratificando el estatus de contaminante de Castilla, pero establecería que el cambio de calificación sí es una potestad de la autoridad en cuestión, catalogando el procedimiento administrativo utilizado como no adecuado, abriendo así un camino para la aprobación futura del proyecto. Paralelamente, a la movilización social y la disputa en tribunales, en diciembre de 2010, la Corema aprueba la construcción del mega puerto en Punta Cachos, EIA que fue presentada como un proyecto aparte, fraccionando el impacto ambiental general.
En febrero de 2011, el Seremi de Salud de Atacama dejó sin efecto la resolución de enero del año anterior donde se calificaba al proyecto como industria contaminante, dictando un nuevo decreto recalificando a Castilla como industria molesta. Poco después, ese mismo mes, la Corema de Atacama aprueba el proyecto Castilla. En la prensa nacional no solo transcendió la aprobación, sino también las presiones que habrían sucedido por parte del Seremi de Salud de Atacama a los equipos técnicos para alinearlos a la decisión de recalificación, cuestión que encontró oposición de la asociación de funcionarios/as.
La Asociación de funcionarios le respondió el 19 de enero con un documento manifestando su preocupación por la decisión, argumentando que se había tomado luego de reuniones con los ministerios de Economía y Energía, «quienes no están considerando aspectos de salud de la población». Además, señalaban, a petición de ambas carteras estas reuniones «debían quedar en el anonimato, como también los antecedentes que los asesores entreguen para la toma de decisión, situación que nos parece a lo menos extraña». Por ello, explica el documento, el equipo técnico de la Unidad de Medio Ambiente «mantiene los fundamentos para mantener que la calificación es contaminante» (LaTercera.com, 09/03/2011).
Producto de la aprobación del proyecto se convoca para el día 5 de marzo de 2011 a la “Marcha por la Vida: No a Central Castilla” en Copiapó, la cual reunió a más de tres mil personas, entre autoridades, organizaciones sociales y ambientales y opositores en general.
En septiembre de 2011, la Contraloría General de la República emite un informe dando cuenta de la labor de un ente asesor de bajo perfil, el Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión “CAI”, creado en agosto de 2010 e integrado por varios ministerios de orden productivo liderados por el Ministerio de Hacienda, el cual despliega una agresiva estrategia de lobby para presionar y destrabar ciertos proyectos, entre ellos Castilla. Pero también dicho informe cuestiona el cambio del Plan Regulador Comunal de Copiapó que cambió el uso de suelo dando viabilidad al proyecto Castilla en 2008, cuestión denunciada por organizaciones sociales como un acto a la medida impulsado por el municipio del entonces alcalde Marcos López (Partido Socialista de Chile).
Para este momento se había intensificado la disputa en tribunales, concentrando los mayores esfuerzos de los grupos opositores, es así que tras varios intentos rechazados, en marzo de 2012 la Corte de Apelaciones de Antofagasta (ya que la Corte de Copiapó se había declarado implicada) acoge un recurso de protección presentado por la comunidad de Totoral, declarando ilegal el cambio de calificación de industria contaminante a molesta, pues vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Con el fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ahora los grupos opositores buscaban el pronunciamiento favorable de la Corte Suprema para que Castilla quedara sepultada. Mientras que MPX, paralelamente al desarrollo de la disputa legal, desplegó una fuerte estrategia de conciliación con las partes en disputa, es así que llegó a acuerdos económicos con la familia Domínguez y con parte de la comunidad de Totoral, cuestión que fue denunciada en múltiples ocasiones por los grupos opositores como intentos de quebrar el movimiento social y mermar la fuerza en tribunales.
El 28 de agosto de 2012 la Corte Suprema falla ratificando por cinco votos a cero la decisión de la Corte de Antofagasta, estableciendo un “supremazo en materia ambiental”, pues además exigiría a MPX que si quiere continuar con el proyecto debe volver a ingresar a EIA, pero considerando esta vez al puerto y la termoeléctrica como una sola unidad. De esta manera, el fallo también constituiría un estándar para el fraccionamiento de proyectos en su evaluación ambiental. Tras el contundente fallo, el empresario Eike Batista decide no insistir con el proyecto Castilla, cuestión que queda de manifiesto en su accionar en redes sociales; según recoge Cooperativa.cl (30 de agosto de 2012) Batista público en su Twitter (posteos que luego borró): “que invertir en Chile se está volviendo imposible, y si no nos quieren, vámonos! Bye Bye”.
Andes LNG y Copiaport-E: La resistencia de las tortugas
En 2019, el 13 de junio se aprueba por parte del SEA el proyecto Andes LNG (ingresado en 2016 al sistema de evaluación ambiental), a instalarse en Bahía Chascos. Dicho proyecto contemplaba la producción energética de 540 MW mediante una termoeléctrica a gas natural ubicada cerca de Vallenar. Para esto un buque factoría en altamar visitaría las inmediaciones de Bahía Chascos descargando el gas natural líquido mediante un gasoducto submarino, para ser convertido en gas y ser trasportado por otro gasoducto subterráneo hasta la termoeléctrica.
La principal causa de afectación a la bahía sería la construcción del muelle flotante, el que contempla la instalación de pilotes que implican dinamitar el fondo marino con más de 180 tronaduras, las cuales además se plantean realizar a conveniencia sin estar localizadas previamente. Esto destruiría los pastos marinos (en peligro de extinción) que subyacen allí, principal alimento de la tortuga verde (también en peligro de extinción), elementos que no fueron considerados en la RCA favorable. A su vez, las operaciones conllevan el enfriado de motores vía agua de mar, devolviendo dichas aguas con 25°C más que la temperatura del agua succionada. Por último, la termoeléctrica y el gasoducto ponen en peligro sitios arqueológicos y zonas donde el desierto florido se manifiesta con alta floración.
Para los municipios de Copiapó y Caldera el proyecto Andes LNG constituye una amenaza para una zona de alto interés turístico por el avistamiento de fauna única, no solo las tortugas verdes, sino cetáceos, pingüinos, chungungos y otros. Motivos por el cual presentaron innumerables consideraciones y reparos al proyecto en su fase de estudio, no siendo consideradas. Lo que motivó por parte de estos dos municipios la presentación de un recurso contra el SEA impugnando la RCA favorable, ante el Primer Tribunal Ambiental, recurso que fue acogido en mayo de 2020 y ratificado por la Corte Suprema en febrero de 2021. Finalmente, el 6 de junio de 2022, durante la primera sesión del Comité de Ministros (máxima instancia del SEIA) del Gobierno de Gabriel Boric, se decide rechazar el proyecto Andes LNG definitivamente. Según explicó el Ministerio de Medio Ambiente en su momento:
(…) la iniciativa cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable de junio de 2019, sin embargo, existen deficiencias en la línea de base marina, por lo que es imposible descartar impactos significativos severos en especies y ecosistemas marinos en peligro de extinción, en un área propuesta para ser conservada. Entre las especies, se cuentan la tortuga verde, el chungungo y el pingüino de Humboldt, además de la evaluación de impactos del medio marino pasto marino, que juega un rol clave como sumidero de carbono (LaTercera.com, 06/06/2022).
En abril de 2019, se presenta al SEIA el proyecto Copiaport-E, inversión de US$450MM de capitales ligados a Eike Batista (ya condenado y en prisión), pretendiendo construir un megapuerto multipropósito, con almacenes, líneas de trasmisión eléctrica de alta tensión y una planta desalinizadora en la zona de Punta Cachos y Bahía Chascos debido al calado y rompeolas natural del sector.
Si bien el proyecto se vendía como el primer megapuerto ecológico de la región de Atacama, en el mes de junio de 2019 (un par de meses después de su ingreso al SEIA) se dio término anticipado al EIA del proyecto, pues carecía de información esencial para su aprobación. Posteriormente, en 2020 y con nuevos dueños, la tribu-nación Chiracahua Apache de Norteamérica a través de la firma St. Matthew, el proyecto es reingresado con mejoras de diseño al SEIA y subsanando los problemas anteriores, lo que consistió en la eliminación de la ciudad portuaria adyacente y del dragado adicional del lecho marino. Aun así el EIA pasa por tres Adendas en 2022, 2023 y 2025, y una consulta indígena entre 2024 y 2025, hasta que el 11 de septiembre de 2025 la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama le da su aprobación, catalogando los impactos a las tortugas verdes como poco significativos.
Los grupos opositores, principalmente la ONG Qarapara, el Colectivo en Defensa del Medio Ambiente Atacama “Codemaa”, y las comunidades de pobladores e indígenas de Totoral han desplegado una estrategia de defensa de la biodiversidad de la zona de Bahía Chascos, teniendo a la tortuga verde como estandarte, solicitando declarar el sector como Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos, así como el cambio de uso de suelo en el plano regulador de Copiapó, a fin de dotar a Punta Cachos y Bahía Chascos de un estatus de protección que evite su destrucción, dado que sus condiciones naturales la hacen susceptible al interés de megaproyectos que transformen el territorio en una zona sacrificial industrial, que no solo pone en riesgo a las especies marinas, sino al desierto florido y cercena una zona prístina y de enorme valor turístico y natural como lo es la costa entre Caldera y Huasco. Desplegando además una serie de estrategias de acción colectiva centradas en la difusión y concientización del valor turístico y natural del sector, organizando constantemente limpiezas y visitas ciudadanas a Bahía Chascos, presionando las instituciones e interviniendo espacios públicos. Un avance fue en 2018, cuando el entonces concejo municipal de Copiapó solicitó a la Seremi de Medio Ambiente regional la declaración de “Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos” a Bahía Chascos, solicitud que duerme en algún escritorio.
Contra el despojo qué mejor armadura que un caparazón
La aprobación de Copiaport-E no ha dejado indiferente a las instituciones ni a las organizaciones de defensa ambiental; rápidamente la Municipalidad de Caldera declaró su oposición a este acto, criticando la decisión como una amenaza a la comuna y anunciando la búsqueda de las vías legales necesarias para impedir su puesta en marcha. Se espera el pronunciamiento del municipio de Copiapó en dicha materia, para despejar si mantendrá una postura de defensa de la zona costera de Bahía Chascos que había mostrado con anterioridad o bien dará un giro sacrificial. Por su parte, Codemaa se ha declarado en alerta convocando a desplegar una agenda colectiva más intensa de movilización y judicialización.
Por una parte, destaca con fuerza mediática el posicionamiento que el proyecto Copiaport-E quiere alcanzar, poniendo en valor el lugar potencial de Atacama en la cadena de almacenamiento y logística con este nuevo puerto. Lo que contrasta, con los juicios expertos en la materia, que, si bien destacan al nuevo puerto que viene a llenar un vacío entre Coquimbo y Antofagasta, se pone de manifiesto que no impacta de manera significativa en la capacidad portuaria nacional, mucho menos con potencial de inserción relevante en las cadenas de transporte internacionales (ver Diario Atacama, 13/09/2025, pp. 4).
En un sentido similar, las organizaciones sociales en defensa ambiental han levantado como propuesta el aprovechamiento de otras zonas en la región, ya sea por el estado de sacrificio ambiental previo, como por su decaimiento social y económico, pudiendo estos ver dinamizados sus situaciones socioeconómicas locales sin mayor sacrificio ambiental, tal como el caso de la bahía de Chañaral y el puerto industrial de Barquitos, zona que ya presenta un calado importante, y la inversión requerida en acondicionamiento lo reduce con otras infraestructuras y recursos ya disponibles como carreteras, red eléctrica, mano de obra y servicios aledaños.
Cabe preguntarse si la intención no es ‘meternos el dedo en la boca’; que si Copiaport-E no es, en jerga militar, una “cabeza de playa” para el desarrollo de un polo industrial e inmobiliario en la zona (ambición ya trazada), donde quienes hoy son dueños de la tierra cercana, por ejemplo, de Hacienda Castilla (220 mil hectáreas y 45 km de línea de costa), serían eventualmente los principales beneficiados.
Tampoco se justifica la votación dada por los seremis regionales de un gobierno declarado como ‘ecologista’, decisión que perfectamente puede ponerse en contraposición con la decisión que a comienzos de este mismo gobierno tomó el Comité de Ministros rechazando Andes LNG, que, si bien tiene diferencias significativas, la zona de afectación se mantiene, a fin de cuentas, el sacrificio será el mismo. Mucho más contradictorio es a sabiendas que muchos/as de las militancias del actual gobierno han estado codo a codo en las causas medioambientales, contra Castilla y luego contra Andes LNG. Cabe preguntarse con qué posición aquellos/as militantes de base volverán a refugiarse en los movimientos sociales el día que no sean gobierno, una vez que sus autoridades venidas de lejos se vayan a protegerse a municipios, gobernaciones o fundaciones de su color político, y queden los/as mismos/as de siempre en el territorio.
Por Octavio Echeverría Alfaro
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