La protesta exige que se detengan los desalojos sin una solución definitiva, criticando la ineficacia estatal y su negocio con constructoras e inmobiliarias.
Agrupaciones de tomas y campamentos convocaron a una movilización nacional para este viernes 26 de septiembre a las 11:00 horas frente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, marchando hasta el Palacio de La Moneda. Esta acción busca visibilizar y exigir al Gobierno el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos y una solución definitiva a la crisis habitacional que, según denuncian, es alimentada por la especulación del suelo y la ineficacia de las políticas públicas.
La presidenta del comité de vivienda Avanzando por una Realidad y vocera del campamento Dignidad de La Florida, María José Díaz, enfatizó que la exigencia no es que el Gobierno priorice a las comunidades, sino que «se cumplan los tratados internacionales firmados con Chile sobre la responsabilidad de los Estados en los desplazamientos forzados de personas». Esta declaración surge en un contexto donde el déficit habitacional se agrava y la población más vulnerable se ve obligada a buscar soluciones por cuenta propia, mientras que, según las agrupaciones, enfrentan procesos de criminalización como el desalojo ocurrido en Curanilahue.
Desde San Antonio, Valeska Vega, presidenta de la organización comunitaria Suyai, agrega que el objetivo de la manifestación es «ocasionar un impacto social, visibilizar nuestra real necesidad que ha sido causa de la ineficacia del Estado y del negociado que se ha vuelto una solución de los gobiernos con la inmobiliaria y constructoras», espeta. Las dirigentas apuntan directamente a los intereses, señalando que la especulación con el valor del suelo es la verdadera causa del problema, beneficiando a «dueños de la tierra y el capital» y a los grandes actores del sistema financiero.
Ante la falta de respuesta estatal y de un mercado que provea viviendas dignas, las comunidades de tomas y campamentos optaron por la autogestión. Díaz la defiende asegurando que «la autogestión seguirá abriendo caminos y las movilizaciones continuarán». Esta práctica, considerada históricamente como una forma de resolver el problema de la vivienda y la subsistencia, es vista por las dirigentas como la «mayor fuerza en la lucha» junto a la unión de la comunidad.
Las líderes sociales también hicieron un llamado a la sociedad a reflexionar sobre el impacto de la criminalización y las desocupaciones. Valeska Vega lamentó que «nadie tiene idea del daño que causan» los desalojos y recordó que «las tomas y campamentos siempre han sido una solución a la crisis habitacional», un hecho que, a su juicio, se perdió desde la entrada en vigencia de la «ley maldita de usurpación». Vega también instó a no normalizar los créditos hipotecarios y el endeudamiento a 30 o 40 años, pues solo aseguran «las millonarias cuentas bancarias a los más ricos y dueños del país», afirma.
Ambas dirigentas son claras al solicitar que no se ejecuten más desalojos hasta que las autoridades otorguen una solución definitiva de vivienda para las familias que realmente la necesiten.
