Anualmente, Alemania encarcela entre 8 000 y 9 000 personas en situación de pobreza, sin hogar y desempleadas por no pagar multas de transporte según el artículo 265a, una ley promulgada en 1935 bajo el régimen nazi. Marco Buschmann, exministro de Justicia del Partido Democrático Libre (FDP), propuso que la evasión de tarifas se considerara una infracción administrativa, pero su proyecto de ley fracasó con la crisis de gobierno de 2024. Actualmente, bajo la coalición de derecha del canciller Friedrich Merz, las políticas económicas que favorecen a lxs ricxs y las medidas de austeridad amenazan con agudizar la desigualdad mientras los programas de bienestar social se enfrentan a recortes.
Entre 8 000 y 9 000: este es el número aproximado de personas en prisión por año en Alemania por no pagar un billete de transporte público. Cuando se les descubre, se les pide a lxs pasajerxs que paguen una multa, que normalmente asciende a € 60 (US$ 70). Quienes no pueden pagar y ven que las multas se acumulan reciben una pena de prisión de hasta un año. No es sorprendente que sean principalmente las personas en situación de pobreza quienes son encarceladas. Según el Freiheitsfonds (Fondo de la Libertad), que lucha por las personas en prisión por evasión de tarifas, el 87 por ciento está desempleado, el 15 por ciento no tiene hogar y el 15 por ciento corre riesgo de suicidio. El problema se agrava por el hecho de que muchas de las personas en prisión han perdido su hogar al salir de prisión.
El artículo 265a del Código Penal alemán, la disposición legal que penaliza severamente a quienes evaden tarifas, se introdujo por primera vez en septiembre de 1935, más de dos años después de que lxs nazis tomaran el poder. La criminóloga Nicole Bögelein, de la Universidad de Colonia, explicó los antecedentes históricos del artículo 265a. Comenta que la medida no tenía originalmente como objetivo prevenir el fraude relacionado al transporte, sino reducir “el uso indebido de un transporte público”. Por aquel entonces, “el uso indebido de las máquinas expendedoras se consideraba ‘el tipo de fraude en la prestación de servicios más frecuente y más económicamente riesgoso’”.
Actualmente, la mayoría de los casos recogidos en el artículo 265a corresponden a la evasión de tarifas. Leo Ihßen, que trabaja para el Freiheitsfonds, afirma que «no resulta excepcional que el código penal alemán aún conserve leyes procedentes del período nazi». Aun así, el artículo 265a «es un ejemplo muy evidente de cómo una ley introducida en aquel tiempo continúa teniendo graves consecuencias sociales hoy en día, sobre todo para quienes viven en la pobreza». Ihßen añade que esta disposición legal «no solo proviene de un período extremadamente problemático y de gran carga histórica, sino que también refleja claramente la mentalidad de lxs legisladorxs socialchovinistas de aquella época».
La reforma que no se produjo
En noviembre de 2024 se produjo la caída del gobierno alemán, formado por el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, centroizquierda), Los Verdes y el Partido Democrático Libre (FDP). Después de meses de tensiones internas crecientes, Olaf Scholz, el entonces canciller, solicitó a Christian Lindner, líder del FDP y ministro de Finanzas, que dejara el gobierno. Otros dos ministros del FDP dimitieron de sus cargos, incluido Marco Buschmann, ministro de Justicia.
Buschmann había estado hablando sobre la necesidad de modificar el artículo 265a del código penal desde 2022. Sin embargo, dejó el gobierno sin que el proyecto de ley para modificar el artículo 265a llegara a una sesión plenaria en el Parlamento. Buschmann pretendía reclasificar la evasión de tarifas de delito penal a infracción administrativa, similar al estacionamiento indebido, lo que habría evitado que más personas fueran a la cárcel por ello.
Dicha reforma contaba con el apoyo del público, independientemente de las preferencias partidistas. Según una encuesta de 2023, el 69 por ciento de la población alemana estaba a favor de que se considerara una infracción administrativa. Lxs votantes de Los Verdes y del partido de izquierda Die Linke fueron quienes más favorecieron, aunque hubo una mayoría a favor del cambio, incluso entre quienes más se resistían, por ejemplo, entre votantes de la extrema derecha Alternative für Deutschland (AfD) y del FDP. Cuando las encuestas preguntaron a la ciudadanía si apoyaba que las personas que evaden tarifas fueran a prisión, los resultados fueron menos concluyentes. El 50 por ciento lo consideró incorrecto, pero el 45 por ciento lo consideró como apropiado.
Este apoyo multipartidista no resulta muy sorprendente si se considera que la modificación de la legislación actual ha sido defendida desde posiciones políticas muy distintas. Mientras que una perspectiva izquierdista destaca la desigualdad entre personas ricas y pobres ante la ley, una postura más neoliberal critica el coste innecesario que esto supone para el Estado. En la costosa ciudad de Berlín, encarcelar a alguien durante cuarenta días —una sanción realista— puede costar hasta € 9 000 (US$ 10 560), sin contar los gastos derivados de los tribunales y la policía.
En Berlín, Hamburgo y Múnich, las tres ciudades más grandes del país, las autoridades locales de transporte público continúan denunciando ante la policía a quienes reinciden en el impago de un billete. Sin embargo, otras ciudades como Colonia, Bonn, Bremen, Dresde o Leipzig han seguido otro rumbo en los últimos años. Aunque la evasión de tarifas continúa siendo sancionada con una multa, ya nadie denuncia a lxs evasorxs ante la policía.
El criminólogo de la Universidad de Colonia, Bögelein, señala que «la evasión de tarifas debería eliminarse por completo del ámbito penal y administrativo». Según ella, actualmente este delito se sanciona dos veces: primero por la compañía de transporte público y después por el Estado. Las empresas de transporte exigen el pago de una multa, y a ello se suma la sanción del Estado.
Bögelein propone que la evasión de tarifas sea solo tratada por el derecho civil. Del mismo modo, Ihßen, del Freiheitsfonds, explica que su agrupación propone ir más allá de la propuesta de Buschmann y derogar el artículo 265a sin reemplazarlo por otro. Esta afirma que «los procedimientos civiles actuales bastan para gestionar los impagos de tarifas. Las personas no deberían afrontar cargos penales ni penas de prisión por no tener un billete».
Una señal de problemas mayores
Quienes evaden tarifas representan solo una parte de las aproximadamente cincuenta mil personas en prisión en Alemania cada año, pese a no haber sido condenadas inicialmente a prisión. Acaban encarceladas porque no tienen el dinero para pagar las multas. Además de evadir el pago de tarifas, otros delitos comunes incluyen conducir sin un permiso o robar.
Las estadísticas sobre la población reclusa no solo reflejan los efectos de la pobreza, sino también las divisiones que persisten en Alemania 35 años después de la reunificación, ya que los cinco estados federados que pertenecieron a la República Democrática Alemana (RDA) continúan figurando como los cinco más pobres.
Los ocho estados federados con la tasa más baja de personas en prisión por impago de multas en 2021 eran Berlín o estaban en Alemania occidental. Mientras tanto, tres de los cinco estados federados que pertenecieron a la RDA se encontraban entre los cinco estados con la mayor tasa de personas en prisión por impago de multas. En 2020, por ejemplo, el 10 por ciento de todas las personas en prisión del estado oriental de Brandeburgo pertenecían a este grupo.
El duro castigo a quienes no pueden pagar una multa refleja un problema más general: la criminalización de la pobreza en una sociedad cada vez más desigual. En la década de 2010, en pleno auge de los llamados “años Merkel”, Alemania vio cómo su índice de Gini (que mide la desigualdad económica) subía de 30,8 a 32,4. El índice de riesgo de pobreza aumentó de 14,5 al 16,3 por ciento de la población durante ese mismo período.
Esto difícilmente mejorará bajo el actual gobierno alemán, liderado por lxs demócratas cristianxs de derecha. El nuevo canciller, Friedrich Merz, se define como un integrante de la clase media alta, pero es millonario, exdirectivo de la empresa de gestión de inversiones BlackRock y propietario orgulloso de un avión privado.
A juzgar por su insistencia en el tema, la propuesta de Merz para reactivar el crecimiento económico alemán —respaldada con entusiasmo por Katherina Reiche, su ministra de Economía— consiste a grandes rasgos en que la población alemana trabaje más horas y por más años. En una de sus primeras decisiones económicas importantes, el gobierno adoptó subsidios para bajar los precios de la energía en agricultura e industria, sin afectar a pequeñas empresas y hogares. Se trata de una redistribución de la riqueza desde las personas más pobres hacia las más ricas, además de un incumplimiento de la promesa de bajar los precios de la energía para todxs, anunciada tras la formación del Gobierno en mayo.
La crisis de los precios de la energía genera dudas sobre si el SPD, socio minoritario del canciller Merz, estará dispuesto o será capaz de frenar los peores excesos neoliberales de Merz. Bärbel Bas, ministra de Trabajo y copresidenta del SPD, pertenece al ala del partido declarada izquierdista y comenzó su carrera desde orígenes humildes. Sin embargo, su compañero Lars Klingbeil, copresidente del SPD, ministro de Finanzas y vicecanciller de Alemania, pertenece al Seeheimer Kreis, facción conservadora del partido. Klingebeil ha colocado a muchxs de sus fieles en el gobierno.
Bas, que prometió en el último congreso del SPD que no habría grandes recortes sociales bajo su mandato como ministra, se enfrenta a un reto difícil tras el receso parlamentario de verano, cuando se esperan cambios fundamentales en el Bürgergeld o programa de prestación ciudadana. Este programa de asistencia social, destinado a quienes no tienen ingresos o no ganan lo suficiente para mantenerse a sí mismxs y a sus dependientes, ha sido criticado por el influyente tabloide Bild (periódico de mayor difusión en Europa) y por políticxs de derecha y de extrema derecha.
Para ellxs, cualquier caso real o supuesto de fraude en las prestaciones sociales justifica la condena general de un subsidio que reciben más de 5,5 millones de personas en Alemania. También exigen sanciones más duras para quienes rechacen trabajos fuera de sus cualificaciones, y que se reduzca el gasto en vivienda. Fuera del debate está el hecho de que un número creciente de trabajadorxs tiene derecho al Bürgergeld, porque los salarios no acompañan el ritmo de la inflación y tener empleo no garantiza evitar la pobreza. A pesar de la atención mediática, el fraude del Bürgergeld asciende a 260 millones de euros (301 millones de dólares), una fracción insignificante de los 100 000 millones de euros (115 000 millones de dólares) que Alemania pierde anualmente por multinacionales que se sirven de compañías en paraísos fiscales y vacíos legales.
Entonces, ¿hay posibilidad de despenalizar la evasión de tarifas con este gobierno? Ihßen, del Freiheitsfonds, señala que el SPD ahora dirige el Ministerio de Justicia y que «el partido se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de derogar esta disposición obsoleta». Ha llegado el momento de demostrar si cumplen realmente con lo que han declarado, dice Ihßen, quien, no obstante, ve a lxs demócratas cristianxs como actorxs clave.
Mientras tanto, este septiembre, el Freiheitsfonds planea conmemorar el noventa aniversario de la introducción del artículo 265a de manera original. Están recaudando dinero para pagar las multas de las personas en prisión por evasión de tarifas y celebrar, en sus palabras, «la mayor liberación de personas en prisión en la historia de la República Federal de Alemania”.
*Artículo de Marc Martorell Junyent, autor e investigador radicado en Múnich, publicado originalmente en Wire.
