La Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria manifestó su «profunda preocupación» ante el reportaje emitido por Chilevisión, que aborda el caso de Bernarda Vera, persona registrada como detenida desaparecida durante la dictadura civil-militar, y que presuntamente estaría viviendo hoy en Argentina.
Compartimos a continuación, la declaración completa de la Coordinadora:
«En primer lugar, es fundamental reafirmar que todas las organizaciones de derechos humanos, en especial los Sitios de Memoria y las agrupaciones de familiares, han mantenido históricamente un compromiso firme y permanente con la búsqueda de verdad y justicia.
El reportaje en cuestión desliza dos elementos particularmente delicados que deben ser tratados con la máxima responsabilidad y cautela:
Supuesta falsedad en la condición de detenida desaparecida: Según la información disponible, doña Bernarda Vera fue reportada como desaparecida durante la dictadura, siendo militante activa del MIR, lo que –de acuerdo con diversos testimonios– sustentó su incorporación al Informe Rettig como víctima de desaparición forzada.
Sin embargo, según antecedentes recientemente entregados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, se ha conocido –recién en mayo del presente año– la existencia de documentación que indicaría que una persona con el mismo nombre y de nacionalidad chilena reside actualmente en Argentina, luego de haber pasado por Suecia. Esta información fue divulgada públicamente en el marco del último informe del Plan Nacional de Búsqueda.
Cabe señalar que el reportaje de Chilevisión no entrega pruebas concluyentes que confirmen que se trata efectivamente de la misma persona. La única fuente citada es una declaración ‘off the record’ del presunto hijo, lo cual no constituye una verificación certera de identidad. En caso de confirmarse que se trata de la misma persona, queda claro que debió salir del país por riesgo a su vida, dejando atrás a una hija que hasta hoy sigue buscando a su madre.
Supuestos beneficios indebidos obtenidos por la familia: El reportaje también insinúa que la familia habría recibido beneficios del Estado con base en una falsedad.
Al respecto, debemos aclarar que la hija de Bernarda Vera, sin tener noticias de su madre por décadas, actuó en todo momento de buena fe, impulsada por los testimonios que señalaban su detención y posterior desaparición. En ese contexto, solicitó su incorporación al Informe Rettig con el legítimo propósito de buscar verdad y justicia.
Si efectivamente se comprobara que doña Bernarda Vera está viva, lo que corresponde es rectificar su situación en los registros oficiales, retirándola de la nómina de personas desaparecidas. No obstante, esto no invalida ni minimiza el dolor y abandono sufrido por su hija, quien durante más de 40 años vivió bajo la convicción –avalada por relatos y circunstancias históricas– de que su madre había sido víctima del terrorismo de Estado.
Estos casos, que son excepcionales y aislados, no pueden ni deben ser utilizados para desacreditar ni relativizar la existencia de la desaparición forzada ni las ejecuciones sin entrega de cuerpo, que afectaron a más de 1.400 personas en Chile y por cuya verdad y justicia seguimos trabajando incansablemente.
Reiteramos que las organizaciones de derechos humanos seremos las primeras en denunciar cualquier irregularidad que llegue a nuestro conocimiento. Sin embargo, ello debe hacerse siempre con responsabilidad, evidencia sólida y rigurosidad, para no contribuir a discursos negacionistas que solo buscan deslegitimar las luchas por los derechos humanos.
El Estado tiene la obligación de fortalecer y proteger el Plan Nacional de Búsqueda, como herramienta fundamental para esclarecer el destino de las personas desaparecidas y ejecutadas, y avanzar hacia el cumplimiento real del “Nunca Más”, no como una consigna, sino como un compromiso concreto y alcanzable.
Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria».
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El Ciudadano
