La Consulta Indígena suspendida abrió un nuevo cuadro político y social en el sur del país. Tras el anuncio del Gobierno —que detuvo de forma momentánea el proceso en 71 localidades de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos—, Elisa Loncon Antileo valoró que el Ejecutivo escuchara a las comunidades mapuche y emplazó a avanzar en una nueva institucionalidad indígena con competencias y financiamiento, además de un diálogo en el marco del Convenio 169 de la OIT. La ex presidenta de la Convención Constitucional y hoy candidata al Senado (independiente en cupo del Partido Comunista) fijó su posición en un mensaje público que marca la cancha del debate de fondo.
“Saludamos que el Gobierno haya escuchado a las comunidades al suspender la Consulta Indígena. Es momento de avanzar hacia una nueva institucionalidad indígena con competencias y financiamiento. El diálogo dentro del convenio 169 sin imposiciones es el mejor camino siempre”, afirmó la referente mapuche mediante su cuenta de X.
Saludamos que el Gobierno haya escuchado a las comunidades al suspender la Consulta Indígena.
Es momento de avanzar hacia una nueva institucionalidad indígena con competencias y financiamiento.
El diálogo dentro del convenio 169 sin imposiciones es el mejor camino siempre.
— Elisa Loncon Antileo (@ElisaLoncon) September 30, 2025
Consulta Indígena suspendida: el llamado de Elisa Loncon a una nueva institucionalidad indígena
La suspensión del procedimiento, comunicada por Interior y Desarrollo Social y Familia, opera —según el propio Ejecutivo— como un mecanismo reglamentario que puede ser solicitado por el pueblo involucrado para abrir una fase de diálogos territoriales. El objetivo declarado: profundizar propuestas para un sistema de acceso a tierras más ágil y eficiente.
En ese contexto, Loncon instala dos ejes que tocan la fibra del problema histórico: institucionalidad y financiamiento. No es una discusión meramente administrativa; se trata de quién decide, con qué atribuciones y con qué recursos se implementan las políticas que afectan a los pueblos originarios. Su planteamiento, además, subraya un requisito político: que el diálogo se encauce “dentro del convenio 169” y “sin imposiciones”.
Como académica —Magíster en Lingüística (UAM-I, México), PhD en Humanidades (Universidad de Leiden) y Doctora en Literatura (PUC)— y figura mapuche de proyección nacional, Loncon vuelve a posicionar el estándar internacional como piso: el Convenio 169 no es una formalidad, es regla del juego.
¿Qué suspendió el Gobierno y por qué?
De acuerdo con el comunicado oficial, la pausa se adopta tras los primeros encuentros de la etapa de planificación en las 71 localidades consideradas por la Consulta Indígena sobre un nuevo sistema de tierras, cuyo mecanismo fue cuestionado desde su inicio por varias comunidades. El Ejecutivo estima que la suspensión permitirá “dar paso a una serie de diálogos territoriales con los distintos actores”, a fin de profundizar propuestas para un mecanismo más ágil y eficiente que el vigente.
El propio texto gubernamental recuerda que “La suspensión es un mecanismo contemplado en el reglamento de Consulta Indígena, el cual puede ser solicitado por el pueblo involucrado, como ha ocurrido en este proceso.” Al mismo tiempo, el Gobierno afirma su compromiso con un diálogo intercultural basado en respeto, justicia y reconocimiento, y liga el proceso a la reparación de una deuda histórica del Estado.
Para las comunidades, ese punto —la deuda histórica— no es solo retórica. En notas previas y debates públicos, el acceso a tierras aparece como una demanda estructural: si el Estado reconoce el problema, la pregunta inmediata es cómo y con qué institucionalidad se resuelve.
Nueva institucionalidad: competencias y financiamiento
Cuando Elisa Loncon pone sobre la mesa “una nueva institucionalidad indígena con competencias y financiamiento”, el mensaje va a la médula: los diseños institucionales importan. No basta con mesas de trabajo o diálogos de buena voluntad; se requieren órganos con atribuciones reales, presupuestos estables, capacidad técnica y mecanismos de control que eviten que las soluciones se diluyan en el tiempo.
En lo práctico, “competencias” significa mandatos claros (por ejemplo, para gestionar compra y restitución de tierras, o para articular instrumentos de desarrollo territorial con pertinencia cultural). Y “financiamiento” no es un apéndice: sin recursos, cualquier promesa queda en papel. Loncon fija así un mínimo político que obliga al Estado a mirar el largo plazo y a blindar las soluciones frente a los vaivenes coyunturales.
El Convenio 169 como piso del diálogo “sin imposiciones”
El segundo eje que instala Loncon —“El diálogo dentro del convenio 169 sin imposiciones”— es un recordatorio de obligaciones internacionales. El Convenio 169, vigente en Chile, no propone plebiscitos decorativos: exige consulta previa, libre e informada y, sobre todo, mecanismos que aseguren incidencia real en las decisiones que afecten directamente a los pueblos.
Hablar de diálogo “sin imposiciones” no es una frase bonita: implica diseños participativos, tiempos razonables, materiales en lengua y formatos pertinentes, y garantías de que la palabra de las comunidades no será una formalidad. En otras palabras, un proceso que reconozca la autonomía y respete la representación.
Lo que se abre con la suspensión: diálogos, calendario y riesgos
La suspensión no cierra la conversación; la reencauza. En las próximas semanas, el Gobierno anunció diálogos territoriales con distintos actores. Para que el proceso no se estanque, hay tres condiciones políticas que serían razonables:
- Reglas claras y cronograma público: saber cuándo y dónde serán los diálogos, quiénes participan y cómo se sistematizarán los acuerdos.
- Traducción institucional de los acuerdos: establecer qué órgano del Estado (o de la nueva institucionalidad) implementará las decisiones con presupuesto asignado.
- Transparencia y seguimiento: informes periódicos, rendición de cuentas y mecanismos para corregir desvíos en el camino.
El riesgo evidente es que la suspensión se convierta en pausa indefinida. Para evitarlo, la institucionalidad propuesta por Loncon ofrece un anclaje: un sujeto estatal con mandato, competencias y recursos para ejecutar acuerdos vinculantes.
El rol de Loncon hoy: autoridad intelectual y candidata
Que Elisa Loncon intervenga como referente mapuche y académica suma densidad al debate; que además lo haga como candidata al Senado le añade costo político: si empuja este estándar y llega a la Cámara Alta, deberá defenderlo con proyectos y votos. Su biografía —entre la academia y la política— la obliga a convertir conceptos (consulta, diálogo, nueva institucionalidad) en arquitecturas legales con resultados medibles en el territorio.
Una oportunidad para salir del loop
El punto que subyace es más amplio que un trámite suspendido: ¿aprendemos de los procesos anteriores o repetimos el loop? Las comunidades han advertido durante años que sin institucionalidad a la altura y sin recursos, la consulta es papel y la política pública no cambia. La ventana que se abrió con la Consulta Indígena suspendida dependerá de que el Estado y los pueblos acuerden un diseño robusto y sostenible.
“Es momento de avanzar hacia una nueva institucionalidad indígena con competencias y financiamiento.”
“El diálogo dentro del convenio 169 sin imposiciones es el mejor camino siempre”.
Las frases son claras. Lo que viene —diálogos, propuestas y legislación— dirá si esta vez las palabras se traducen en decisiones.
