A 52 años del golpe, ex prisioneros políticos denuncian que las listas de espera psiquiátricas y el colapso administrativo truncan la salud y bienestar que se les garantizó.
Jaime M. es uno de los muchos ex prisioneros políticos que contó con la ayuda y servicio del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud —PRAIS—, una prometedora iniciativa del Ministerio de Salud, pero que ha quedado al debe. Su historia comienza en 1975, cuando fue detenido, pero lejos de terminar, se envuelve en un ciclo cuando la promesa de reparación formalmente reconocida es materialmente incumplida.
Después de 35 años desde la vuelta a la democracia, las víctimas de traumas extremos, cuyas heridas físicas y psicológicas fueron reconocidas por el Estado chileno, se enfrentan a un nuevo castigo de burocracia que les niega la atención especializada y urgente.
Deuda histórica e incumplimiento de reparación integral
PRAIS fue establecido como parte del compromiso ineludible del Estado chileno con la reparación hacia las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares, acompañando a quienes sufrieron detención, tortura y/o exilio político entre el 73’ y los 90’. La promesa fundamental del PRAIS es la gratuidad total en todas las atenciones médicas y hospitalarias de la red asistencial pública para el beneficiario y su grupo familiar, así como la provisión de atención especializada en salud mental y física a través de equipos dedicados al diagnóstico y rehabilitación de las secuelas de la traumatización extrema.
A pesar de que Chile entregó la credencial que formaliza este derecho, para muchos sobrevivientes esta promesa se diluye en un sistema colapsado. Jaime, siendo ex prisionero político lleva 30 años arrastrando graves secuelas, sintiendo que el papel no vale nada frente a la inacción: “El Estado reconoció el daño. Me entregaron mi credencial PRAIS. Me dijeron que era la reparación, la garantía de salud integral. Pero, ¿sabe lo que es la integralidad para mí? Es la burocracia, la lista de espera, la negación”, sostiene.
La herida que no puede esperar seis meses
El testimonio de Jaime expone que, si bien la gratuidad opera, el corazón del PRAIS — la atención psiquiátrica especializada— está fallando catastróficamente. Las secuelas de la tortura son permanentes y requieren un acompañamiento constante y efectivo, demanda que el sistema ignora: “La tortura no fue un mal rato; fue un borrado de quién era yo”, asegura, agregando que: “Hoy, 50 años después, mi cuerpo sigue pagando la cuenta: las rodillas destrozadas, el dolor crónico que no me deja en paz, y los terrores nocturnos que me hacen revivir la parrilla cada vez que cierro los ojos”, confiesa.
La solicitud de atención urgente para sus pesadillas y dolor crónico se encontró con una respuesta burocrática insostenible: “Fui a pedir una hora y me dijeron: ‘Vuelva en seis meses, no tenemos psiquiatras con cupo’. Esos seis meses se han convertido en un año, y ese año en una resignación dolorosa”, afirma. Esta negligencia convierte el compromiso de reparación en sufrimiento diario donde el trauma no espera: “No puedo parar la pesadilla hasta que el Gobierno se digne a contratar un médico. Me siento doblemente castigado: primero por la dictadura, y ahora, por un Estado que me da un papel que dice ‘reparación’, pero me niega el alivio”, lamenta.
La deuda se paga con hechos
La historia de Jaime M. no es una excepción, pues cientos de víctimas se enfrentan a la falta de profesionales especializados y al desfinanciamiento de los equipos PRAIS, lo que vulnera su dignidad. El programa, diseñado para reparar la salud integral, está fallando y condenando a los sobrevivientes a gestionar el dolor por su cuenta.
El llamado de atención va dirigido directamente al Ministerio de Salud: “Necesitamos que nos atiendan ahora. No mañana, no en seis meses. La justicia y la dignidad no tienen lista de espera”, sentencia Jaime. Se demanda la implementación de un plan de urgencia con financiamiento extraordinario para eliminar las listas de espera psiquiátricas y psicológicas del PRAIS, entendiendo que la reparación es una exigencia de Derechos Humanos que no puede estar sujeta a la inestabilidad presupuestaria.
