Una querella presentada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, como parte del Plan Nacional de Búsqueda, busca esclarecer el destino final de más de un centenar de ejecutados políticos que entre 1973 y 1977, fueron enterrados y luego exhumados clandestinamente en el cordón montañoso Cuesta Barriga por parte del Comando Conjunto y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
La Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, interpuso una querella criminal ante la Corte de Apelaciones de San Miguel que busca desentrañar uno de los capítulos más sombríos de la desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. La acción judicial apunta a los delitos de inhumación y posterior exhumación ilegal de al menos 110 personas en el sector conocido como Cuesta Barriga, un cordón montañoso cercano a Curacaví, utilizado masivamente como fosa clandestina entre 1973 y 1977 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), del Comando Conjunto Antisubversivo y de Carabineros de la tenencia de Curacaví.
La acción judicial, presentada por la subsecretaria Daniela Quintanilla, y la jefa del programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, se sustenta en un sólido cuerpo probatorio que incluye los testimonios de 15 exagentes de distintos organismos represivos, prestados en 10 causas judiciales distintas.
Estos relatos coinciden en señalar a la Cuesta Barriga, particularmente en una antigua mina ubicada en el kilómetro 12 de la Ruta 68, como un destino recurrente para hacer desaparecer los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados. «Son 110 víctimas por las cuales estamos presentando este escrito», afirmó Quintanilla.
El expediente judicial no solo busca establecer responsabilidades por el enterramiento clandestino, sino que también por la posterior remoción de los cadáveres, una operación encubridora ordenada desde el más alto nivel tras el hallazgo de otras fosas.
«Las querellas previas se centraban en buscar a los responsables de los delitos de secuestro y homicidio de las víctimas, pero hoy apuntamos a la investigación del delito de inhumación y exhumación ilegal y con ello, la búsqueda», explicó Zamorano, delineando el enfoque innovador de esta acción legal que prioriza el derecho a la verdad y al duelo de las familias.
El descubrimiento del horror en Cuesta Barriga
La historia del uso de la Cuesta Barriga como necrópolis clandestina comenzó a desentrañarse con la declaración del exagente de la DINA Héctor Valdebenito Araya, alias “El viejo verde”, ante la Brigada de Derechos Humanos de la PDI el 7 de febrero de 2007. Valdebenito, nervioso en su indagatoria, relató cómo en 1975, durante un rastreo para capturar al líder del MIR Andrés Pascal Allende, descubrió el lugar.
“De esta forma, en horas de la noche, llegamos a la Cuesta Barriga, encontrándonos con unos lugareños que cazaban conejos instalando trampas. Nos percatamos por una fogata que mantenían encendida. Al acercarnos nos mostraron el lugar, caminando por los alrededores, hasta llegar a una cueva que nos enteramos correspondía a una mina, en donde verificamos que no se encontraban los fugitivos”, declaró.
Ese hallazgo fortuito se transformó en protocolo del horror. Poco después, Valdebenito llevó al lugar a su superior, el mayor Juan Morales Salgado, jefe de la Brigada Lautaro y ex escolta de Augusto Pinochet. Posteriormente, en una operación nocturna, guio hasta el sitio a dos oficiales de la Brigada Caupolicán, los notorios exagentes Ricardo Lawrence y Germán Barriga.
Cuando llegaron al acceso de la antigua mina los agentes de la otra brigada descendieron de sus vehículos y descargaron de ellos tres o cuatro bultos, que lanzaron hacia el pozo ubicado al interior de la mina.
Según el «viejo verde», los bultos olían a quemado y señaló además que un agente de apellido Almendra le comentó que “seguramente los habían quemado después de matarlos, para luego hacerlos desaparecer en las entrañas de ese cordón montañoso”, consignó El Mostrador.
Modus operandi de la DINA: sacos, cal y sopletes
Los testimonios de otros exagentes detallan con crudeza el procedimiento. María Angélica Guerrero, quien también integró la DINA, confesó: “integré el equipo de agentes que sacó dos cuerpos sin vida, envueltos en sacos paperos, los cuales fuimos a dejar al interior de una cueva que había en la Cuesta Barriga… siendo probable que le hayan echado cal encima”.
Jorgelino Vergara, el exagente que reveló la existencia del cuartel de exterminio Simón Bolívar, se refirió al flujo de víctimas y relató que los detenidos eran “interrogados y después se les ejecutaba, se les ensacaba, a algunos se le ponían rieles, de lo cual yo deducía que iban directo al mar, y los otros no, por lo que entendía que eran llevado a las minas de cal de Lonquén o Cuesta Barriga”.
El agente Eduardo Reyes Lagos aportó detalles aún más macabros, reconociendo haber participado en dos viajes a la mina. En el primero, con al menos diez víctimas; en el segundo, trasladando dos cuerpos desde Villa Grimaldi. Antes de arrojarlos al “socavón que tenía más de dos metros de ancho y que era profundo”, les quemaban las manos con sopletes para eliminar sus huellas dactilares.
La operación “Retiro de televisores” y la exhumación clandestina
La querella da un paso crucial al investigar no solo la ocultación inicial, sino la exhumación posterior de las fosas.
Tras el hallazgo de los hornos de Lonquén en 1978, el dictador Augusto Pinochet ordenó la operación denominada “Retiro de televisores”, una maniobra a nivel nacional para exhumar y desaparecer nuevamente los cuerpos, lanzándolos al mar desde helicópteros, incinerándolos o triturándolos.
El propio exdirector de la DINA, el fallecido Manuel Contreras Sepúlveda, alias “El Mamo”, admitió este operativo respecto a la Cuesta Barriga. Según su versión, en 1979 el entonces director de la CNI, Odlanier Mena, ordenó el retiro de los cuerpos porque “la Vicaría de la Solidaridad andaba muy cerca de encontrarlos”.
Contreras reconoció que se sacaron “80 sacos con alrededor de 200 cadáveres, los que fueron trasladados a Peldehue, donde en helicópteros fueron lanzados al mar”.
La persona que ejecutó la orden en terreno fue el exagente Enrique Sandoval Arancibia, quien en 2004 describió a la justicia la escena dantesca que encontró en la mina: “Estaba lleno de roedores, murciélagos, restos putrefactos y había olor en consonancia con los restos”.
Sandoval declaró haber trabajado con otros nueve agentes durante tres noches: “Sacamos 50 sacos de papas aproximadamente. Recuerdo que había huesos, restos de ropas, algunos estaban en bolsas plásticas grandes, la mayoría en todo caso estaban sin ser envueltos, e incluso tengo la impresión que sin ropas”. Para encubrir el rastro, arrojó al pique “cuerpos de unos cinco perros muertos”. Luego, los sacos fueron llevados en un camión a una parcela en Malloco, antes de su traslado final a Peldehue.
Fusilamientos y fosas poco profundas
La Cuesta Barriga no fue dominio exclusivo de la DINA. El famoso desertor del Comando Conjunto, Andrés Valenzuela, describió en 1984 a la periodista Mónica González cómo esa organización, dependiente de la FACH, operaba en el lugar. Relató fusilamientos in situ y enterramientos en fosas poco profundas.
“En la operación en la que yo participé había un olor típico de cementerio. Se notaba que antes habían ido a hacer otras operaciones”, dijo en esa ocasión. Incluso narró un macabro episodio: al alejarse a orinar, un compañero le advirtió: “estás meando sobre los muertos”. Al observar, notó “un montículo en que obviamente había dos o tres personas enterradas recientemente”. Entre las 17 víctimas atribuidas a este organismo está Carlos Contreras Maluje, quien intentó fugarse arrojándose contra un taxibús en movimiento en pleno centro de Santiago.
A estas víctimas se suman siete detenidos por Carabineros de Curacaví, fusilados en el lugar el 16 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Dos de ellos sobrevivieron inicialmente, José Barrera y Enrique Venega),pero uno, Barrera, fue detenido nuevamente en 1974 y permanece desaparecido, al igual que el caso de una de las víctimas del fusilamiento en la cuesta, Nicolás Gárate Torres.
La búsqueda persistente por parte de las familias
A pesar de la operación de limpieza, la tierra de la Cuesta Barriga no entregó todos sus secretos. En 2001 se hallaron restos óseos en la mina, y hasta la fecha se han identificado 11 de los 12 perfiles genéticos obtenidos en el lugar, correspondientes a las siguientes víctimas: Jenny del Carmen Barra Rosales, Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, Juan Fernando Ortiz Letelier, Hernán Sántos Pérez Álvarez, Matilde Pessa Mois, Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Hernán Soto Gálvez, Jacobo Stoulman Bortnik y Jorge Andrés Troncoso Aguirre, reportó El Mostrador.
Para los familiares, esta querella representa una oportunidad para esclarecer los hecho tras una búsqueda de décadas. tal y como señal{o Ester Araneda, viuda de Alfonso Araya Castillo, una de las víctimas del Comando Conjunto,
«Mi esposo desapareció el 9 de septiembre de 1976, y por eso está en este listado… Con la agrupación hemos presentado todas las querellas posibles, toda la vidam con el tiempo conocimos más o menos quiénes eran los culpables… Pero esto, lo de hoy, para mí es súper importante, porque lo que busca el plan de búsqueda es saber el destino final de cada uno de nuestros familiares”, declaró al medio citado.
La acción judicial, que apunta contra “todos los que resulten responsables, directa o indirectamente”, busca ahora, a través de los tribunales, reconstruir la ruta final de los 110 detenidos desaparecidos, desentrañando no solo cómo fueron asesinados y ocultados, sino también el último y desesperado intento del aparato represor por borrarlos de la faz de la tierra.
*Foto destacada: Excavaciones en Cuestas Barriga (Museo de la Memoria).
