Tres expertos y relatores de la ONU condenaron este jueves 12/2 la amenaza del Presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer aranceles a aquellos países que envíen petróleo a Cuba, advirtiendo que «no hay una justificación bajo el derecho internacional a imponer sanciones económicas a terceros Estados por participar en intercambios legítimos con otro Estado soberano».
«Estas medidas de bloqueo pueden acabar constituyendo un castigo colectivo a los civiles», agregaron los representantes de Naciones Unidas.
A su juicio, la definición de Cuba como una «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad de EEUU, junto con la acusación de que apoya a grupos terroristas transnacionales -señalada tanto por Trump como por el secretario de Estado Marco Rubio- no tienen credibilidad «y parecen creadas para justificar el uso extraordinario de poderes coercitivos».
Asimismo, recordaron que la orden ejecutiva emitida el 29 de enero, donde Trump decreta este bloqueo de combustible, «supone un acto unilateral y carece de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU».
«En concreto, viola los principios de igualdad soberana, no intervencionismo y autodeterminación reflejados en la Carta de Naciones Unidas y los marcos internacionales de comercio definidos, entre otros, por la Organización Mundial del Comercio (OMC)», alertaron los relatores y expertos.
«Cuba ya está experimentando cortes de energía severos debido a las sanciones estadounidenses previas, con apagones de más de 20 horas en muchas zonas, afectando a la refrigeración de la comida y de los alimentos y contribuyendo a las crisis de salud pública», añadieron.
Frente a este complejo escenario, los relatores de Naciones Unidas llamaron al Gobierno de EEUU a «anular inmediatamente la orden ejecutiva y detener el uso de medidas económicas extraterritoriales».
Firmaron el comunicado el experto en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo George Katrougalos; el relator para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul; y el relator sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri.
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