“Aberración jurídica y puerta a la impunidad”: Parlamentarios del progresismo arremeten contra ley aprobada en el Senado
Una intensa polémica política se desató tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley (Boletín N° 17.370-17) que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que padezcan enfermedades terminales, discapacidades graves o que superen determinada edad. La iniciativa, que ahora deberá ser discutida en la Cámara de Diputados, plantea que ciertos reos puedan cumplir sus condenas fuera de la cárcel —como en reclusión domiciliaria total— bajo argumentos “humanitarios y de reinserción social”.
El proyecto sostiene que el sistema penitenciario chileno carece de una ley integral de ejecución penal y que muchas normas que afectan derechos de las personas privadas de libertad se basan en reglamentos administrativos, lo que, según sus autores, sería incompatible con estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Además, argumenta que el envejecimiento de la población penal, el hacinamiento carcelario y la falta de atención médica adecuada justifican modalidades alternativas de cumplimiento de pena para internos de edad avanzada o con enfermedades graves.
No obstante, la iniciativa abrió un fuerte flanco político y de derechos humanos. Su propia exposición de motivos reconoce que una parte relevante de los potenciales beneficiarios corresponde a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, varios de ellos recluidos en recintos como Punta Peuco o Colina. Desde sectores progresistas se ha advertido que la propuesta podría significar un intento de flexibilizar el cumplimiento efectivo de condenas en delitos considerados particularmente graves e imprescriptibles, tensionando además compromisos internacionales de Chile en materia de justicia transicional y reparación a las víctimas.
“Cuánto costará y cómo pretenden financiarlo”
El diputado por Antofagasta, Jaime Araya cuestionó el financiamiento de la propuesta y emplazó directamente a la derecha: “Le exijo a la derecha que explique cuánto costará y cómo pretenden financiar la ley de conmutación de penas que aprobaron en el Senado”.
El parlamentario añadió que el propio proyecto plantea que la vida en prisión debería asemejarse al medio libre, preguntando: “¿De dónde van a salir los recursos para eso? ¿Van a crear cárceles de lujo para violadores, homicidas y sicarios?”. Araya remató señalando que mientras se discuten beneficios penitenciarios, “miles de niños vulnerados en Mejor Niñez siguen esperando dignidad y apoyo del Estado. Las prioridades están completamente equivocadas”.
En otra publicación, Araya comentó: “Pedofilos, violadores, sicarios, narcotraficantes, abusadores sexuales a la calle, y todo para dejar libres a los degenerados que violaban a las mujeres con perros y les metían ratones en la vagina, para dejar libres a sus amigos asesinos, torturadores y violadores, van a poner en riesgo la seguridad de Chile, eso es lo que aprobaron los senadores de Kast”.
En la misma línea, el diputado PS por la Región de Coquimbo, Daniel Manouchehri calificó la iniciativa como extremadamente grave y sostuvo que el Congreso no puede legislar normas que favorezcan a delincuentes. “Cuando las leyes las escriben los abogados de criminales, el Congreso deja de representar a Chile. Esto es extremadamente grave. Debe investigarse a fondo”, afirmó.
El parlamentario agregó que, mientras se esclarecen los antecedentes, “ese proyecto debe retirarse. Chile no puede legislar aberraciones jurídicas hechas a la medida de psicópatas y delincuentes”.
Desde la Región de Valparaíso, la diputada María Francisca Bello también cuestionó duramente la aprobación en el Senado y llamó a recordar las votaciones. “Nunca olvidemos estas votaciones. Cuando se habla de seguridad, las decisiones importan”, señaló.
A su juicio, existe una contradicción política evidente: “No puede haber doble discurso: no se puede exigir mano dura y al mismo tiempo impulsar normas que abren la puerta a beneficios para condenados por delitos gravísimos. La seguridad se construye del lado de las víctimas”.
La diputada Lorena Fries, en tanto, apuntó directamente al trasfondo del proyecto y sostuvo que su verdadero objetivo sería favorecer a condenados por crímenes de lesa humanidad. “Sin arrepentimiento, colaboración ni cumplimiento efectivo de penas, no puede haber beneficios carcelarios para violadores de derechos humanos”, afirmó. Según la parlamentaria, “el verdadero propósito de este proyecto, aprobado hoy en el Senado, es mandar a la casa a los criminales de Punta Peuco”.
Fries insistió en que la propuesta intenta disimular ese objetivo ampliando los beneficios a otros delitos. “Siempre lo supimos: la verdadera intención detrás del proyecto de conmutación de penas es que criminales de lesa humanidad la cumplan en sus casas. Para que no se note, deja irse a otros asesinos y violadores”, sostuvo, agregando que, a su juicio, la iniciativa constituye “un mamarracho jurídico” que evidencia un intento de avanzar hacia la impunidad bajo el argumento de razones humanitarias.
Ver también video con declaraciones de Lorena Fries
