La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento en contra de siete empresas procesadoras de centolla de la Región de Magallanes y de ocho de sus ejecutivos, acusándolos de haber participado en un «cartel» que se coludió en el periodo comprendido entre 2012 y 2021, para fijar y manipular los precios de compra a pescadores artesanales de la zona.
Las compañías involucradas son: Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör.
La FNE solicitó al TDLC aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes aproximadamente a $51.870 millones (US$ 54 millones) a las siete empresas. Para los ocho ejecutivos identificados como responsables, se pidieron sanciones que alcanzan las 511 UTA, cercanas a los $424 millones (US$ 445 mil).
Modus operandi del “Cartel de la centolla”
De acuerdo con la investigación desarrollada por el organismo, los representantes de las compañías mantuvieron contactos para coordinar su comportamiento en el mercado. El objetivo central era suprimir la competencia en la compra de la centolla. Para lograrlo, se reunían de manera presencial en puntos como muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales, y utilizaban medios electrónicos como llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de este recurso que extraen los pescadores artesanales de Magallanes.
Gracias a estos antecedentes, las siete empresas podían coordinar sus precios de compra de centolla al comienzo de la temporada, y además retrasar o contener las alzas durante la temporada de extracción de julio a noviembre.
Según las pesquisas de la FNE, entre 2017 y 2021, estas empresas adquirieron entre 81% y 88% de la centolla viva capturada en la región, exportándola principalmente a China, Estados Unidos y México.
Asimismo, se constató como el precio de compra de la centolla experimenta un incremento durante la temporada de extracción, por medio de la colusión buscaban obtener un precio de inicio de temporada más bajo que el que se generaría en un escenario competitivo, para luego «retrasar o contener las alzas, trasmitiéndose entre ellas una preocupación por la evolución de los precios y actuando de manera coordinada frente a los pescadores», indicó el organismo en una nota de prensa.
«Al comunicarse, las empresas requeridas corroboraban, por ejemplo, cuánto estaban efectivamente pagando sus competidores -para confirmar o descartar la información entregada por los proveedores-, o cuál sería su estrategia en futuras compras, neutralizando de esta forma la independencia en la toma de decisiones y la incertidumbre sobre el comportamiento de los rivales que deben existir en un entorno competitivo», detalló el requerimiento de la FNE.
Impacto en el mercado y los pescadores
La investigación determinó que esta práctica colusoria generó un perjuicio económico directo y significativo para los pescadores artesanales de la zona. La FNE sostiene que, como consecuencia del acuerdo, los pescadores recibieron menores pagos por su captura en comparación con los montos que habrían percibido en un mercado competitivo, donde las empresas compiten libremente por el recurso. Un escenario muy distinto al de los permanentes contactos que mantenían las siete compañías y los ejecutivos y acusados.
Investigación, allanamientos y confesión
Las indagatorias de la FNE se iniciaron en julio de 2020, tras una denuncia, por lo queel organismo utilizó todas las herramientas legales a su disposición, lo que incluyó la solicitud de interceptaciones telefónicas a ejecutivos y allanamientos e incautaciones en las dependencias de las empresas ubicadas en Porvenir, Región de Magallanes.
Un punto de quiebre en la investigación se produjo en febrero de 2021, cuando se otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör Chile SpA y a tres de sus ejecutivos. Estos colaboraron con la FNE, «confesando su participación y la de las otras compañías en el cartel, y aportaron información crucial» para acreditar los hechos, consignó la nota de prensa.
Estas declaraciones, sumadas a las prestadas por otros ejecutivos que reconocieron los contactos, permitieron construir una evidencia necesaria para la presentación de la acusación ante el TDLC.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, enfatizó el alcance nacional del trabajo de la institución. “Con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”, manifestó.
Respecto al caso de colución, Grunberg destacó el daño concreto provocado: “Aunque hoy se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.
Esta acción contra el «cartel de la centolla» se enmarca en una estrategia más amplia de la FNE de focalizarse en mercados regionales. A fines de marzo de este año, la fiscalía presentó una acusación similar contra un grupo de panaderos industriales de la Provincia de Iquique por colusión en el mercado mayorista del pan.
El TDLC deberá ahora analizar las pruebas y los argumentos presentados para resolver la solicitud de multas.
