Gonzalo Vega Moreno, egresado de Derecho de la Universidad de Chile, es habitante de San Antonio, militante del Frente Amplio. Fue candidato a la alcaldía de esa comuna en el año 2024, obteniendo el segundo lugar. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario de la diputada Camila Rojas, en temas jurídicos y territoriales, especialmente en temas ligados al puerto, la pesca y a la temática habitacional. Se encuentra inscrito como precandidato a diputado por el Distrito 7.
– ¿Qué significa que la Cámara de Diputados apruebe la formación de una Comisión de Asuntos Portuarios?
– En lo formal, significa crear una nueva comisión a través de una modificación del artículo 216 del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, agregando un nuevo numeral para estos efectos. Esta comisión, a diferencia de las CEI (Comisiones Especiales Investigadoras), tiene un carácter permanente. Las CEI tratan temas contingentes sobre asuntos específicos pero que se agotan con el informe y las conclusiones de esta, en cambio una comisión permanente, perdura en el tiempo y puede acoger las diversas inquietudes y materias que el mundo portuario representa, dando seguimiento continuo a ellas y concentrando en una sola comisión todos los temas vinculados a puertos en Chile, lo que significa darle un espacio propio y específico al mundo portuario, a la altura de la importancia que estos tienen para el desarrollo económico de nuestro país. Si consideramos que el comercio exterior hoy por hoy se realiza casi en su totalidad por nuestros puertos y las exportaciones representan un tercio de los ingresos de toda la economía de Chile. Así y todo, no se cuenta con un espacio especial institucional, sea dentro o fuera de la Cámara, que trate unitariamente y no de manera dispersa los asuntos portuarios. Actualmente son diversos ministerios los que se relacionan con los puertos; aunque el principal actor sea el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, existen al menos nueve instituciones más que intervienen de una u otra forma en materia portuaria, por lo tanto, existe una dispersión normativa, administrativa e institucional de las materias relacionadas a los puertos, lo que hace muy difícil realizar un trabajo legislativo propio y específico para el sector portuario.
– ¿Podrías dar algunos ejemplos de las materias que se tratarán en esta comisión y que hoy están imposibilitadas de tratarse?
– La misión fundamental que tendrá la Comisión de Asuntos Portuarios, de aprobarse el proyecto por la Cámara, será convertirse en una instancia omnicomprensiva que abarque todas las temáticas de la actividad portuaria. Algunos de los temas que se podrán abordar es el tema laboral portuario con sus particularidades y regímenes propios, lo que significa por ejemplo que muchos de los trabajadores portuarios, dependiendo su porcentaje según el puerto de que se trate, hoy son trabajadores eventuales y no reciben así los beneficios propios de las reformas laborales en las que se avanza en el mundo laboral regulado por el Código del Trabajo, como son las leyes de la conciliación de la vida laboral y familiar. Sin ir más lejos, la semana pasada vimos a los dirigentes portuarios reunirse con el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Ibáñez, para tratar precisamente estos temas. Pero si quisieran hablar de otros temas, por ejemplo, seguridad portuaria o pensiones, tendrían que dirigirse a otras comisiones, produciéndose una especie de deambular permanente de los dirigentes entre estas, cuestión que no pasaría de crearse la Comisión de Asuntos Portuarios.
Por otra parte, hay muchos aspectos de Seguridad Social, donde se enfrentan temas como el de las enfermedades profesionales que se dan producto de la actividad portuaria, la actualización del Reglamento de Trabajo Portuario, las pensiones que reciben los ex trabajadores portuarios que se ven a través del DAS (Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior), etc. Tenemos también el tema de la Seguridad Portuaria, tanto para los trabajadores portuarios como la labor de fiscalización que se realiza desde las Aduanas y el SAG. Este último tema, saltó a la palestra nacional por la falta de un escáner en el puerto de San Antonio, lo cual se vinculó con falta de fiscalización y con la posibilidad de que el tráfico de drogas se realice a través del puerto de San Antonio. Este tema finalmente fue abordado por una CEI llamada “De Seguridad Portuaria” que presidió el diputado Jorge Brito y que llegó a relevantes conclusiones y de hecho sirvió para apurar la llegada de un nuevo escáner al puerto de San Antonio.
– ¿Podría esta Comisión de Asuntos Portuarios servir para impulsar una nueva ley de puertos?
– Sí, por supuesto, la comisión ayudaría mucho; si pensamos en el futuro de los puertos de Chile es indispensable contar con una nueva ley de puertos que dé respuesta a las necesidades actuales de los puertos, tal y como lo concluyó la CEI de evaluación e impacto de la ley 19.542, que la presidió el entonces diputado Marcelo Díaz, que tuvo por misión modernizar el sector portuario estatal, señalando en lo medular que tras 20 años de implementación, la normativa se encontraba actualmente agotada y requiere un cambio de visión hacia una modernización portuaria integral.
Por otra parte, es muy importante comenzar a discutir en serio un tema fundamental para el desarrollo de las ciudades que albergan a los puertos: El establecimiento de un royalty portuario.
– ¿Ves viable el establecimiento de un Royalty Portuario?
– No solo lo veo solo como algo viable, lo veo como algo indispensable tanto para el desarrollo de la actividad portuaria como para la convivencia armónica entre los puertos y las ciudades que los albergan. Cuando se estableció el Royalty Minero, que también pareció imposible en algún momento por la valla constitucional que había que saltar, aparece una manera distinta de enfocar la tributación, implementando un mecanismo que procede a través del Fondo Común Municipal, beneficiando no solo a las comunas mineras, ya que, al ser un mecanismo solidario, beneficia también a las comunas que más dependen de este fondo presupuestariamente. Esto da una luz de esperanza con lo que pueda pasar para las comunas en las que se ubican los puertos estatales de nuestro país, especialmente en nuestra Región y puntualmente en el distrito siete, donde se ubican los dos puertos más importantes de Chile, Valparaíso y San Antonio, que en conjunto transfieren cerca del 70% de la carga nacional. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto ha manifestado en diversas ocasiones la necesidad de que el puerto deje más recursos para su comuna y tiene su agenda marcada permanentemente con el tema del Royalty Portuario.
– ¿Y qué ocurre en San Antonio?
– El caso de San Antonio es desde mi óptica el caso más patente de inequidad territorial en su relación puerto – ciudad y además el que más conozco. San Antonio es el principal puerto de Chile en movimiento de carga desde hace un buen tiempo. Este desarrollo portuario ha significado un sin fin de externalidades negativas para la ciudad que inciden diariamente en el nivel de calidad de vida de sus habitantes. Lo que ocurre desde la Avenida Angamos hacia adentro del recinto portuario choca de frente con lo que ocurre con la misma avenida hacia nuestra ciudad y en esto último el desarrollo de la actividad portuaria es en gran parte responsable. San Antonio es además es una comuna con bajo presupuesto municipal y depende mucho de lo que le aporta el fondo común municipal. Lo mínimo que se espera, entonces, es que las externalidades negativas actuales sean compensadas con parte de las ganancias que obtiene el fisco gracias a la actividad portuaria, sea por las utilidades de EPSA o por los impuestos que recibe el Fisco de Chile que van a parar a nivel central y luego no las vemos reflejadas en nuestra ciudad, pero las externalidades negativas las sigues viviendo a diario, al igual que nuestro puerto, no paran nunca (por ejemplo, mal estado de las calles, tránsito constante de camiones por la ciudad, poblaciones que desaparecen detrás de torres de container, etc.). Raya para la suma, pienso que el establecimiento de un Royalty Portuario, al ser un ingreso permanente que se recibiría año a año, le cambiaría la cara a la comuna y haría que sus habitantes mejoraran su calidad de vida notablemente.
– ¿Cuál es tu vinculación con el proyecto de ley de creación de esta Comisión de Asuntos Portuarios?
– Soy asesor parlamentario de la diputada Camila Rojas, de hecho, este año cumpliré cinci años trabajando en el equipo de la diputación, en dos periodos diferentes. Tanto la diputada como la mayoría de nosotros vivimos en la comuna de San Antonio y llevamos un buen tiempo abordando como equipo variados temas portuarios, audiencias o reuniones directas con sus actores sobre temáticas sociales, ambientales y laborales. Esto nos hizo plantearnos este desafío de ingresar un proyecto de ley para crear esta comisión, proyecto que ya lleva 10 meses durmiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara, que hace unos días definió como presidente al diputado Jorge Alessandri. Esperamos que él le dé prioridad al proyecto y lo coloque en tabla en fácil despacho; este es un proyecto transversal, con firmas de todos los sectores, de izquierda a derecha. Es más, también ha sido apoyada por los Concejos Municipales de Valparaíso y San Antonio, promovido por los concejales frenteamplistas Lukas Cáceres y José Ibarra, pero haciendo eco en los demás concejales, lo que agradecemos porque es un tema que debe ser de interés nacional y transversal.
– Desde tu experiencia, ¿esta comisión podría significar un antes y un después en materia de desarrollo del sector portuario?
– Esa es la idea, que la Comisión de Asuntos Portuarios, además de ser un espacio en donde se acojan a las diversas posturas que provengan del mundo portuario y se analicen las necesidades legislativas de ellos, sea el puntapié inicial que logre comenzar a unificar desde lo legal, administrativo e institucional el sector portuario y, por qué no, en un futuro cercano el universo marítimo en su totalidad.
Hoy existen otras legislaciones que cuentan con figuras que se podrían replicar acá, como en el Perú, donde existe gobernanza portuaria, o en Francia, donde existe un Ministerio del Mar, como ya se intentó en Chile alguna vez. Pero vamos paso a paso, para aprender a correr primero hay que caminar. Lo primero entonces es aprobar el establecimiento de la comisión de la manera más rápida y expedita posible. Todo lo que venga después será positivo para el desarrollo de los puertos, sus trabajadores y las ciudades que los albergan.
El Ciudadano
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