En un fallo sin precedentes, una corte civil del condado de Miami-Dade, Florida, dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por su participación en una vasta red de corrupción gubernamental. La pareja deberá pagar más de 2 mil 500 millones de dólares al Estado mexicano, que presentó la demanda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La resolución judicial se dio tras un proceso iniciado en septiembre de 2021, cuando la UIF denunció que García Luna, junto con colaboradores cercanos, sustrajo fondos públicos mediante esquemas ilegales de contratación entre 2012 y 2018. De acuerdo con la investigación, los implicados obtuvieron al menos 580 millones de dólares a través de contratos manipulados, de los cuales 250 millones fueron transferidos fuera del país y canalizados hacia bienes inmuebles en Florida mediante empresas fachada.
Del monto total de la sentencia, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares y su esposa mil 740 millones, según informó la periodista Peniley Ramírez. La suma se relaciona con 30 contratos otorgados a un conglomerado empresarial bajo el control de la familia del exfuncionario, con los cuales desviaron más de 745 millones de dólares del erario mexicano.
La jueza del caso determinó la sentencia luego de que García Luna no se presentara ante la corte ni manifestara intención de defenderse. Su esposa, quien inicialmente participó a través de un abogado, también abandonó el proceso y no asistió a las audiencias de mediación desde 2024.
Además del pago millonario, la UIF reclamó 28 propiedades adquiridas con los fondos desviados; 18 de ellas ya habían sido vendidas antes y durante el litigio. La sentencia busca recuperar estos activos en favor del Estado mexicano.
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La UIF también identificó a otros involucrados en la red de corrupción, entre ellos Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro, quienes fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas desde diciembre de 2019.
Este fallo representa una victoria legal significativa para México en su lucha por recuperar los recursos públicos desviados por funcionarios corruptos y refuerza los lazos de cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de combate al lavado de dinero.
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