CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE JUNIO DE 2025. Un acontecimiento judicial de gran trascendencia podría reconfigurar uno de los casos con mayor resonancia mediática, jurisprudencial y política de la justicia mexicana contemporánea: el secuestro de Hugo Alberto Wallace en 2005.
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El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ha propuesto otorgar un amparo a Juana Hilda González, quien fue condenada a 78 años de prisión por su presunta participación en los hechos. La propuesta del Ministro se sustenta en la crucial consideración de que la confesión de González fue obtenida bajo tortura, un factor determinante que, de confirmarse, invalidaría la prueba fundamental en su contra.
El criterio legal para el amparo en este caso se basa en el principio de que cualquier prueba obtenida mediante tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes carece de valor jurídico y debe ser excluida del proceso penal. La Suprema Corte ha establecido en diversas ocasiones que la tortura es una violación absoluta de los derechos humanos y que las confesiones obtenidas bajo coacción son inadmisibles. Bajo los hallazgos del magistrado en torno a la forma como se obtuvieron las pruebas –tal como ha sido señalado por diversas y exhaustivas investigaciones periodísticas -las pruebas presentadas durante el proceso judicial no alcanzan el estándar probatorio necesario para sostener una condena de tal magnitud.
Si el amparo es concedido, significaría un revés significativo para la sentencia de Juana Hilda González, ya que la prueba más contundente en su contra sería anulada, abriendo la posibilidad de su inmediata liberación. Además, la reposición del proceso ya se considera inviable, dado que sería contraria al principio jurídico conocido como “non bis ídem”, que plantea que nadie puede ser juzgado ni sancionado dos veces por los mismos hechos.
A lo largo de los años, la defensa de Juana Hilda González ha denunciado persistentemente que su confesión fue arrancada bajo coerción y violencia por parte de las autoridades. Se han presentado evidencias y testimonios que sugieren que fue sometida a tortura física y psicológica para incriminarse. La validez de estas denuncias ha sido un punto de contención fundamental en el caso, y la propuesta del Ministro Gutiérrez Ortiz Mena subraya la seriedad con la que el máximo tribunal aborda las violaciones al debido proceso y los derechos fundamentales.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha intensificado sus esfuerzos legales para evitar que Juana Hilda González obtenga el amparo y permanezca en prisión. La FGR ha solicitado el aplazamiento de la votación y, según informes, ha tramitado un impedimento contra el propio Ministro Gutiérrez Ortiz Mena. La Fiscalía argumenta que la liberación de González sentaría un precedente negativo y que existen otras pruebas, más allá de la confesión cuestionada, que vinculan a Juana Hilda con el secuestro de Hugo Alberto Wallace, incluyendo testimonios de familiares, conocidos y empleados que refieren sus actividades antes de la desaparición y la evidencia del hallazgo de su vehículo y las comunicaciones con los secuestradores.
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