Universidades privadas se negaron a entregar información o solo proporcionaron información parcial respecto a las remuneraciones de sus docentes y autoridades, a pesar de que así lo requiere la Ley de Presupuestos 2025.
El pasado 30 de julio, la Subsecretaría de Educación Superior despachó oficios requiriendo que los planteles informaran los sueldos de su personal en un plazo de una semana, extendido posteriormente hasta el 12 de agosto.
La solicitud se encuentra establecida en las glosas número 21 y 22 del Presupuesto, que establecen normas sobre el manejo de fondos públicos en la educación superior.
La subsecretaría señaló que 32 instituciones acogieron el requerimiento. Sin embargo, existen diferencias significativas respecto a la calidad de la información entregada: 17 enviaron la información completa, mientras que 5 solo lo hicieron de forma parcial. La Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Mayor, contestaron pero sin entregar datos, y otras tres instituciones — Bolivariana, Aconcagua y La República— no contestaron en absoluto.
Ahora el Mineduc deberá sistematizar lo recibido y traspasarlo al Congreso. Además, declaró que no habrá sanciones para las instituciones que no respondieron al requerimiento,
Cabe destacar que la solicitud surge tras la controversia de 2024 por el sueldo de Marcela Cubillos, quien recibía 17 millones de pesos mensuales como académica de la Universidad San Sebastián. El caso abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en instituciones privadas de educación superior.
En conversación con El Ciudadano, el diputado integrante de la Comisión de Educación, Arturo Barrios, cuestionó que varias universidades privadas hayan omitido información de sueldos pese a lo que exige la Ley de Presupuestos. “O sea, ¿cuál es el problema de informarle al Ministerio de Educación, específicamente a la Subsecretaría de Educación Superior, de estos asuntos? No veo cuál sea el problema en realidad”, señaló.
Respecto a la transparencia en el uso de recursos públicos en la educación superior privada, Barrios enfatizó en que “uno siempre debe estar dispuesto a entregar la información cuando el Estado lo requiere. Las especulaciones no sirven; lo que sirve es cumplir con lo que la ley de presupuestos establece”. Finalmente, Barrios señaló que, aunque la autoridad no puede aplicar sanciones, la falta de información “parece mal, es poco transparente e innecesaria”.
