Por Álvaro González Silva
La propuesta de la comisión asesora de desmantelar el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) en nombre de la «eficiencia fiscal» parte de un error de diagnóstico fundamental. No es un error contable; es un error conceptual. La comisión evalúa a la juventud como un «costo» a reducir y a sus miembros como sujetos pasivos, receptores de programas.
Esta visión es un anacronismo. Las juventudes no somos el futuro; somos ciudadanía activa en el presente. Somos agentes de cambio y sujetos políticos con el pleno derecho a disputar el rumbo de nuestro país.
El error de la comisión es no entender que el Injuv, con todas sus falencias históricas, es la principal herramienta del Estado para la formación cívica y el primer acercamiento que tienen miles de jóvenes a la participación pública. Es el puente entre la organización de base y la política institucional.
La propuesta de disolverlo no es «eficiencia»; es un acto que vulnera el derecho a la participación y desprecia el rol de la sociedad civil organizada.
El Injuv, además, se ha transformado en la agencia que interrumpe la desinformación sobre las juventudes. Mientras el prejuicio insiste en la apatía, sus sondeos prueban lo contrario. El reciente estudio sobre «Juventudes y Seguridad» demostró que un 83% de los jóvenes se siente «muy o bastante interesado» en el debate sobre seguridad pública.
Más importante aún, es la única instancia que genera datos para la defensa de los Derechos Humanos de las juventudes. Su estudio sobre «Juventudes Cuidadoras» visibilizó, por primera vez, a miles de jóvenes (mayoritariamente mujeres) que sacrifican sus trayectorias por el cuidado. Sin esos datos, no hay política pública. Desmantelar al Injuv es, en la práctica, elegir gobernar a ciegas.
Esta capacidad de generar datos ha permitido al Injuv consolidar su segunda función estratégica: la co-construcción de políticas. El Instituto ha sido clave en la transición de diseñar políticas para las juventudes a un modelo participativo: construir políticas con las juventudes.
Este no es un eslogan. Es una metodología que se ejerce en el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc). Este es un órgano electo, que promueve la diversidad al estar compuesto por representantes de agrupaciones estudiantiles, feministas, ambientales, deportivas, juntas de vecinos, de salud sexual y reproductiva y de disidencias sexuales. Es allí donde la ciudadanía activa valida, critica y propone soluciones. Es el Estado reconociendo a los jóvenes como actores políticos válidos.
Este modelo es el que da pertinencia a programas como «Hablemos de Todo», una intervención de salud pública real, o el Cuerpo de Voluntariado, que transforma la energía juvenil en acción comunitaria organizada frente a los desastres.
El tercer pilar que la comisión ignora es la descentralización. El verdadero trabajo del Instituto ocurre en sus sedes regionales, que con recursos mínimos llegan a comunas rurales y barrios periféricos donde el Estado no existe. Es la voz de las juventudes de regiones, como las de Paillaco en Los Ríos, que históricamente fueron invisibilizadas por el centralismo.
La propuesta de disolver el Injuv y repartir sus funciones entre ministerios es la peor solución posible. Garantiza la invisibilidad. Un programa juvenil en el Minsal será siempre la última prioridad frente a las listas de espera de cirugías.
El diagnóstico de la comisión es erróneo. El problema no es que el Injuv exista; el problema es que, históricamente, ha sido demasiado débil.
Si realmente se busca fortalecer la democracia, se debe potenciar la participación juvenil en materias públicas. La verdadera reforma no es disolver el Injuv; es fortalecerlo como agencia coordinadora de la Política Nacional de Juventud, asegurando que todos los ministerios escuchen a la ciudadanía activa.
La eficiencia que se logra volviendo ciego al Estado frente a sus juventudes no es ahorro; es una renuncia directa al futuro.
Por Álvaro González Silva
Presidente del Consejo de la Sociedad Civil – Injuv
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
Sigue leyendo:
