El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó sentencia en un emblemático caso de contaminación ambiental cometido por la empresa salmonera Nova Austral S.A. en aguas protegidas del Parque Nacional Alberto de Agostini. A pesar de la gravedad de los delitos —que incluyeron sobreproducción ilegal, falsificación de datos y vertimiento de químicos en el lecho marino—, las penas impuestas a los ejecutivos responsables fueron leves, y casi simbólicas confirmando un patrón de impunidad en la industria acuícola.
En fallo unánime (causa rol 41-2025), el tribunal -integrado por los jueces Julio Álvarez Toro (presidente), Guillermo Cádiz Vatcky (redactor) y José Octavio Olivares Flores– condenó a Drago Jorge Covacich Mac-Kay (gerente regional) y Nicos Nicolaides Bussenius (gerente general) a 800 días de prisión, pero con el beneficio de remisión condicional de la pena (es decir, no pisarán la cárcel) y una multa de 24 UTM cada uno (aproximadamente $1,5 millones de pesos).
Covacich fue sancionado adicionalmente con 2 UTM (unos $138 mil pesos) por mentir durante una declaración prestada bajo juramento (artículo 212 del Código Penal).
Dos exjefes de la empresa, Isaac Ollivet-Besson y Rigoberto Garrido, fueron condenados a 41 días de prisión (también sustituidos por libertad condicional) además de la suspensión de sus cargos públicos mientras dure la condena y el pago de multas de 4 UTM cada uno ($260 mil pesos) por encubrimiento.
El tribunal decretó la absolución por prescripción de los cargos formulados en contra de los cuatro acusados por su participación en el delito de fraude de subvenciones, una decisión que fue adoptada con el voto en contra del magistrado Álvarez Toro, quien estuvo por condenar a los acusados Nicolaides Bussenius y Covacich Mc-kay, como autores del delito, en grado de consumado y en calidad de reiterado, como por acoger parcialmente la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el fisco y, en consecuencia, condenar a ambos demandados al pago de una multa a definir en la etapa de ejecución del fallo.
“Para iniciar el cumplimiento de sus penas sustitutivas, los sentenciados deberán presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile de Punta Arenas dentro del lapso de cinco días contados desde que quede ejecutoriado el presente fallo, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra si no lo hacen y debatirse sobre el eventual cumplimiento efectivo de la pena corporal inicialmente impuesta”, consignó la resolución.
En el plano civil, acogió la excepción de prescripción deducida por los demandados y, consecuencialmente, rechazó íntegramente la demanda de indemnización de perjuicios deducida por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del fisco.
Fraude ambiental y económico de Nova Austral
El tribunal acreditó que, entre 2017 y 2019, Nova Austral sobresembró salmones en centros de cultivo dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini, excediendo en hasta un 10% los límites legales y se implementó un sistema de medición paralelo y secreto para adulterar los datos reales.
De acuerdo con la resolución, vulneró la ley al sembrar “más peces que los permitidos por la regulación antes referida, de manera tal que, independientemente de la mortalidad que se produjera durante el respectivo ciclo productivo, se llegara al final de este con el máximo de biomasa susceptible de ser producida (lo más cerca del máximo autorizado)”, para maximizar la rentabilidad de sus cosechas.
Durante ese periodo, la empresa trasnacional no declaró la real mortalidad de salmones, «existiendo una diferencia de cerca de 2 millones de ejemplares muertos que no fueron informados a las entidades fiscalizadoras, engañándolas e impidiéndoles así realizar las acciones que normativamente les habría correspondido2,
Asimismo, la salmonera vertió químicos y arena en el lecho marino del centro Aracena 14 para ocultar la contaminación y simular condiciones aptas para nuevos ciclos productivos.
Nova Autral se benefició se la Ley Navarino, recibiendo $41.722 millones en bonificaciones estatales bajo falsas declaraciones de cumplimiento ambiental.
«El engaño en los datos entregados por los acusados, dio pie además a que los diversos centros de cultivo de la empresa obtuvieran una clasificación de bioseguridad “alta” por parte de los entes fiscalizadores -en circunstancias que, de contar con los datos reales, habrían obtenido una clasificación de bioseguridad “baja 2”-, lo que habría implicado una reducción del 60% de ejemplares a sembrar para el próximo ciclo de cultivo», indicó el fallo.
Diputada Morales: «Se necesita una legislación más dura»
La diputada por Magallanes, Javiera Morales (FA), reaccionó a la condena dictada contra los ejecutivos de la empresa salmonera Nova Austral y señaló que «pusieron en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias en Porvenir, tanto en empleos directos como indirectos»,
«Además, dañaron gravemente el medio ambiente y se aprovecharon de recursos públicos”, afirmó.
La parlamentaria planteó que este tipo de acciones “son las que realmente han desprestigiado y puesto en jaque a la salmonicultura en Chile”, y añadió que, de haber estado vigente la Ley de Delitos de Cuello y Corbata, las sanciones impuestas habrían sido considerablemente más severas.
“Celebro que el juicio esté llegando a su fin, pero también queda en evidencia la necesidad de una legislación más dura contra los delitos económicos y ambientales. No puede ser que quienes cometen este tipo de ilícitos terminen cumpliendo penas en la comodidad de su hogar”, declaró, según consignó Ovejero Noticias.
