Mediante una declaración pública agrupaciones de tomas y campamentos convocan a una movilización para exigir el establecimiento de las comunidades, criticando la falta de acción del Estado y defendiendo la autogestión ante el déficit habitacional.
Agrupaciones de tomas y campamentos emitieron una declaración pública en la que sostuvieron que la vivienda digna es un derecho por el que se debe luchar. El colectivo critica el modelo económico que, según sus declaraciones, privilegia la ambición de quienes se enriquecen a costa de los derechos de la población. Argumentan que esta situación resulta en la criminalización y persecución de las personas que buscan soluciones habitacionales, como fue el caso reciente del desalojo en Curanilahue.
Nelson Carroza-Athens es sociólogo y actualmente es coordinador del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha, dedicándose a investigaciones que buscan comprender las repercusiones sociales de la crisis habitacional en Chile. El especialista considera que esta movilización “es una señal nítida de la dimensión social de la crisis de la vivienda en Chile”, asegurando que las protestas son apenas la punta del iceberg de procesos más complejos, causados a que una gran parte de la población no tiene la forma de conseguir una casa.
En la declaración, señalan que la ausencia de una vivienda digna agrava problemáticas sociales como la violencia intrafamiliar y la drogadicción, pero que los espacios habitacionales adecuados pueden facilitar el cuidado de adultos mayores y familiares enfermos, así como ofrecer un ambiente seguro para la crianza de niños. La declaración indica que por estas razones, es «irrenunciable» luchar por una vivienda digna, la cual se les niega sistemáticamente. Carroza-Athens, aclara que esto: “se trata de un problema social por insuficiencia en la provisión de vivienda digna, y no de una problemática individual”, sostiene.
El colectivo afirma que la responsabilidad de la crisis habitacional se atribuye a los «dueños de la tierra y el capital», sosteniendo que estos actores acapararon el suelo, especulado con el valor de los terrenos y exigieron condiciones legales y tributarias que, según el documento, aseguran sus ganancias. La declaración menciona a constructoras, inmobiliarias, latifundistas y bancos extranjeros como los principales beneficiados del sistema.
Además, el documento critica las crecientes exigencias para postular a comités y cooperativas de vivienda, como el aumento del ahorro requerido y el endeudamiento. Ante esto, defienden la autogestión de las comunidades en tomas y campamentos, que históricamente han resuelto el problema de la vivienda y la subsistencia con recursos propios y ayuda mutua. En relación a esto, el sociólogo advierte que “es previsible que el repertorio de acción crezca mientras no existan políticas públicas eficaces”, asegura, criticando que el debate permanece anclado a la criminalización y estigmatización de quienes habitan campamentos siendo su única alternativa, más aún cuando se intensifican este tipo de prácticas: “que atentan contra los DDHH. como estamos viendo con los desalojos forzosos”, concluye.
Las críticas de las agrupaciones hacia las autoridades por no aplicar los mecanismos de radicación que ya existen, argumentando que la inacción se debe a la falta de lucro, derivaron a la convocatoria de una movilización nacional que se realizará el viernes 26 de septiembre a las 11:00 horas para visibilizar su demanda. El encuentro será a las afueras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la intención de marchar hasta el Palacio de La Moneda.
