Un reciente reportaje de CHV Noticias sobre el caso de Bernarda Vera, registrada oficialmente como detenida desaparecida desde 1973, ha generado conmoción en el seno de las organizaciones de derechos humanos y, especialmente, entre los familiares de las víctimas de la dictadura.
Frente a esto, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) emitió un comunicado donde calificó la pieza audiovisual como «no concluyente e interesado en causar impresión», y alertó sobre una inminente ofensiva negacionista que intentará aprovechar el caso para restar veracidad a los miles de crímenes cometidos durante el régimen de Augusto Pinochet.
Un equipo de CHV Noticias, liderado por los periodistas Luis Narváez y Florencia Valenzuela, viajó hasta Argentina y habría localizado a una mujer que, según este medio se trataría de Bernarda Vera Contardo.
El reportaje planteó que pese a que por décadas han surgido diversas versiones sobre cuál habría sido su paradero y que las autoridades tendrían en su poder informaciones, el caso nunca fue esclarecido oficialmente, dejando en un limbo a una de 1.469 personas registradas como detenidas desaparecidas en el Informe Rettig.
En el texto, los integrantes de CODEPU plantearon que si bien se muestran abiertos a la posibilidad de que Bernarda Vera esté con vida, enfatizaron que este hecho no opaca la verdad histórica de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos competidas en la dictadura.
Destacaron que Vera era «portadora de un alto compromiso social y político con su pueblo y los pueblos de nuestro continente».
«De ser Bernarda Vera, el hecho nos indica que alguien que pudo ser una víctima vive. Enhorabuena. Ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror», argumentaron.
El comunicado de CODEPU sitúa el caso en su contexto histórico, recordando que los hechos que afectaron a Bernarda Vera se originaron a raíz del Golpe de Estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende y que dio origen a la dictadura cívico-militar, el cual define como «la respuesta del poder al proceso popular que representaba justicia social y esperanzas para los postergados de siempre
«Ese día fue el inicio del espanto y la crueldad sistemática. Desde ese día se vivieron los momentos más traumatizantes y horrorosos que la historia y la memoria recuerde. Los crímenes cometidos en todo el territorio nacional fueron realidades dolorosas. Ese es el tiempo que se corresponde con los acontecimientos que derivan, tras 52 años, en la información que intenta recoger el reportaje», indicó la corporación.
El foco se centra en Neltume, la localidad cordillerana de donde era oriunda Vera, un lugar que se convirtió en un «sinónimo del horror del terrorismo de estado y la violencia patronal en contra de los trabajadores forestales, sus organizaciones y sus familias». Allí, recordó la agrupación se registraron una serie de «allanamientos inmisericordes, vejaciones, humillaciones, torturas, prisión política y decenas de fusilamientos» en episodios como los «crímenes de Liquiñe, Chihuio, [y] la Caravana de la Muerte», entre muchos otros
Es en este escenario de terror donde CODEPU planteó su postura central sobre el caso Vera.
«Insistimos, de ser Bernarda Vera, el hecho nos indica que ella habría logrado sortear la muerte en medio de tanto horror», planteó el comunicado.
Razones del silencio y secuelas del trauma
Frente a la posibilidad de que Bernarda Vera haya guardado silencio durante décadas, desde CODEPU se abstuvieron de emitir juicios de valor.
«CODEPU no juzgará las razones que pudo y puede tener para guardar silencio durante tantos años. Desconocemos sus eventuales intentos por retomar contacto con los suyos», señaló el texto.
La organización explicó este posible silencio a través de las «secuelas del horror», las cuales «se expresan aún hoy y pese al tiempo transcurrido en una amplia problemática psicosocial como consecuencia traumática de la violencia estatal y patronal».
Para CODEPU, «ella (Bernarda Vera), su hija, su familia y su comunidad son víctimas del accionar violento de la dictadura y de las consecuencias de no avanzar con decisión y firmeza tras toda la Verdad y toda la Justicia».
«Los hechos nos revelan que la Comisión de Verdad y Reconciliación cuyo informe se entregó en 1991 fue solo un paso tras el objetivo de alcanzar la Verdad y la Justicia en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Si bien es cierto que, lentamente se lograron algunos avances, fruto de la labor y perseverancia de familiares, paulatinamente la Verdad y la Justicia se fue diluyendo en medio de pactos de silencio, medias prescripciones, fallos tardíos y protección al dictador, entre otras tantas dilaciones, todo a la espera de que el paso del tiempo abra paso al olvido y a la impunidad. Una muestra de lo anterior es que hoy el Estado debate acerca del otorgamiento de beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad y algunos personeros se atreven a decir que las muertes provocadas por la dictadura fueron justificadas o que si fuera necesario repetirían el golpe de Estado», plantearon.
Deuda del Estado y críticas al Plan Nacional de Búsqueda
Uno de los puntos más críticos del comunicado está dirigido hacia el Estado de Chile. CODEPU cuestionó si se ejecutaron «todas las acciones necesarias y oportunas para verificar la situación y también desconocemos aquellas que por desidia, negligencia no se realizaron».
A juicio de los integrantes de la agrupación «esta situación requería una verificación pronta, que pudo realizarse antes y que fuera el resultado de la acción del propio Estado».
Esta crítica se extiende al Plan Nacional de Búsqueda, instrumento creado para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos. Desde CODEPU epñnatearon que «los familiares no se merecen una nueva frustración y ello lo obliga a actuar con diligencia y decisión, aptitudes ausentes en este caso y que pone -lamentablemente- en cuestión su eficacia y compromiso con la verdad y la justicia que la sociedad chilena exige y merece».
Alerta ante la ofensiva negacionista y la impunidad
La principal advertencia de CODEPU es que el caso de Bernarda Vera pueda ser usado como argumento por los sectores que han justificado o negado los crímenes de la dictadura de Pinochet.
«CODEPU reafirma su convicción que un hecho entre las miles de verdades no borra la enorme cifra de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados. Fueron miles y miles los crímenes y delitos cometidos por la dictadura civil-militar que le significaron la condena internacional durante los 17 años de su existencia. En lo inmediato, solidarizamos con los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados que vivirán la ofensiva negacionista. Tenemos la certeza que la perseverancia y entrega de los familiares constituyen ejemplos de dignidad», planteó el comunicado.
Ante la ofensiva negacionista, desde la corporación dejaron en claro que condenan y condenarán «todo intento de obtener ganancias políticas espurias ante un caso que no borra los miles de crímenes dictatoriales».
«Condenamos y condenaremos el negacionismo que a partir de este hecho intentará recobrar fuerzas en los sectores políticos que respaldaron la dictadura y que nunca se hicieron cargo de lo que propiciaron, silenciaron y justificaron», apuntaron.
Indicaron que este temor no es infundado, e hicieron referencia al actual contexto donde «hoy el Estado debate acerca del otorgamiento de beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad y algunos personeros se atreven a decir que las muertes provocadas por la dictadura fueron justificadas o que si fuera necesario repetirían el golpe de Estado».
Frente a este escenario CODEPU reafirmó su compromiso inquebrantable: «Por los que no están, continuaremos exigiendo toda la verdad y toda la justicia. El Estado tiene la obligación de investigar, verificar, lograr la verdad, realizar la justicia».
